Recaudación de ingresos corrientes cae 5.4%

La recaudación de ingresos corrientes del Gobierno Central se mantiene en picada.

De enero a septiembre de 2019, las recaudaciones de ingresos corrientes disminuyeron 5.4% frente a igual periodo de 2018, según cifras preliminares que publicó la Contraloría General de la República.

En cifras reales, hasta el noveno mes de este año se recaudaron $4,969 millones en ingresos, por debajo de los resultados obtenidos en igual periodo del año previo, cuando totalizó $5,252 millones.

Al comparar ambos resultados, se refleja una disminución de $282,936, en los ingresos corrientes o -5.4% , de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que publica Contraloría.

Por su parte, los ingresos tributarios cayeron 2.4%. Es decir, que de $4,049 millones en 2018, pasaron a $3,952 millones en 2019.

Hasta septiembre también se desplomaron los impuestos directos (-2.3%), totalizando $2,151 millones. La mayor parte corresponde a impuestos sobre la renta, aunque también disminuyeron 1.9%. Igualmente se redujeron los impuestos sobre la propiedad y el patrimonio (-9.2%). Por el contrario, se incrementaron los impuestos de seguro educativo corriente (+6.9%).

Mientras que los impuestos indirectos totalizaron $1,801 millones, reflejando una contracción de 2.5%. En este segmento cayeron los ITBMS (2.3%), derechos de importación (-5.7%), sobre actos jurídicos (-9.6%), primas de seguro (-1.8%), y otros (-2.8%). Por el contrario, aumentaron 2.0% los de producción, venta y consumo selectivo, durante el periodo analizado.

El pasado viernes 11 de octubre, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que concede “amnistía tributaria general” y permitirá recuperar los tributos pendientes de los contribuyentes para reactivar la economía. En su momento, el director General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, señaló que “la ley de amnistía tributaria es amplia, única e irrepetible; y hay que aprovecharla para saldar sus cuentas pendientes, porque en los próximos cinco años no habrá oportunidades”.

De Gracia destacó que la amnistía vence en febrero de 2020 y a partir de dicha fecha, la institución tendrá que ejercer sus obligaciones constitucionales, utilizando las medidas que la ley le permite para realizar los cobros de aquellos que insisten en no cumplir con el fisco.

El director de la DGI comunicó, además, que a partir de enero del próximo año, las evasiones fiscales cuyos montos sean mayores de $300 mil serán consideradas como un delito con pena de cárcel.

“Nuestro país es uno de los estados que más defraudación fiscal registra en el mundo y disminuir eso es un gran reto para nuestra administración tributaria. Para ello se requiere de una institución moderna, colaborativa y que ayude, pero también tenemos la obligación de hacer cumplir la ley”, puntualizó De Gracia, a finales de octubre en el marco de una reunión con la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción.