La Estrella de Panamá
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23 de Oct de 2019

Economía

García Valarini sobre  medicamentos:‘Nos tienen secuestrados’

Altos funcionarios de la CSS y el MINSA apuntan a los posibles causantes del desabastecimiento y la disparidad de precios.

Caja de Seguro Social.

Ante la presión ciudadana, el discurso oficial en cuanto al tema de medicamentos parece tomar forma. Lo que antes trataban con paños tibios, -el sector farmacéutico y las casas distribuidoras – han recibido varios dardos oficiales en los últimos días.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Julio García Valarini, reconoció a la Estrella de Panamá que existen una serie de distorsiones detrás del desabastecimiento de medicamentos en la CSS. Entre las falencias de la ley de medicamentos, apuntó a la impugnación, lo que puede parar una compra hasta por dos años. Luego, por necesidad, se puede realizar la compra apremiante, pero allí “se puede vender hasta cuatro veces más caro”.

Otro aspecto que reveló el recién ratificado director es que muchas veces los ganadores de las licitaciones de medicamentos no cumplen con todos los requisitos una vez se ganan la adjudicación, provocando demoras. El proceso, “en el escenario perfecto” demora entre siete y 10 meses, dijo el funcionario. Pero esto puede extenderse mucho más, incluso hasta años, con las impugnaciones.

García Valarini reconoció la diferencia de precios entre el sector público y el privado. Incluso, calculó la inflación de precios de la medicina privada (en general) en 500%. Pero en el caso específico de las medicinas, con el ejemplo de un tratamiento para la falla renal que la CSS compra en $117, ese mismo medicamento en la farmacia privada cuesta $350. En contraste, en Colombia, cuesta unos $48, pero “no puedo comprarlo allá porque la Ley no me lo permite”, se quejó García Valarini. Esto al haber un distribuidor de ese medicamento aquí en Panamá. “Estamos secuestrados” espetó seguidamente.

Son unos 60 medicamentos que tiene la CSS con diferentes situaciones en la cadena de suministro, pero algunos son sensitivos porque pertenecen a los cuadros de tratamiento para pacientes con cáncer o VIH. En la Canasta Básica de Medicamentos de la Acodeco hay 40, cuyos precios monitorea la institución mensualmente.

No es que la CCS no tenga la capacidad económica para comprar los medicamentos e insumos medico quirúrgicos, pero “podrían rendir más” si los precios no fueran tan altos, beneficiando a “un grupo muy selecto”, cuyo nombre – o nombres – reservó. También dijo que esto tiene un arrastre de 40 o 50 años.

Hace unos días el ministro de Salud se sumó a la controversia y enfiló sus dardos, vía twitter, contra los actores, quizás obviando la responsabilidad o ¿complicidad? del aparato estatal en el problema. “No hay justificación para que los medicamentos estén tan caros en Panamá. La industria farmacéutica tiene que introducir sus medicinas a precios más bajos y los distribuidores y farmacias mantener márgenes adecuados y no abusivos” #noespecular”, escribió en sus red social.

Esos márgenes de ganancia, según explicó Marcela Galindo, presidenta del grupo empresarial en áreas de Salud y Químicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), oscilan entre 5 y 9% en licitaciones públicas, lo que describió como “precios bastante buenos y justos”, tras aclarar que los ofrece el mismo laboratorio dependiendo de los precios de referencia ya preestablecidos por la CSS.

En el sector privado en cambio, tasó el margen o ‘markup’ base en 23%, que luego, según la empresaria, deben bajar para ganarse la venta por parte de las farmacias, al competir con las demás distribuidoras locales. Así, la ganancia final de las distribuidoras la calcula entre 13 y 15%. Eso aparte del ‘markup’ que le añada cada farmacia, porque “Hay farmacias y hay farmacias”. Es decir, no es lo mismo una pequeña farmacia familiar que dependa solo de la venta de medicamentos y una farmacia de una cadena de supermercados que puede prorratear las ganancias con muchos otros productos más, explicó.

¿Qué está haciendo la Asamblea?

El 13 de febrero pasado el diputado Juan Carlos Arango rubricó una iniciativa que modifica algunos artículos de la Ley 11 de medicamentos. Los cambios más importantes serían establecer una fianza de impugnación del 15% del precio de referencia establecido en el acto público.

La exposición de motivos de la propuesta también habla de dar la posibilidad a cualquier entidad de poder adquirir a través de cualquiera de los procedimiento de selección de contratistas que se contengan en las normas de contrataciones públicas y la incorporación de la excepción de no admisión de recursos por la vía gubernativa contra estos actos públicos.

Además, la propuesta incorpora la excepción de cuarentena a aquellos productos que adquiridos directamente en los laboratorios en el extranjero que estén registrado en la Dirección de Farmacias y Drogas o que cuenten con certificado de libre venta emitido por una autoridad considerada de alto estándar por la Autoridad de Salud.

Este viernes 14 de marzo, la diputada perredista Zulay Rodríguez, volvió a referirse a un anteproyecto que busca hacer agilizar y dar eficiencia a las compras de medicamentos en la CCS. “Ante la responsabilidad que le compete a la entidad de seguridad social es imperante la modernización en los procesos de selección de los contratistas”, reza el comunicado de prensa de la Asamblea. Pero como la misiva no detalla número de anteproyecto, no queda claro si es el mismo que se presentó en febrero o uno nuevo.

Por su parte, el gremio de distribuidores, tanto los aglutinados en la CCIAP como los de Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS), dicen no haber sido convocados a esta discusión.

Lo cuestión es que los siete candidatos también han tomado el tema como bandera política para la campaña presidencial, explayándose en promesas y fórmulas que aplicarían para resolver el problema de raíz. Pero para algunos pacientes, es cuestión de vida o muerte.