La dolorosa consecuencia de los enfrentamientos en los alrededores de la Universidad de Panamá

El grito de una pequeña de cuatro años irrumpió en la noche panameña como un puñal. Alrededor de las 8:45 p.m., cuando el cielo no conocía de luz y se esperaba que la inocencia estuviese bajo la comodidad de las sábanas, el conductor de un Hyundai Grand i10 negro con tres niños a bordo intentaba desviarse del caos que se arremolinaba cerca de la Caja de Seguro Social, entre gases, consignas y rostros cubiertos. “Iba con mi familia, buscaba una ruta segura hacia la Iglesia del Carmen”, cuenta el padre dos días después.

Sin avisar, una piedra chocó con el vidrio trasero del auto. Un segundo intento en incrementar la velocidad para escapar del desastre parecía la única solución. Pero, como el caos y el crimen no conocen de inocencia, se produjo un segundo golpe, este con un objetivo de por medio.

Una pequeña de cuatro años se convirtió en la víctima de los delincuentes encapuchados que han utilizado las protestas como escenario para desatar su propio infierno. ¿Su único error? Estar en el lugar y el momento incorrectos.

La desesperación tomó el volante. El padre condujo con urgencia hacia el Hospital Pediátrico de la vía España, desde donde la pequeña fue trasladada a la Ciudad de la Salud. Allí, médicos lucharon contra el reloj para estabilizarla. “Llegó con una fractura deprimida de cráneo y tuvimos que entubarla”, relató Alejandro Martínez, director médico pediátrico de la institución a La Estrella de Panamá.

Sin embargo, el pronóstico parece favorable. “La fractura, aunque es deprimida, no abarca los criterios para una intervención quirúrgica. Los expertos aseguran que se puede esperar una reversión del daño en su totalidad”, dijo Martínez a este diario.

La Decana conversó con una neurocirujana endovascular, quien explicó que para determinar la totalidad en la recuperación de la menor, se deben llevar a cabo tomografías que descarten un edema cerebral y se deben hacer controles médicos incluso seis meses después del incidente.

El pasado 9 de mayo, durante las horas de la mañana, se le retiró la ventilación asistida. Pero la herida no solo es física. La piedra no impactó solo a una niña. Golpeó también el tejido emocional y moral de un país que se encuentra al borde de la fractura. La violencia disfrazada de protesta, la lucha legítima opacada por el descontrol.

Desde hace semanas, estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la Universidad de Panamá se mantienen en pie de lucha contra la recién aprobada Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, y contra el memorándum de entendimiento firmado con el Gobierno de Estados Unidos por el presidente José Raúl Mulino. Las clases están suspendidas. Las pancartas, los cantos y la indignación recorren a diario los pasillos y calles que rodean la histórica casa de estudios.

Pero, algo más se ha colado entre los manifestantes: el caos. Encapuchados ajenos a la Universidad, infiltrados entre los estudiantes, imponen el miedo como bandera. No gritan consignas. No alzan la voz por justicia. Lo hacen por desorden, por violencia. Detienen automóviles, amenazan, golpean, lanzan piedras. El pasado miércoles fueron ellos quienes convirtieron una protesta en una escena de horror para una familia inocente, y así mismo parecen hacerlo con quienes intenten desafiarlos.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo ha alzado la voz. Eduardo Leblanc, su titular, exigió acciones concretas: “Se debe colaborar con el Ministerio Público para revisar las cámaras de seguridad del área y dar con el responsable. Este hecho va más allá de la autonomía universitaria. No puede haber impunidad. Todos estamos obligados a proteger a nuestros niños”, dijo a La Estrella de Panamá.

La presión no tardó. La Universidad de Panamá, a través de un comunicado emitido el 9 de mayo, lamentó profundamente los hechos. Anunció la creación de una comisión especial para investigar lo ocurrido, y recalcó que “las acciones violentas fueron perpetradas por personas encapuchadas ajenas a nuestra institución”. La Universidad expresó su solidaridad con la menor y su familia, y condenó el uso de la protesta como vehículo de violencia.

A la par, la Procuraduría General ha iniciado una investigación de oficio por tres delitos: contra la vida e integridad personal, contra el patrimonio económico y contra la seguridad colectiva. El fiscal Azael Samaniego confirmó que ya se realizan pesquisas en el área del ataque con ayuda de los brazos auxiliares del Ministerio Público.

El mandatario panameño, José Raúl Mulino, hizo un llamado este viernes a la población a “abandonar el enfrentamiento”, tras visitar a la menor en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Ciudad de la Salud.

“Esto no tiene nombre, no puede volver a pasar”, expresó el jefe de Estado, y agregó que “Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera”, según informó un comunicado de la Presidencia.

Este caso, desgarrador en su esencia, ha puesto un rostro humano a una crisis nacional. La protesta, derecho irrenunciable en democracia, ha sido empañada por actores que nada tienen que ver con las causas que defienden los universitarios, premisa que muchos ciudadanos, que incluso protestan pacíficamente, han denunciado. La piedra no distinguió entre razones ni ideologías. Solo dejó heridas. Sin embargo, en medio del dolor, también florece algo más: la responsabilidad compartida. De médicos que salvan. De autoridades que investigan. De ciudadanos que exigen cordura.

Desde el pasado 23 de abril comenzaron las protestas indefinidas a lo largo del país, primero con los docentes, luego con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), distintos gremios médicos y la ciudadanía. Los empresarios panameños hablan de miles de dólares en pérdidas por dichas manifestaciones, mientras el presidente dice que “este país no crece con huelgas” y cierra la puerta al diálogo sobre la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.