WCA: Inclusión de Panamá en la lista negra del Gafi 'no es inminente, pero actualmente el riesgo es mucho mayor'

Mientras que en una carrera contrarreloj, el Grupo de Acción  Financiera (GAFI) presiona a Panamá para que cumpla con los estándares internacionales acordados antes de que finalice el año,  los especialistas  advierten sobre el riesgo que conllevaría para el país si se estancan.

"Si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir, ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra", misma en la que por el momento solo está Irán y Corea del Norte, advirtió el pasado 22 de octubre el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, en un comunicado difundido en el marco de una reunión donde se puso sobre la mesa el estatus de cumplimiento del "plan de acción" de Panamá.

No obstante, el presidente de World Compliance Association (WCA), Capítulo Panamá, Tabaré Albarracini, consideró que la inclusión de Panamá en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Gafi "no es inminente, pero el riesgo en estos momentos es mucho mayor".

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Albarracini explicó que esto se debe a que "no cumplimos con una fecha inicial, a la cual nos comprometimos", lo cual "es una labor del país y son muchos los involucrados que deben poner el máximo empeño para culminar con lo acordado".

Albarracini se refirió al respecto, luego de que  el GAFI urgió a Panamá culminar antes de febrero de 2022 el plan de acción, en otro intento para que el país pueda cumplir con lo que acordó con la organización a fin de combatir las deficiencias que tiene en materia de prevención de lavado de dinero. El plazo anterior expiró en enero de 2021.

Albarracini dijo que si bien Gafi "no" comunicó un "inclusión inminente", sí "dejó entrever su descontento en no haber recibido en tiempo y forma con lo acordado", en el "plan de acción", por lo tanto "no debemos dejar pasar más el tiempo y actuar de manera efectiva, dejando a un lado los intereses personales y políticos y velar por el bien común, un mejor país".

El economista Raúl Moreira advirtió que aún cuando considera que estas listas "son injustas contra Panamá, ya que no se aplican de la misma forma con sus antiguos territorios, es un hecho cierto que la inclusión en las mismas van a pasar de afectación de imagen del país a consecuencias directas contra Panamá".

Mencionó que, por ejemplo, "como dijo el ministro (de Economía y Finanzas) Héctor Alexander ya existen empresas alemanas que probablemente dejen de reasegurar a las compañías panameñas. El no aprobar y ni siquiera discutir leyes que actúan directamente en la prevención del blanqueo de capitales va a incidir en agravar el problema y alejar la posibilidad de que nuestro país salga o no sea incluida en estas listas".

En el 2019, Panamá y el Gafi acordaron en un compromiso político de "alto nivel", 15 acciones puntuales para que el país pudiera salir de la lista gris y fortalecer sus legislaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pero la fecha tope ya expiró en enero de este año.

De acuerdo con el Gafi, Panamá ha hecho algunos avances para mejorar sus políticas con acciones como: la aplicación de supervisión basada en el riesgo del sector, aumento de investigaciones paralelas de delitos precedentes y de delitos de blanqueo de capitales, publicó Bloomberg.

Sin embargo, al país aún le falta concluir acciones urgentes referentes a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados, asegurar sanciones efectivas, garantizar verificaciones adecuadas de información sobre titularidad real e implementar mecanismos eficaces para supervisar las actividades extraterritoriales.

Además, debe demostrar su capacidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que implique delitos fiscales en el extranjero y prestar una cooperación internacional oportuna al respecto.

En efecto, "se han dado muchos avances, pero así mismo, hay muchos puntos inconclusos, en donde lamentablemente los intereses políticos están afectándonos negativamente. La fuerza política debe dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país", expresó Albarracini.

Para WCA es sumamente "preocupante el estancamiento" de anteproyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales  y tacha de  "injustificable" el retraso de su  implementación.

"Leyes como las de beneficiario final y extinción de dominio siguen sin implementarse y sin aprobarse respectivamente, lo que demuestra que hay intereses involucrados. La aprobación e implementación de ambas es sumamente importante", insistió Albarracini.

Igualmente destacó que la renuncia de personal técnico en puestos claves, puede estar dando una imagen de falta de compromisos a la implementación de los planes de acción acordados. El pasado 5 de octubre el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, presentó su renuncia.

Días antes, el pasado 9 de septiembre, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal del MEF , Darma Romero, también presentó su renuncia.

Albarracini  indicó que como país también debemos de dejar de utilizar el término "listas discriminatorias" ya que el mismo da un mensaje equivocado. "Nadie es discriminado cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos", comentó.

En ese sentido, WCA llamó a la "reflexión" al sector público y privado para unir fuerzas y trabajar en conjunto para para evitar que organizaciones criminales utilicen la plataforma de servicios del país para actividades ilícitas.

Propuso al sector público y privado, la construcción de puentes de enlace en conjunto, así como lazos profesionales y técnicos para realizar actividades basados en las mejores prácticas internacionales que incluyen la difusión e implementación de sistemas de cumplimiento normativo.

Asimismo, la asociación solicitó a las autoridades reguladoras "llevar una fiscalización efectiva y coherente para cumplir con los compromisos adoptados y nivel internacional", porque "de mantenerse esta situación es inminente el ingreso en la lista negra del Gafi, lo cual sería un acontecimiento devastador para el centro financiero panameño así como para la población general sobre todo en momentos donde estamos viviendo una pandemia y el crédito internacional será una pieza fundamental en la recuperación económica del país".

Esta no es la primera vez que Panamá está en la lista gris del Gafi. Estuvo en ella en 2014, pero salió en 2016. En junio de 2019 volvió a ingresar, y no pudo zafarse de ella, en la última revisión de octubre de 2021.

El pasado 5 de octubre, en su última revisión, el Consejo de la Unión Europea también decidió mantener a la República de Panamá en su "lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales", por lo que entrar en una lista negra del Gafi, complicaría aún más la situación para el país, justo cuando apenas comienza su proceso de recuperación, tras el fuerte golpe que dejó la pandemia de la covid-19.