MEF propone elevar el déficit fiscal entre un 9% y 10,5%

A inicios de 2020, Panamá proyectaba un crecimiento económico por lo menos de 4%. Pero la llegada de la pandemia de la covid-19, que obligó al confinamiento y paralización de empresas, acabó con los pronósticos y estaría provocando una disminución del producto interno bruto (PIB) que se estima en un doble dígito. Ante este escenario, el gobierno propone aumentar los topes de la deuda del Sector Público No Financiero para hacerle frente a la crisis.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para aumentar el tope del déficit fiscal del Sector Público No Financiero a entre 9% y 10,5% para el año en curso.

Para este año, la norma establecía un límite de 2,75% de déficit fiscal lo que permitiría tener una mayor capacidad de endeudamiento ante la reducción de ingresos.

En 2021 entre 7% y 7,5%. Luego bajaría en 2022 a 4%, asimismo en 2023 a 2% y para 2024 el tope se mantendría en 2%, mientras que en 2025 estima que se ubicará en 1,5%.

El MEF proyecta que para 2023, 2024 y 2025 el déficit volverá a los niveles establecidos con anterioridad a la crisis que ha provocado la pandemia.

La situación a nivel mundial provocó en el país la disminución de la actividad económica, así como la caída de los ingresos fiscales corrientes, en un mundo en el que aún no hay certeza de contar con una vacuna segura contra la covid-19.

Ante los efectos negativos en la economía de los países a nivel mundial, los organismos de crédito multilateral han urgido a los gobiernos a inyectar liquidez en sus economías. En el caso de Panamá, esto significa que se requiere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos al sistema económico.

A la fecha, el gobierno ha contratado un 11% del producto interno bruto (PIB) en nuevos recursos.

Cuando se inició la pandemia, el gobierno diseñó y puso en marcha una estrategia financiera para contratar el financiamiento requerido para viabilizar el Presupuesto General del Estado. La estrategia requería $2,213.7 millones para cubrir el déficit fiscal del año, así como $1,730 millones para pagar las amortizaciones.

La estrategia financiera incorporó la contratación de nuevos créditos externos para cubrir la caída de los ingresos, los cuales a septiembre sumaban $1,795.2 millones.

La Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal tiene como objetivo establecer normas, principios y metodología para conservar la disciplina fiscal en la gestión financiera del sector público para la estabilidad del crecimiento económico. De igual manera, establece que la gestión pública se regirá bajo principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

En su artículo 2 la ley establece fijar límites al crecimiento de la deuda. El 2 de octubre de 2019, el MEF compareció a la Asamblea Nacional para modificar los topes del déficit a partir de 2019 por una desaceleración económica mundial y local. Además, por una apretada situación fiscal provocada por una baja en las recaudaciones y compromisos por pagar por el orden de $1,823 millones, que encontró el gobierno a su llegada al poder a mediados de 2019.

Para ese año, el MEF pidió modificar los topes de la deuda de 2% a 3,5% y alcanzó un 3,14%. Para 2020, lo elevó de 1,75% a 2,5% y para 2022 de 1,75% a 2%.

Con un monto de $24,192,392,071, el Consejo de Gabinete también aprobó las modificaciones efectuadas por la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas al Presupuesto General del Estado 2021. La cifra representa un incremento de $103,457,411 con relación al proyecto de presupuesto original que era de $24,088,935,560. Así lo establece la Resolución de Gabinete Nª74 del 19 de octubre de 2020, que fue publicada en Gaceta Oficial. El incremento de los gastos será financiado con los ingresos netos de $103,457,411.