Juez Garzón examina ser interlocutor entre indígenas y gobierno de Colombia

El inhabilitado juez español Baltasar Garzón dijo el viernes en Quito que examina un pedido de indígenas de Colombia, que exigen la salida de la fuerza pública y la guerrilla de sus territorios, para ser un interlocutor con el gobierno de ese país con miras a abrir un diálogo.

"Es cierta la petición", expresó el magistrado a la prensa durante una visita a Ecuador, donde coordina una veeduría internacional sobre el proceso de reestructuración del sistema judicial.

Garzón, célebre por haber ordenado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres por violación de los derechos humanos, agregó: "Estamos trabajando desde hace semanas" en torno al pedido de los aborígenes del departamento (provincia) colombiano del Cauca (suroeste).

El juez enfatizó que mantiene una "relación" desde hace "muchos años" con las comunidades indígenas del Cauca y que trabajado en "muchos temas" con ellas.

Apuntó que de aceptar el encargo, sus esfuerzos estarán encaminados a lograr un "encuentro satisfactorio y una conciliación satisfactoria entre los intereses del Estado colombiano y de las comunidades".

"Siempre he estado dispuesto y lo estaré", añadió.El Cauca es una de las zonas donde es más intenso el conflicto armado de Colombia.

El pasado fin de semana, la población de Toribío (en esa jurisdicción) sufrió hostigamientos de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista). Sus habitantes, en su mayoría indígenas, exigen su retiro, así como el de la fuerza pública.

El presidente Juan Manuel Santos visitó el miércoles Toribío, donde descartó la posibilidad de que salieran los policías y soldados. "Nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio", manifestó.

El jueves, la Cruz Roja Internacional entregó a las autoridades colombianas los cuerpos de dos militares cuyo avión la guerrilla asegura haber derribado en medio de combates en el Cauca, versión que el gobierno considera "improbable", pues se necesitaría un misil para hacerlo.

En febrero, Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo español a 11 años de inhabilitación por vulnerar el derecho a la defensa al ordenar escuchas en prisión entre detenidos y sus abogados, en una investigación sobre una presunta red de corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.