Factores demográficos, sociales y económicos:

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones en cuanto a cobertura y suficiencia son de las mayores incertidumbres que atraviesan los países de América Latina y el Caribe (ALC). Esta realidad se atribuye a las administraciones, públicas y privadas, sin embargo, no se puede pasar por alto la incidencia que los cambios demográficos, económicos y sociales, han tenido sobre la viabilidad de los diversos esquemas en la última década.

En ALC, son cinco los sistemas de pensiones que se manejan, predominando la implementación de los sistemas de reparto, seguido de aquellos enfocados en el ahorro individual, mixto (complementario), paralelo y el sistema integrado, característico de Chile.

A pesar de que estos sistemas son heterogéneos en su forma de constitución y administración de aportes, no son ajenos a las incertidumbres que se suscitan a partir de la insatisfacción del retirado como del cotizante, frente a bajas coberturas y potenciales detrimentos de la seguridad social.

Mientras los primeros no perciben ingresos que son congruentes con los costos de vida, los segundos no gozan de sistemas eficientes donde el acceso a la atención médica y sus recursos no se equiparan a las aportaciones económicas que son redirigidas a determinado fin.

En el ámbito local, la situación es comprometedora. La población panameña reporta una constante insatisfacción con respecto a la disponibilidad de medicina, la mora quirúrgica y los atrasos en citas médicas, alegando una falta de competencia por parte de las administraciones de Estado pasadas y las personas a cargo de las instituciones involucradas.

El termómetro social indica que la distribución de activos no compensa los costos de oportunidad que representan los aportes y que no existe un respeto a la transparencia, donde la malversación podría estar tomando cabida.

Frente a esta realidad y la reciente comunicación que confirma la inexistencia de informes financieros íntegros, se sugiere la introducción de reformas que respondan tanto al control de los gastos como a los temas administrativos.

Las acciones tienen como principio la reducción del gasto de pensiones, mediante el aumento de la edad de jubilación, la actualización de cotizaciones y la revalorización de las pensiones.

Actualmente, en Panamá la edad de jubilación se ubica en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, situándose entre los países con la más generosa edad de retiro. En otras naciones latinas con distintos sistemas, como el de Chile, enfocado en el ahorro individual con el pilar solidario, se evidencian resultados similares sobre el impacto de las administraciones públicas y privadas en la crisis que impregna la seguridad social.

Tras las últimas manifestaciones sociales (octubre-noviembre 2019), que detonaron por el alza en el costo del pasaje del metro en Santiago, pudo evaluarse la insatisfacción de las coberturas en la edad de retiro y en los cotizantes activos.

A pesar del esquema solidario integrado, los informes señalan una cantidad significativa de personas que reciben pensiones por debajo del salario mínimo.

Como se plantea en los hechos citados, entre los principales detonantes a la falla de los esquemas de seguridad social se apunta a la administración a cargo de los fondos.

Sin embargo, hay que reconocer que en materia administrativa y de planeación, existe una falta de consideración de los cambios demográficos, económicos y sociales, así como del impacto del acontecer político; factores que en conjunto juegan un papel importante en la definición del éxito de un determinado esquema.

Es decir que, si los “planes” no se definen de acuerdo con la realidad país, las expectativas de satisfacción a las necesidades de la población serán bajas o nulas.

En lo que a demografía respecta, la tendencia de las tasas de fecundidad y natalidad, así como la longevidad, son factores preocupantes.

De acuerdo con las cifras históricas de la Tasa Global de Fecundidad (TGF), en ALC se estima en el período de 2015 a 2020 una tasa de 2,04 nacidos, ubicándose por debajo del nivel promedio de reemplazo del 2.1.

Cifras a largo plazo indican que la tasa continuará en detrimento, estimándose un 1.72 entre los años 2070-2075 con posterior recuperación a 1,73 en 2095-2100. (Informe tendencias recientes de la población de América Latina y el Caribe, Celade, División de Población de la Cepal, 2019).

La disminución de la población joven es una amenaza para los sistemas de reparto, como el mixto, dado que por cada jubilado, menos personas aportan, lo cual incide negativamente en la capacidad de cobertura y suficiencia.

Según el informe sobre el Presente y Futuro de las pensiones de América Latina y el Caribe (BID, 2018), para el año 2050 se estima que 1 de cada 5 personas se encuentren en la edad de 65 años.

En lo que concierne a longevidad, hoy día, ALC reporta altas expectativas de vida que oscilan entre los 71 a 81 años.

Solo un país —Belice— reporta expectativas de vida de 63 años. Mientras más sean los años de vida, mayores serán los retos para el éxito del esquema, porque conforme pasan los años incrementa la demanda de recursos condicionados a un tiempo prolongado de los años de retiro.

Por otro lado, la desaceleración económica reportada en el último quinquenio conlleva a un crecimiento de la economía informal o subterránea porque las personas requieren mayor poder adquisitivo para cubrir sus necesidades.

Esta tendencia a la labor “informal” también impacta seriamente los esquema, ya que cada día son más las personas que dejan de cotizar; una realidad negativa para la viabilidad financiera.

Las economías líderes no escapan de los retos de los sistemas de pensiones y de la necesidad de atender el tema.

Un informe emitido por el G-30 plantea que para el año 2050 Estados Unidos, China, y otras economías relativamente fuertes, podrían enfrentar un déficit de financiación de 15,8 mil millones de dólares estadounidenses, comprometiéndose el apoyo a la edad de retiro.

Ante las implicaciones de los cambios demográficos, económicos y sociales citados, se debe de aceptar el cambio con miras a reformar los sistemas sociales así como el establecimiento de administraciones con competencia.

Cambios que, si bien pueden traer implicaciones lejos de a los intereses individuales, son necesarios.

Cada nación vive una experiencia distinta, lo que resta es moldear la realidad a la necesidad con los medios disponibles. ¿Tendremos sistemas de pensiones en las próximas tres décadas? Es una interrogante que muchos formulan sobre este tema en el ámbito global.