Banqueros cierran filas frente a norma que tasa las remesas

Exministros de Economía y Finanzas se unieron ayer en una conferencia con representantes del gremio bancario para denunciar que ‘como está redactada la ley', no solo tasaría las remesas enviadas por extranjero s a sus países, sino todo pago o transferencia que realice cualquier empresa a bancos o p roveedores internacionales.

El exministro Dulcidio de La Guardia indicó que tasar las remesas atenta contra la libertad del movimiento de capitales, lo que sería ‘nefasto' en el contexto de la situación económica actual.

Por su parte, el economista y expresidente de la República Nicolás Ardito Barletta explicó que, de ser sancionada por el Ejecutivo, la ley afectaría a bancos nacionales e internacionales, todos los pagos al exterior, las operaciones del Canal de Panamá, de puertos, de la Zona Libre de Colón, además del riesgo de que dicho costo en el pago a proveedores externos sea tras ladado al consumidor local.

En este contexto, la Asociación Bancaria de Panamá emplazó al Ejecutivo para que vete el proyecto de ley 621 que establece un aumento a las pensiones y que fue aprobado el pasado 17 de octubre en tercer debate.

El también exministro Guillermo Chapman destacó que la economía panameña se sirve de préstamos internacionales para funcionar, algo que la ley de remesas ‘pone en peligro' porque para que el sistema funcione, el país necesita una economía abierta en ambos sentidos, tanto para exportar como para importar capital, sin cortapisas, subrayó.

La ley pone en peligro el financiamiento externo, ‘no solo a nivel conceptual, sino también a nivel técnico', por fallas que la hacen ‘impracticable' tal cual está redactada, manifestó Chapman.

Para Fernando Aramburú Porras, economista y exministro, la redacción de la ley atenta contra el principio de no discriminación porque, en sus palabras, tasar una remesa solo a extranjeros sería discriminatorio.

Aramburú Porras endosó la solución del problema a la Caja de Seguro Social, la cual ‘debe buscar la manera de solventar aumentos anuales necesarios a los jubilados y pensionados'.

EVALUACIÓN DEL EJECUTIVO

El presidente Juan Carlos Varela declaró ayer que esperará la opinión del equipo legal de la Presidencia antes de decidir si sanciona o no la ley que establece que un nuevo aumento entre $30 y $60 a las pensiones se financie con el impuesto de 7% adicional a las remesas; es decir, a todo envío de pago al exterior.

PENALIZACIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL, CARRERA CONTRARRELOJ

Medular. Así calificó el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio de la Guardia la aprobación de la penalización de la evasión fiscal. Lo importante, dijo, es que se penalice y que se declare como delito que puede preceder el lavado de activos. Los términos y plazos pueden consensuarse entre los sectores, precisó.

Al respecto, Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, indicó que hay aspectos que se pueden incorporar para que la ley sea ‘justa y correcta para los panameños' y que evite que sea utilizada indebidamente.

Aun así, todos los banqueros y economistas reunidos ayer en la sede de la Asociación Bancaria coincidieron en la importancia de pasar la ley para cumplir con los compromisos de transparencia que adquirió el país.

El debate de la propuesta para elevar la evasión fiscal a delito penal se inició ayer en la Asamblea Nacional.

El MEF justificó el umbral para la defraudación fiscal a partir de los $300,000 anuales en tributos, ya que es comparativamente ‘más alto que el de Suiza' y ‘excluye a la mayoría de los panameños, puesto que evadir 300,000 por año es una condición de muy pocas personas'.

El MEF reaccionó así a la solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de elevar el mínimo de defraudación fiscal a $500,000 para tipificarlo como delito penal.

En un comunicado oficial, la ministra de la cartera económica califica los proyectos de ley 591 y 692 como ‘una deuda de Panamá con la comunidad internacional', y resalta que a raíz de la publicación de los ‘Panama Papers', emergieron muchos casos considerados delitos fiscales en otras jurisdicciones que utilizaron las ‘estructuras jurídicas panameñas', donde ‘no es un crimen el lavado de activos, lo que impide la cooperación judicial del Ministerio Público con otros países que soliciten colaboración'.

Aumentar el mínimo de defraudación anual a $500,000 no demuestra seriedad en combatir la defraudación, según el MEF. Al temor de persecución política, contestaron que ‘es infundado bajo el sistema penal acusatorio', ya que un juzgado asegura el debido proceso antes de privar a un ciudadano de su libertad. También recordaron que las propuestas fueron ‘ampliamente discutidas por un año y cuatro meses'.