La economía nacional y el nuevo gobierno

El año 2018 la economía panameña creció 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB). El incremento del producto nacional en el primer trimestre del año 2019, estimado, ha sido de 3.9%. El desempleo se situó en el 6%, pero la informalidad ascendió al 40%.

La deuda pública ronda por los 39 puntos de la relación, deuda pública/PIB. El “hueco” de los compromisos del gobierno con proveedores y contratistas oscila entre 500 y 900 millones dólares, lo cual indica, entre otras cosas, que no se podrá cumplir con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal; que muy pronto volveremos, como país, a las “listas” de descalificación financiera y que las perspectivas de crecimiento económico de la nación por el orden del 5% según los organismos financieros internacionales es un imaginario crematístico irrealizable.

Estos factores, además de otros de carácter estructurales como la abismal desigualdad en la percepción del ingreso nacional, la ralentización de la economía nacional, la ausencia absoluta de una política de desarrollo económico nacional y las expectativas o esperanzas de un pueblo precarizado por la exclusión, pesan como una “espada de Damocles”, sobre el cuello del gobierno que se estrena a partir del 1 de julio próximo.

Pero tan negativa como  la radiografía económica y financiera del erario y la precariedad social del panameño de a pie, antes descrita - no sé, sí con el beneplácito del novel mandatario- es la indebida manipulación mediática. En efecto, un reconocido economista de la localidad -frente al inminente déficit fiscal con que terminarán las cuentas públicas en el período fiscal vigente- planteó un menú de tres opciones, una de las cuales, las nuevas autoridades gubernamentales deben adoptar para encausar las finanzas públicas y potenciar la economía nacional: Ajustes en la inversión pública o aumento de impuestos o renegociación del déficit fiscal con las “culebras” financieras internacionales.

Sin embargo, los oligopolios mediáticos controlados por la fracción de la oligarquía vinculada en los “negociados” de la administración que fenece, han propalado la especie de que la solución exclusiva de la catástrofe financiera es el aumento de los impuestos, carga impositiva que afectaría mucho más los desvencijados “bolsillos” de las ya desmejoradas capas medias de la sociedad. Dicha medida al igual que las soluciones paramétricas en el programa de Vejez, Invalidez y Muerte de la CSS, son inadmisibles, luego de haberse creado –en los últimos cinco años- una especie de Estado criminal depredador de los haberes públicos, que no es lo mismo que una política criminal de Estado.

De manera que el Excelentísimo, señor Laurentino Cortizo Cohen, Presidente de la República de Panamá y su “equipo” -entiendo que el jefe de gobierno se refiere al Gabinete, directores nacionales, gobernadores y a la “armónica colaboración” con los otros dos Órganos y el cuasi-órgano de gobierno del Tribunal Electoral- deben establecer una “hoja de ruta” de austeridad económica, transparencia pública y rendición de cuenta. Eso supone la implementación de  consultas ciudadanas periódicas, pertinentes, amplias y democráticas, no solo con las entidades empresariales, sino también con las organizaciones sindicales de asalariados, con campesinos pobres, partidos políticos y otros organismos de la sociedad civil; pero, bajo ningún concepto, dicha consulta debe ser mediatizada al socaire de “espacios de concertación” ilegítimos y en lo absoluto representativos de los movimientos sociales y del pueblo panameño. ¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.