Panamá busca la transparencia y dejar atrás las listas grises

Panamá no se rinde ante el riesgo de caer en listas discriminatorias y da pasos firmes en temas de transparencia y cooperación internacional, como la reciente firma del acuerdo Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Así quedó evidenciado durante la reunión de Marco Inclusivo de BEPS, celebrada el pasado jueves, 24 de enero, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París.

‘En octubre se nos habló del tema de la posibilidad de que íbamos a quedar en la lista gris, debido al tema fiscal, ojalá que no sea tarde',

RICARDO FERNÁNDEZ

El intercambio de reportes ‘país por país' (Country by Country Reports, o CbCR, por sus siglas en inglés) implica la obligación para las casas matrices de grupos multinacionales que generen cerca de $857.9 millones —más de 750 millones de euros— en ingresos anuales, de reportar información financiera relacionada con la aplicación de las reglas de precios de transferencia, y la obligación del país donde está establecida la casa matriz de intercambiar dicha información de forma automática con el resto de los países donde haya filiales del grupo empresarial.

Además de la firma de este Acuerdo MCAA, el Gobierno Nacional trabaja en la normativa doméstica que establece la obligación de presentar estos reportes en Panamá y en la lista de países con los que se activará la relación de intercambio, la cual será informada oportunamente, destaca un anuncio.

A partir de la firma de este acuerdo, la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas panameño, contará con mejores herramientas de recaudación, según informó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Este intercambio de reportes es parte de los compromisos mínimos que Panamá adquirió al adherirse en 2016 al Marco Inclusivo de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), que busca impedir que el sistema tributario del país sea mal utilizado por algunas empresas para evitar pagar impuestos en donde corresponde, así como un potente instrumento para la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

La reciente firma es otro paso más en la dirección correcta y, junto con otros elementos, como la aprobación del proyecto de ley que busca penalizar la evasión fiscal, se afianza la cooperación en el ámbito financiero y fiscal internacional.

Para el superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, la reciente aprobación en los cambios de BEPS representa señales positivas que Panamá está dando al mundo y sobre todo a los organismos internacionales.

‘El tema de los BEPS es un asunto de mucha importancia y que estaba en la palestra y Panamá lo hizo, pues estar en lista gris no es bueno, nos afecta en el tema reputacional, pero como país hemos hecho muchísimo'.

Fernández, quien asistió a la rendición de cuentas del Banco Nacional de Panamá, el pasado viernes, reconoció que el peligro de regresar a una lista gris, al igual que en 2014, es un riesgo latente.

LISTA GRIS DEL GAFI

El superintendente dijo que ‘en octubre tras una gira junto con los otros reguladores del país se nos habló de la posibilidad de que íbamos a quedar en la lista gris, debido al tema fiscal; ojalá que no sea tarde, porque se aprobó hasta ahora, y podría ser que lo reconsideren al estar ratificada por el presidente de la República'. ‘Ojalá el hecho de los tiempos no vaya en contra nuestra', remarcó.

REPUTACIÓN

La pérdida de la reputación es el factor que conllevan las listas.

Panamá ha incumplido con diversos compromisos adquiridos desde 2002, cuando ingresó al Foro Global.

En enero de 2018, la Cancillería reveló que además de OCDE y GAFI, jurisdicciones como Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal y Croacia tenían al país en listas discriminatorias.

Con la Ley 70, Panamá evita su inclusión en las listas grises del Grupo de Acción Financiera (GAFI), según explicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, durante la discusión del proyecto de ley 591, que tuvo lugar en la Asamblea Nacional.

La ley tiene la finalidad de judicializar o llevar por la vía judicial la evasión o defraudación fiscal, la cual tiene un umbral de $300 mil como la cifra defraudada al fisco y conlleva un castigo entre dos y cinco años de cárcel.

Específicamente, la iniciativa presentada trasladará a la jurisdicción ordinaria penal las conductas típicas de defraudación de los tributos nacionales.

A mediados de este mes, una misión latinoamericana del GAFI vendrá al país para evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa internacional para prevenir la evasión fiscal, blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Pero será en junio próximo que se sabrá el resultado de esa evaluación.

Para Fernández, Panamá solo tiene un camino que seguir, y es con base en la palabra ‘ejecución'. ‘Este gobierno, al igual que el próximo, debe lograr ejecutar todos los proyectos de infraestructura; hay más de $20 mil millones', afirmó el fiscalizador de la banca panameña.

Fernández adelantó que Panamá tiene mucho que dar y solo este año su economía crecerá por encima del 5% y será de manera sostenida. ‘Con la ejecución esperamos un efecto dominó positivo para Panamá'.

No obstante, reconoció que la Cancillería ha hecho un enorme esfuerzo de comunicación con Europa. ‘Quizás se requiera mayor esfuerzo de los entes para reforzar más a detalles; es decir, de cara a cara, quizás con los corresponsales de Europa'.

‘Ahora contamos con terceros especializados en comunicar efectivamente a los diferentes sectores, a los medios en Europa, hasta los políticos, de los avances que ha tenido Panamá; son hechos y están puestos en práctica', concluyó.