Río Indio: entre la necesidad de agua y la voz de las comunidades

Los días 1 y 2 de julio de este año, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) organizó el Foro Técnico sobre el Proyecto de Embalse del Río Indio. Este evento reunió a autoridades de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), representantes del IDAAN, ingenieros de distintas especialidades; y de manera muy significativa, a las delegaciones de las comunidades que se verían directamente impactadas por la construcción del embalse.

Durante el encuentro se analizaron diversos aspectos de la obra. Además, sirvió como ventana para escuchar las voces de las personas que viven en el territorio, que cuidan el río, y que dependen de su entorno para sostener sus formas de vida, en contraste.

Las autoridades y especialistas coincidieron en una preocupación común: Panamá enfrenta un problema estructural: la disponibilidad de agua. Lo que antes parecía una posibilidad lejana, hoy es una realidad urgente. Desde principios del siglo XX, la población del país ha crecido de manera exponencial, pasando de 300 mil personas en 1911 a más de 4 millones en el año 2023, con más de la mitad residiendo en la región metropolitana.

Este crecimiento incrementó de forma significativa la demanda de agua potable, sumándose a las exigencias operativas del Canal de Panamá. El Canal representa, el eje de un estilo de desarrollo que depende del agua dulce para su funcionamiento. Con la ampliación de las esclusas, la demanda continuó creciendo. Mientras en 2005 se registraban 36.4 esclusajes diarios, para 2025 se proyecta un promedio de 55.7; además de un aumento en el consumo humano de agua que alcanzaría los 4,234 millones de metros cúbicos anuales. Todo un reto para una sociedad cada vez más concentrada en las áreas urbanas y dependiente de un conjunto de actividades vinculadas con la zona de tránsito.

Frente a la creciente demanda de agua, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha señalado al Río Indio como la opción “más viable” para construir un nuevo embalse. Esta decisión, sin embargo, se sustenta principalmente en estudios técnicos elaborados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (2017) y la empresa INGETEC (2019), ambos contratados para evaluar la factibilidad del proyecto. Si bien estos informes concluyen que el área es apta para un embalse multipropósito, es válido preguntarse hasta qué punto estos análisis han considerado las realidades sociales, culturales y ambientales de la zona. La visión técnico-científica, aunque importante, no puede ser el único lente a través del cual se mida la viabilidad de una obra de este impacto.

Desde una perspectiva económica, el argumento de la ACP se basa en que el proyecto en Río Indio representaría una inversión “más eficiente”, con un costo aproximado de B/. 1,000 millones, frente a alternativas como el Lago Bayano, que podría superar los B/. 1,500 millones. Sin embargo, esta lógica de costo-beneficio reduce la discusión a números y metros cúbicos, omitiendo deliberadamente el valor humano y ambiental del territorio.

Decir que el embalse ocuparía “solo el 8%” de la cuenca puede parecer poco en términos porcentuales, pero en ese 8% viven comunidades que han desarrollado su vida alrededor del río durante generaciones. Además, comparar su capacidad de almacenamiento con la del Lago Gatún ignora que no solo se trata de cantidad de agua, sino de los efectos sociales y ecológicos irreversibles que un megaproyecto como este puede desencadenar. ¿A quién beneficia realmente esta “viabilidad”? ¿Y quién paga el precio?

A pesar de la insistencia oficial en los argumentos técnicos y económicos que supuestamente justifican el proyecto, muchas comunidades sienten que sus voces han sido sistemáticamente ignoradas. Las decisiones parecen tomarse desde oficinas lejanas, sin tener en cuenta a quienes habitan y conocen el territorio.

Durante el foro, delegadas de la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses expusieron con claridad una realidad preocupante: los procesos de consulta que se han llevado a cabo no solo han sido superficiales, sino que se han desarrollado en ambientes marcados por la presión y el temor, con presencia policial incluida. En lugar de facilitar el diálogo, estas condiciones han profundizado el sentimiento de imposición, debilitando la ya frágil confianza entre las comunidades y las instituciones.

Como respuesta a esa exclusión, la Coordinadora decidió realizar su propia encuesta en las zonas afectadas. Participaron más de dos mil personas, y los resultados fueron claros: un abrumador 84% de los encuestados se opone al proyecto, mientras apenas un 15% lo respalda. Esta cifra no es menor ni anecdótica. Refleja una brecha profunda entre la narrativa institucional —que busca presentar el embalse como una solución técnica necesaria— y la percepción de las comunidades, que lo viven como una amenaza a su forma de vida y a su entorno. Lo que queda en evidencia es una desconexión grave entre quienes diseñan el proyecto y quienes serán directamente afectados por él.

Demandas claras con respaldo legal

Frente a un proceso que consideran excluyente y marcado por la imposición, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses ha formulado tres demandas claras, que no solo son legítimas, sino profundamente necesarias en un Estado que se dice democrático:

Primero, exigen la derogación de la Ley 44 de 1999, una norma que fue reactivada sin consulta ni debate público, a espaldas de las comunidades que serían directamente afectadas. La manera en que esta ley ha sido rescatada del pasado, como si fuera una herramienta técnica neutra, omite deliberadamente el contexto social y político actual.

Reactivar una ley sin participación ni transparencia no es solo una falta de sensibilidad institucional, es una señal clara de que las reglas del juego no se están aplicando de forma justa.

En segundo lugar, solicitan la anulación de la Resolución No. 1542 de la Junta Directiva de la ACP, que aprueba el presupuesto del proyecto sin contar con el consentimiento de quienes verán transformado su territorio. ¿Cómo puede considerarse legítimo un presupuesto que compromete millones en una obra rechazada por la mayoría de la población involucrada?

La decisión de invertir recursos públicos a espaldas de la ciudadanía solo profundiza el malestar social y evidencia una desconexión alarmante entre las élites técnicas y la realidad rural.

Por último, la Coordinadora exige algo tan básico como esencial: una consulta pública real, transparente, con participación efectiva de la población y en coherencia con el Acuerdo de Escazú.

No se trata de un favor que se les pide a las autoridades, sino de un derecho amparado por un acuerdo internacional que Panamá ha firmado y debe cumplir. El Acuerdo de Escazú no solo respalda el acceso a la información y la participación ciudadana; también protege a los defensores del ambiente, muchos de los cuales enfrentan hostilidad precisamente por alzar la voz frente a proyectos como este.

Estas no son peticiones caprichosas. Son exigencias fundamentadas, nacidas de la necesidad de defender el territorio, la dignidad y el derecho a decidir. Ignorarlas no solo sería un error político, sería una violación ética y legal del compromiso del país con su gente y con la justicia ambiental.

El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá