¿Cuál es el problema: Aupsa o las importaciones?; el debate del proyecto para eliminar la entidad va para 2021

Después de más de un año de que el presidente Laurentino Cortizo asumió el cargo, el destino de la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa) sigue sin definirse y el debate para su eliminación se podría extender hasta el próximo año.

Y es que aunque se han presentado varias propuestas para sacar a la entidad del juego, ni las entidades ni los productores ni los importadores ni los industriales han podido lograr un consenso que defina el futuro de esta entidad.

En su lugar, desde hace más de un año se mantiene un proceso de consultas y recopilación de información, con la premisa de mejorar el proyecto, dando así más largas al controvertido asunto de la Aupsa.

De hecho, el mismo administrador de la Aupsa, Raúl Saucedo, dijo que “el proyecto se quería presentar en la Asamblea Nacional este año”, para ser discutido, “pero para tener más información, detallar y mejorar el proyecto se va a presentar a inicios del próximo año”.

A mediados de esta semana se presentó ante la subcomisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, el nuevo proyecto de ley No.164 que elimina la Aupsa y crea la nueva figura de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

Y según el propio viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, “lo que se está haciendo en estos momentos es perfeccionar el documento presentado hace más de un año, en que todos aporten para lograr una ley consensuada en beneficio de Panamá”.

Luego de más de diez reuniones este año en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional para hacer cumplir la promesa más emblemática de campaña del actual presidente, ayer se avanzó con la revisión de seis artículos del proyecto 164, de 43 artículos, documento presentado por el Ejecutivo.

Con lo de ayer, es poco probable que el presidente Cortizo llame a sesiones extraordinarias y se espere hasta el próximo año para discutir todo el documento. Según una fuente legislativa, “no hay consenso, pero sí un buen ambiente entre las partes. Se ha avanzado ordenadamente con mucha participación y se están tomando en consideración las propuestas tanto de productores como de importadores y fabricantes”.

La eliminación de la Aupsa es una petición que data de más de una década y que Cortizo asumió como parte de su campaña. El problema de la entidad radica en que desde que se creó a través del decreto ley 11 del 26 de febrero de 2006, permitió que las importaciones se hicieran de manera muy “abierta, como sustituto y no como complemento, perjudicando al productor nacional”, explicó el expresidente de la Asociación Comunitaria de Productores de Tierras Altas (ACPTA), Lorenzo Jiménez.

“Nosotros estamos de acuerdo que las importaciones deben de darse de manera complementaria, en un momento dado, falta un producto, no hay que castigar al consumidor, que somos todos”, dijo Jiménez, quien mencionó que las cifras lo marcan claro. 

Como ejemplo citó que uno de los renglones más golpeados en Tierras Altas es la cebolla, del que en 2006 fueron importados 32 mil quintales, mientras que en 2019 se importaron 382 mil quintales, es decir, que las importaciones se aumentaron de una manera exponencial, situación que ocurre también con otros productos.

El productor y miembro de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), Nodier Díaz, argumentó que además de ser responsable de las importaciones desmedidas, que  "tanto perjuicio ha provocado al sector agropecuario y al país", la entidad tampoco ha dado garantías de compra de productos en buenas condiciones, que "en algunas ocasiones ponen en riesgo la salud humana".

"Lo que nosotros esperamos es que el presidente cumpla sus palabras de la eliminación del decreto ley del 26 de febrero del 2006, que crea a la tan nefasta Aupsa", exigió Díaz. 

El actual administrador de la Aupsa reconoció que “parte del problema fueron las importaciones, pero no la entidad”; y que el asunto fueron los malos manejos de los administradores previos en esta institución, quienes no eran personas con el nivel para administrar la Aupsa y fueron nombrados y manejados políticamente” e incluso, “algunos de ellos no siguieron las normativas nacionales”.

Destacó que la Aupsa fue creada bajo una ley ejecutiva, que ese momento la Asamblea le permitió, pero “nunca se consultó ni al productor ni al importador”.

Pero para el director nacional de Sanidad Vegetal del Mida, Olehg Isaac Aguilar Rojas, el asunto va más allá de un tema de malos manejos, pues el conjunto de atribuciones y competencias del Mida y el Minsa fueron “usurpadas” por la irrupción de la Aupsa en materia de protección del patrimonio agrícola en el territorio de Panamá, y desde un inicio se convirtió en un organismo “incompatible” para el intercambio de información previo a la importación o exportación.

Las atribuciones de protección del patrimonio fito-zoosanitario y la inocuidad alimentaria corresponden al Mida, a las direcciones nacionales de Sanidad Vegetal y Salud Animal; y en lo que respecta a salud humana e inocuidad alimentaria humana y animal, al Departamento de Protección de Alimentos (Depa) dentro del Minsa.

