La patronal europea critica la nueva ley de responsabilidad corporativa de la UE

La patronal europea Business Europe criticó este viernes la nueva ley de responsabilidad corporativa en materia social y medioambiental de la UE para grandes empresas, al entender que pondrá en desventaja a las multinacionales del bloque frente a sus rivales del resto del mundo.

La llamada “directiva de diligencia debida” acordada hoy por los embajadores de los Estados miembros “añadirá obligaciones sin comparación, introducirá duras sanciones con posibles implicaciones existenciales para las empresas y les expondrá unilateralmente a litigios en todas las partes de mundo”; dijo en un comunicado el director general de la organización, Markus Beyrer.

La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas, por lo que es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales.

Business Europe lamenta también que muchos elementos “cruciales” de la normativa hayan quedado “sin resolver”, al tiempo que recuerda que la industria comunitaria “siempre estuvo dispuesta a ser un socio constructivo” en las negociaciones y pidió “una armonización significativa” con “definiciones claras” que “no están” en el texto final.

Por su parte, la organización sindical europea ETUC resaltó que la directiva supone “una mejora drástica” para el respeto de los derechos humanos de millones de trabajadores y que este “paso adelante” es “el resultado de años de presión decidida y sin descanso” de los sindicatos.

“Adoptando el primer conjunto de normas vinculantes del mundo para hacer responsables de sus violaciones a empresas europeas y extranjeras, y también a sus filiales, Europa continúa a la vanguardia de la protección de los sindicatos, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente”, destacó Isabelle Schömann, vicesecretaria general de ETUC, quien ve positiva la normativa a pesar de haber sido “diluida” en el texto final.

Los Estados miembros, en concreto, pactaron una serie de cambios que relajan su aplicación y reducen el número de empresas que quedarán cubiertas para sacar adelante una directiva que había quedado bloqueada hasta en dos ocasiones anteriormente.

En su forma final, sólo será aplicable a multinacionales con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de facturación anual, frente a los umbrales de 500 empleados y 150 millones de euros en ingresos que recogían borradores anteriores.

También se han eliminado de su aplicación sectores de “elevado riesgo”, aunque con una cláusula que permitiría volverlos a incluir en el futuro, y se ha establecido una entrada en vigor escalonada según la cuál sus obligaciones sólo serán exigibles en un principio a las multinacionales con más de 5.000 empleados.

Con estos cambios, la directiva ha sido aprobada por mayoría cualificada con el voto a favor de Italia y de Francia, mientras que una decena de países, entre ellos Alemania, Austria, Hungría o Suecia, se han abstenido, según precisan a EFE diversas fuentes comunitarias. España, que ya apoyaba anteriormente la directiva, ha mantenido su voto positivo.

Las nuevas normas deben ser ahora aprobadas por el Parlamento Europeo, primero por su comisión de Asuntos Jurídicos y después por el conjunto del pleno, para que puedan entrar en vigor.