Transferencias y subsidios: ¿son buenos? ¿se pueden mejorar?

Una amplia gama de países, indistintamente de su enfoque político, económico o idiosincrático, reconocen como objetivo básico en materia de desarrollo el crecimiento de su economía, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la equidad.

Los hechos y la experiencia de la gran mayoría de los países demuestran, sin embargo, que lograr de manera complementaria e integral estos objetivos resulta un desafío. De hecho, en la práctica la instrumentación de políticas que promuevan de manera efectivas estos objetivos choca con diversas realidades y motivaciones, incluyendo las de orden político.

Estos desafíos de paso implican no solo lograr crecimiento, sino además complementar este proceso con políticas que en efecto atiendan las necesidades estructurales de las personas de menor ingreso, por ejemplo.

Santiago Levy, un importante investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y exministro de Finanzas de México, ha diseñado desde hace varios años alternativas a los programas tradicionales de transferencias y subsidios. Se trata de las llamadas ‘transferencias monetarias condicionadas' que en esencia suponen un nivel de co-responsabilidad de parte de los beneficiarios.

La propuesta consiste en que el Estado transfiere a ciertos individuos dinero con el fin de mejorar sus niveles de consumo, a cambio de que estos inviertan una porción de esos ingresos en el mejoramiento de la educación y salud de la familia, particularmente la de los niños. Esto lo diferencia de otros programas en cuanto a que exigen algo a cambio, y por consiguiente sienta las bases para que los beneficiarios puedan abandonar, por sus propios medios, las filas de la pobreza e integrarse a la economía formal.

Estos programas han sido ensayados con gran éxito en países como México, Brasil y posteriormente, en Nicaragua, Panamá, Perú y Chile entre otros

. El resultado se ha medido en términos que han mejorado las condiciones de salud de algunos de estos infantes y miembros de la familia, así como ha mejorado la tasa de inscripción de matrícula y asistencia a las escuelas.

Sin embargo, el éxito integral del programa también exige mejorar la nutrición y el desarrollo del infante, pero también la calidad de la educación, así como del mercado laboral, mediante profundas reformas, por lo cual, de paso, como se ha dicho, enfrenta serios desafíos políticos. Solo así puede completarse exitosamente todas las fases necesarias para que el individuo pueda superar el lastre de la pobreza.

En Panamá también se ha adoptado programas similares, como es el caso de Red de Oportunidades, el cual se inició a partir del 2006 y actualmente beneficia a aproximadamente 72,563 hogares y a más de 362,815 personas.

La Red de Oportunidades consiste en la atención gratuita de todas las niñas y niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Atención y reinserción en las escuelas primarias, premedia y media a niños, niñas y adolescentes, así como el impulso de actividades de capacitación para que permitan la generación de ingresos adicionales en el hogar, entre otros.

Hay evidencias de que este programa ha contribuido a lograr un mejoramiento en la asistencia escolar y en los índices de nutrición y salud. Sin embargo, al igual que en otros países, son necesarios dos aspectos, posiblemente que se amplíe el mismo y que en efecto se concatenen o relacionen con otros programas y subsidios y, en segundo lugar mejorar la calidad de la educación para que el programa tenga un impacto sobre la demanda educativa e igualmente sobre la oferta educativa.

Finalmente, el país se enfrenta a algunos desafíos en el mercado laboral a efectos de reducir la informalidad, mejorar la productividad y la eficiencia; y que los beneficiarios de estos programas puedan integrarse efectivamente a la economía, procurando beneficios para sí mismo y para el resto de la sociedad.

* Analista del Centro Nacional de Competitividad.

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AYUDAS SOCIALES

En 2006, Panamá implementó el programa Red de Oportunidades.

Este sistema beneficia aproximadamente a 72,563 hogares y a más de 362,815 personas a nivel nacional.

La idea de este tipo de iniciativas es que el Estado transfiere una ayuda económica o monetaria a la población para que estos la inviertan en la educación y la salud de niños y niñas.