Según Saucedo, anteriormente en la Aupsa “simplemente, pasaban por encima de las leyes establecidas para beneficio, no sabemos de quién, pero perjudicaban al productor, principalmente en momentos de cosecha”.

Por consiguiente, aseguró que en está administración se han sentado con los productores y con los importadores, y han ejercido la ley; y basados en las normativas ya establecidas; y muchas de las normativas que están trabajando, están en consulta con el Mida y con el Minsa. 

Precisamente, “esa coordinación es la premisa del Presidente de la República, de que alineados hacemos un mejor país. Es lo que no ha mantenido en regulación de muchas cosas aquí”, subrayó Saucedo, al tiempo que aseguró que “si uno ejecuta la ley como debe ser, hay una coexistencia entre importador y productor”.

No obstante, para Díaz "no es cierto que en este momento la Aupsa esté trabajando como debe ser. Eso es mentira, porque (la entidad) está a decisión de un funcionario de hacer o no hacer; y eso no puede ser, porque él (administrador de la Aupsa) tiene que actuar en base a lo que dicen las normas, las funciones que le establece la ley y los acuerdos internacionales tanto en salud animal como vegetal como en la salud humana".

El administrador de la Aupsa recordó que hay una promesa de campaña; “y uno como persona, cuando promete algo, tiene que cumplirlo. Ese es un compromiso del Presidente de la República que tenemos que apoyar y hacerla funcionar”.

Destacó que lo que se quiere con el proyecto de ley 14 es que los procesos sean transparentes y digitalizados. Es decir, “actualizarlos a los países de primer mundo”, lo cual es parte de los compromisos que tiene Panamá con los tratados con otros países y la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el Acuerdo de Marrakech, capítulo 4”, expresó.

El productor chiricano y miembro de la comisión de Asuntos Agropecuarios y de ACPTA, Augusto Jiménez, dijo que “no se oponen a que haya una oficina de trámites o de ventanilla única como lo establece la OMC, pero el APA como se presentó tiene el mismo objetivo que el Senta (Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos): seguir violando, intercediendo y usurpando funciones que les competen a otras entidades”.

"No queremos Apa ni Senta, porque esos dos proyectos que tiene el Ejecutivo como lo han presentado no llenan los requisitos ni quita la facultad de dualidad de funciones que mantiene la Aupsa. Por ende, si es verdad que han hecho cambios cosméticos, pero no llenan las expectativas y de ser así nosotros no estamos de acuerdo", sentenció Díaz.

La Aupsa fue creada en 2006, tras el acuerdo del tratado de promoción comercial (TPC) con Estados Unidos. Un hecho que provocó la renuncia del entonces ministro del Mida y hoy presidente de la República, Laurentino Cortizo, por estar en desacuerdo.

Cuando inició la campaña política de 2019, los productores se aseguraron de incluir su mortificación en la lista de peticiones de los candidatos. Meses antes, el ministro del Mida fue “secuestrado” por una multitud de productores en Divisa y el tema tomó efervescencia.

En medio de la campaña, fuera del protocolo y el calendario del Tribunal Electoral, los candidatos realizaron un debate presidencial en tierras altas exclusivo para este tema… y allá se comprometieron (salvo Marco Ameglio) a eliminar la Aupsa si llegaran a la presidencia de la República.

Y ganó Cortizo; y en su primer gabinete giró instrucciones para que en 120 días se presentara un proyecto de ley para eliminar la Aupsa. Ese primer proyecto se presentó en octubre 2019 a la comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea y creaba el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (Senta), pero se bajó a la subcomisión para permitir que grupos, gremios y organizaciones participaran de la discusión.

El 29 de diciembre se realiza una reunión en Presidencia con los gremios más importantes del país, y allí el viceministro de Salud y el presidente acuerdan que el documento se aprobará bajo la figura de consenso después que todos los interesados hayan participado.

En eso llega la pandemia; y ese documento entonces se mantiene en la subcomisión por todos estos meses. El 1 de julio se inaugura un nuevo periodo legislativo y el nuevo presidente de la comisión, el diputado Eric Broce, decide darle seguimiento al proyecto del Senta y comienza a recorrer el país buscando consenso.

En medio de esto, la diputada Ana Giselle Rosas presenta otro proyecto de ley, no solo eliminando a la Aupsa sino regresando sus funciones al Minsa y el Mida como era antes del 2005.

Pero el Ejecutivo decide redactar un nuevo proyecto de ley, esta vez a puertas cerradas y con únicamente personal del Mida, Mici y Minsa; y es entonces cuando en tres semanas se crea un documento que da origen a la Asociación Panameña de Alimentos (APA).

