ATP y hoteleros coinciden: hospedajes de corta estancia deben pagar impuestos en Panamá

Han pasado más de 12 años desde que la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012, que regula la actividad turística en Panamá, prohibió los arrendamientos inferiores a 45 días en la capital. Sin embargo, en la práctica, esta restricción no se ha cumplido.

Pese a las amenazas de sanción, plataformas digitales como Airbnb, Booking y Vrbo continúan ofreciendo hospedajes turísticos en la ciudad de Panamá, alterando el mercado local. Esto ha generado lo que el vicepresidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, califica como una “competencia desleal”.

Ante esta situación, el diputado Neftalí Zamora presentó un anteproyecto de ley que busca regular el hospedaje turístico de corta estancia para asegurar que tribute al Estado.

La iniciativa revela que actualmente existen más de 13.282 propiedades enlistadas en Airbnb, con una ocupación promedio del 58 % y estadías de aproximadamente cuatro días. Estas propiedades generan, en promedio, ingresos mensuales de $13.849, exclusivamente en la ciudad capital.

Al no ser considerados servicios legales, estos hospedajes no emiten facturas ni pagan el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms). Además, al no haber registro de proveedores de hospedaje, la Dirección General de Ingresos (DGI) no puede fiscalizar adecuadamente la declaración del impuesto sobre la renta de los anfitriones. También las plataformas digitales que reciben comisiones por las transacciones deberían estar sujetas a tributación.

En contraste, la industria hotelera cumple con estrictas regulaciones de seguridad, calidad y altos costos operativos, lo que dificulta competir en igualdad de condiciones.

A pesar de esto, el vicepresidente de Apatel reconoció que estas aplicaciones tienen el potencial de satisfacer la demanda turística de zonas en donde no hay hoteles y que pueden servir para diversificar la oferta turística de la nación.

“No queremos que se prohiban estas plataformas, solo que se respete la libre competencia”, manifestó Concepción, quien añadió que la falta de regulación pone en riesgo las inversiones del sector hotelero.

Para Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), la falta de una regulación efectiva es insostenible. “No podemos seguir acostumbrados a que unos negocios cumplan con la ley y otros no”, sentenció, en conversaciones con este diario.

El líder de Camtur fue enfático en la necesidad de que se cumplan las regulación, aunque también entiende que los hospedajes de corta duración son “necesarios” en zonas de poco desarrollo hotelero.

“En Pedasí, por ejemplo, si hay una alta demanda, no hay suficientes habitaciones. El Airbnb te soluciona eso. Como no tenemos un flujo constante de turistas entrando al país, muchos empresarios no se atreven a construir más hoteles en zonas como estas, ya que no es fácil recuperar ganancias, de allí que estas aplicaciones sean muy útiles en determinados casos”, detalló.

La directora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, coincide con esta postura. En septiembre de 2024, confirmó a este medio que ya se habían reunido con representantes de Airbnb y reconoció que las preocupaciones del sector turístico son válidas. “Estas plataformas deben pagar impuestos al Tesoro Nacional; el país tiene que beneficiarse”, reclamó.

De León adelantó a este medio que el próximo lunes presentarán ante la Asamblea Nacional la ley General de Turismo, en donde van a incluir a todas las plataformas digitales.

“Vivimos en un mundo digitalizado y tenemos que incorporar esa digitalización a nuestra estrategia de país. Oímos que hay un diputado que presentó una ley en esta línea, me comprometo a llamarlo para unificar criterios”, resaltó.

El despacho de Zamora manifestó su disposición de reunirse con la entidad para unificar criterios y presentar una versión final de proyecto que sea “sólida” para el turismo nacional.

Tanto la normativa que presentará la ATP como la presentada por Zamora establecen que las plataformas deberán pagar entre un 10 % a un 15 %, correspondientes al ITBMS.

Sobre la regularización, De León expresó que, para hacer posible, es necesario contar con todo el directorio de hospedajes que hay en Panamá, dentro de ellas. “Estos apartamentos se deben registrar dentro de la ATP, ese es el primer paso”, añadió.

Desde Camtur pidieron a las autoridades crear mecanismos de regularización dinámicos que permitan a estos hospedajes estar inscritos sin largos procedimiento, una vez exista la legislación adecuada. “Si le meten un millón de trabas burocráticas a estos hospedajes, dudo que se vayan a querer regularizar”, expresó el presidente de la organización.

Ahora bien, aunque el sector hotelero considera que esta ley es muy positiva, Concepción cree que es necesario incluir mecanismos más sólidos para prevenir la gentrificación. “Cuando no hay un tope para este tipo de negocios puede darse el caso de que barrios históricamente residenciales terminen convirtiéndose en lugares de alquileres por periodos cortos, situación que encarece la vivienda para los locales, ya que hay menos alternativas para estancias largas y más demanda”, relató.

“Es muy importante y no veo que haya un límite claro sobre establecimientos que puedan dedicarse a esta actividad”, dijo, poniendo como ejemplo lugares como Madrid, Barcelona, Nueva York o Venecia, en donde se está volviendo un problema.

“La ley monitorea el impacto, pero no cuenta con mecanismos claros para que se prohiban estos desplazamientos, ni establece compensaciones para quienes se vean afectados”, cuestionó.

El presidente de Camtur mencionó que también hay riesgos relacionados con los trabajadores que están relacionados con estos hospedajes. “Nadie tiene una cifra clara de cuanta mano de obra ocupan estos lugares ni de si se están cumpliendo las leyes laborales del país y eso es muy peligrosos”, analizó.

Otro punto que criticó es que se deja a los usuarios a locales sin ningún tipo de mecanismo legal que garantice la seguridad y comodidad de los usuarios, exponéndolos a malas experiencias que, en el caso de que se trate de turistas internacionales, manchan la imagen del país.

Al ser cuestionado sobre los motivos detrás de la falta de mecanismos de control y regulaciones efectivas para esas plataformas, Díaz consideró que se trata de una carencia de voluntad política.

“¿De quién más es la culpa? Todas las entidades turísticas se han quejado de este tema y no se soluciona. Nosotros presentamos borradores hace cuatro años para modificar la ley nacional de turismo y regular esto de manera efectiva, pero no hubo manera alguna de que se lograra un consenso y se aprobase”, lamentó.

Esta visión es compartida por el vicepresidente de Apatel. “Acá hay una falta de voluntad [política] para que esto se logre. Yo tengo dos años como vicepresidente en Apatel y te puedo garantizar que nosotros siempre hemos buscado abordar el tema”, concluyó.