¡A pagar impuestos!

Actualizado
  • 20/08/2009 02:00
Creado
  • 20/08/2009 02:00
PANAMÁ. El proyecto de reformas fiscales llegó a la Asamblea Nacional de Diputados, pero la empresa privada apenas empieza a analizarlo.

PANAMÁ. El proyecto de reformas fiscales llegó a la Asamblea Nacional de Diputados, pero la empresa privada apenas empieza a analizarlo.

Es la quinta reforma fiscal que se presenta, desde la caída del régimen militar.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, dijo en su exposición de motivos que Panamá tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de América Latina y reiteró que los sectores más pujantes de la economía “deben contribuir con los gastos sociales”.

El proyecto de ley establece que las salas de máquinas tragamonedas tipo A pagarán un impuesto de 25% de sus ingresos brutos mensuales en vez de 10% que paga en la actualidad. Mientras que el impuesto a los casinos completos será de un 18%.

Los nuevos operadores de casinos completos tendrán que pagar un millón de dólares en concepto de derecho de llaves y los operadores de máquinas tragamonedas tipo A, desembolsarán medio millón de dólares.

En lo que respecta al impuesto sobre las ganancias por enajenación de bienes inmuebles, se establece un nuevo mecanismo de cobro, consistente en la retención del 5% del precio de la venta o del valor catastral, cualquiera que sea mayor, aplicable con posterioridad al 30 de junio de 2010.

AMPLÍAN ITBMS

El proyecto de ley también extiende el ITBMS a la telefonía fija comercial, las comisiones por servicios bancarios, financieros y bienes raíces, las comisiones o retribuciones pagadas por las compañías de seguros y reaseguros a terceros, servicios legales que se presenten en territorio nacional a personas domicialiadas en el exterior y los honorarios por servicios legales que se presenten a naves del comercio internacional inscritas en la marina mercante.

También se reforma el artículo 733 del Código Fiscal y se establece que sólo las empresas con avisos de operaciones comerciales tributen el impuesto a los dividendos, independientemente de donde provengan.

El tope máximo a pagar se incrementa de 40 mil a 60 mil dólares, incluyendo la Zona Libre de Colón y a cualquier otra zona franca.

El impuesto al cigarrillo será del 50% del precio de venta al consumidor, la mitad del impuesto será destinado al Instituto Oncológico Nacional, actualmente pagan un 30%.

Las sociedades anónimas pagarán al momento de su incripción 250 dólares y en los años subsiguiente $300.

Los bienes inmuebles dedicados a la actividad agrícola y los destinados al uso de habtaciones ubicados en zonas rurales con valor castastral de hasta 10 mil dolares pagarán un pagará una tasa única del 5% y 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles.

Las sucursales de personas jurídicas extranjeras pagarán impuesto del 10% sobre el 100% de su renta gravable obtenida en Panamá.

Las entidades financieras reguladas por la Ley 69 de 1978 pagarán un impuesto anual de 2.5% de su capital al 31 de diciembre de año.

En lo que respecta a los bancos, se establece que la tasa de interés de los préstamos personales y comerciales, locales, mayores de 5 mil dólares se retendrá la suma equivalente al 1% sobre el mismo monto que sirve de base para el cálculo de los intereses. El 50% se utilizará para el pago de los interés preferenciales y el restante 50% al Fondo Especial de Compensación de Intereses.

El proyecto de reformas dejó por fuera al CAIR y a las concesiones portuarias.

SALTAN LOS EMPRESARIOS

La reacción del sector empresarial fue de inmediata. El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares lamentó que el proyecto haya llegado a la Asamblea, “sin que se hubiese consultado a los afectados”.

Según Linares, debe realizarse un amplio diálogo, “porque no se puede estar haciendo reformas sólo para resolver el flujo de caja de los gobiernos”.

En ese mismo sentido, se pronunció el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), José Javier Rivera, quien, además, considera que el proyecto debe discutirse fuera de la Asamblea. “Necesitamos una explicación puntual de qué es lo que el gobierno espera y una conversación profunda”, detalló.

El presidente de lLa Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), Antonio Alfaro, fue más pesimista y advirtió que algunas salas de juegos no podrán con los nuevos impuestos y tendrán que cerrar sus puertas. Y otras, dijo, tendrá que reducir la planilla y los gastos de publicidad.

La última reforma fiscal, fue aprobada por la pasada administración y generó unos 600 millones de dólares anuales. Los representantes del sector privado dicen que el gobierno debe explicar cuál es la diferencia entra una y otra.

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