El proyecto es presentado a la comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea Nacional por el ministro del Desarrollo Augusto Valderrama y el viceministro Carlos Rognoni.

No es sino después de presentado el proyecto ante la Asamblea que los gremios del país conocen sobre lo realizado a puertas cerradas; y entonces el vice y el ministro comienzan a vender su proyecto en los medios y declarar que “la Aupsa está muerta”.

El proyecto de ley 164 reposó en la subcomisión y fue hasta este miércoles 18 de noviembre que se presentó ante la comisión agropecuaria de la Asamblea para abrir el debate y que sea nuevamente discutido su contenido.

La presentación de la nueva propuesta marca el inicio del periodo de consultas, en busca de un consenso entre todos los involucrados de los diferentes gremios de productores, consumidores, importadores, industriales para posteriormente dar un informe a la subcomisión y, posteriormente, pasarla a primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. 

Para los entendedores de la materia, el nuevo proyecto de ley No. 164 es un “cascarón”. “No tiene concordancia el articulado, no se enfoca en las funciones ni procedimientos, no hay estructura coherente”, señaló el director del grupo de Alimentación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Rafael Carles. Por su parte, el administrador de Aupsa defendió la APA, señalando que “es totalmente otra entidad” donde se tramita toda la documentación para poder comercializar los productos. “Será una institución de tramitología documental transparente para poder importar”, afirmó.

Pero para Carles, “cuando los asuntos técnicos se politizan, se crean entonces distorsiones, obstrucciones y hasta arbitrariedades. El problema no es Aupsa. El asunto es que durante la campaña los candidatos se quisieron identificar con los productores y les resultó muy fácil plantear la eliminación de Aupsa”.

Para los técnicos, el país necesita reactivar la economía y recuperar los niveles de productividad y competitividad que todos deseamos para acabar con los niveles de pobreza multidimensional.

Mientras que para los importadores, para lograr un crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, industrial y comercial nacional, es menester contar con instituciones fuertes que garanticen la salud de la población y contribuyan al acceso seguro y efectivo de nuestros productos a los mercados nacionales e internacionales.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), por ejemplo, “se hace indispensable continuar en la discusión del proyecto de la APA a fin obtener una entidad que fortalezca las funciones ejecutoras, con criterios técnicos y base científica, cumpliendo con los preceptos constitucionales y legales para lograr un verdadero control sanitario (oficial) efectivo y eficiente de los alimentos que se oferten en el mercado nacional y los destinados a la exportación que igualmente requieren de una entidad robusta que les respalde”.

La directora principal de la junta directiva de la CCIAP y representante de Price Smart Panamá, Jennifer Dolphy, por su lado, dijo que como miembros del gremio “nos acogemos y apoyamos a la posición del mismo”.

La CCIAP sostuvo que mantiene su postura “en que las principales afectaciones que en el pasado se han dado producto de importaciones en productos sensitivos han sido realizadas por el Estado”. 

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), Roberto Tribaldos, por su parte, consideró que Panamá requiere una institución que pueda abordar tanto el tema de las importaciones de alimentos como todo lo concerniente a los procesos de producción local y exportación de alimentos. 

Para Tribaldos, "todo debería está bajo la misma autoridad"; una institución robusta y moderna que pueda velar por la producción, comercialización y exportación de alimentos con criterios técnicos y capacidad de gestión.

"El Depa hay que transformarlo y la creación de una nueva entidad es una oportunidad de oro. Lo que no podemos tener es dos varas para medir”, sostuvo Tribaldos.

Tribaldos recordó que actualmente se enfrenta la mayor recesión económica en los últimos 100 años a nivel mundial y Panamá no escapa, por lo que es necesario "mejorar la competitividad del país". 

"La competitividad del país depende de muchos factores, pero hay dos pilares muy importantes: un sector productivo ágil y productivo e instituciones modernas que puedan acompañar de forma eficiente y con la tecnología y robustez el comercio internacional actual", remarcó.

El presidente de Apex expresó que el sector productivo-exportador también ha sido clave en dar la cara y un paso al frente en esta crisis que ha significado la pandemia covid-19 y que el país necesita generar empleos; y "el sector productivo exportador es una gran alternativa para hacerlo".

Sin embargo, lamentó que "haya una discrepancia importante", en las discusiones de las propuestas, pese a que "tenemos décadas de retraso en lo que se refiere a las entidades que tienen que ver con la producción local y las exportaciones"

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), cuyo presidente del gremio es Aldo Mangravita, por otra parte, se limitó a decir que “se está buscando consenso entre los sectores”. 

Mientras tanto se está a la espera de la próxima reunión de la subcomisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea para continuar la discusión de las propuestas, el próximo 2 de diciembre, pero no dentro del marco de las sesiones extraordinarias.