Severo Sousa: 'Ley que incentiva la inversión turística es necesaria'

Panamá ha quedado rezagada por no contar con la inversión adecuada, lo que hace necesario una ley que atraiga capital para el desarrollo turístico en el interior de la república.

Esta es la principal razón por la que el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, apoya la sanción del proyecto de ley 789, que modifica la Ley 80 de 2012, deroga la Ley 122 de 2019 y permite a los inversionistas beneficiarse con créditos fiscales sobre el 60 por ciento del valor del proyecto.

El proyecto de ley 789 corrige la Ley 122 de 2019, la cual pretendía crear nuevos incentivos adicionales a la Ley 80 de 2012.

La corrección consiste en reducir del 100 por ciento sobre el valor total al 60 por ciento del valor del proyecto descontando el valor de la tierra y reconociendo sólo el 5 por ciento de infraestructura, además de exigir estudios de impacto ambiental aprobados, certificación de la Bolsa de Valores, eliminar la participación de proyectos netamente inmobiliarios y establecer el requisito de que el proyecto tenga al menos un año de inicio de construcción.

“En Panamá no existe, hoy día, la inversión adecuada en hoteles y servicios complementarios de lujo y/o experimental tal y como la hay en Costa Rica, República Dominicana o México, que son países a los que usualmente nos queremos comparar en turismo”, reiteró el empresario.

El interior de la república tendrá más y mejores oportunidades de desarrollo económico y social con la aprobación de una ley que permita la inversión en estructura turística de alto nivel, añadió.

Si esas inversiones vienen a Panamá se asegurarán fuentes de empleo para miles de personas en áreas rurales, no sólo durante la etapa de construcción sino a largo plazo; y la oferta turística se podrían poner a nivel de los países referenciados, atrayendo a decenas de miles de turistas a hospedarse anualmente, proyectó el ex presidente de Conep.

Severo Sousa consideró que las dos críticas principales que le hacen al proyecto de ley no tienen fundamento.

Estas son la afectación a las arcas del Estado y que la iniciativa tiene nombre y apellido.

“Es necesario aclarar que es totalmente falso que el proyecto busque saquear las arcas del Estado. No se puede saquear o usar el dinero del Estado cuando ni siquiera ha ingresado”, indicó Sousa.

A juicio de Severo Sousa, hay una mala interpretación del proyecto de ley, ya que se está hablando de emitir créditos fiscales sobre la inversión que venga a futuro, nunca sobre los dineros que ya tiene el Estado; y aún así, esos créditos a futuro ahora serán sobre el 60 por ciento del valor del proyecto descontando el valor de la tierra y aplicando sólo el 5 por ciento a infraestructura, lo cual reduce considerablemente el 100 por ciento al total, que tiene la actual ley 122 de 2019.

“Y no solo eso, sino que para obtener dicho crédito fiscal, la obra debe estar iniciada con un año de operación, con Estudio de Impacto Ambiental aprobado y Certificación de la Bolsa, para que a partir de su segundo año pueda usar no más de 15 por ciento por año de los créditos fiscales, lo que bien utilizado le toma, en promedio, ocho años poder usarlo totalmente”, explicó.

Durante esos ocho años el promotor, al no ser quien recibe los créditos fiscales sino el inversor extranjero, debe aportar al fisco, sus pagos de Impuesto sobre la Renta, Seguro Educativo, Seguro Social, todas las prestaciones laborales, impuestos locales, ITBMS, más el derrame que haga a los proveedores locales.

Sobre si la ley “tiene nombre y apellido”, Severo Sousa dijo que “es abierta para todo aquel inversionista o grupo de inversionistas serios y solventes que quieran y puedan hacer inversiones sólidas y que además puedan iniciar pronto la ejecución de esos proyectos nuevos”.

“Estos son parámetros que pueden sonar como limitantes para algunos que no pueden cumplir o que sólo quieren especular; los cuales no le hacen bien al país en ningún sentido, y por eso se excluyen”, dijo Sousa.