- 28/02/2013 17:01
El dirigente opositor Leopoldo López fue imputado el jueves por la Fiscalía General por el presunto delito de tráfico de influencias al recibir hace más de una década dos donaciones de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. para una organización civil de la cual formaba parte.
La Fiscalía General anunció el jueves en un comunicado que imputó a López, de 41 años, el delito de "tráfico de influencias" por las presuntas irregularidades que se habrían cometido con dos donaciones que efectuó PDVSA en 1998 a favor de la asociación civil Primero Justicia que tiempo después se transformó en un partido.
Por este caso también será imputada el próximo mes la madre del político, Antonietta Mendoza de López, quien se desempeñaba como gerente de comunicaciones de PDVSA en el momento en que se dieron las donaciones.
De ser declarados culpables López y su madre podrían ser condenados a entre dos y cuatro años de prisión, indicó la Fiscalía.
Acompañado de sus abogados y decenas de seguidores que vociferaban "No tenemos miedo", el responsable nacional del partido opositor Voluntad Popular acudió el jueves a una de las sedes de la Fiscalía General en el centro de la capital para recibir la imputación.
"Yo no creo en la Fiscalía, yo no creo en el sistema de justicia venezolano... pero estoy acá para dar un testimonio, para dar un testimonio de que no tengo miedo, de que no tengo rabo de paja", declaró López a la prensa al ingresar al edificio de la Fiscalía.
El dirigente, quien asegura ser un "perseguido político", indicó que a pesar de desconfiar en la justicia venezolana decidió acudir "para evitar que el Ministerio Público utilice una marramucia (trampa) procesal para privarme de libertad".
Agregó que "esto es una orden del cobarde de (vicepresidente) Nicolás Maduro que en cadena nacional hizo esta solicitud", dijo López al responsabilizar al funcionario de la apertura del proceso judicial en su contra. "Este es un caso que el gobierno ha utilizado para algo que es práctica común que es el asesinato moral".
La abogada Teresly Malavé, integrante de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela que se dedica a seguir el sistema judicial, afirmó que en el caso de López el supuesto delito imputado "está prescrito" porque ocurrió hace quince años, pero sostuvo que a pesar de ello se abrió el proceso porque responde a una "arremetida contra actores opositores" de parte del gobierno.
Malavé dijo a la AP en entrevista telefónica que ante la activación de un proceso por un delito prescrito "se hace visible la violación al debido proceso, el derecho a la defensa".
La abogada, representante legal de algunos de los llamados "presos políticos", indicó que el objetivo primordial de las acciones contra López y otros opositores es "hacernos sentir de que aquí manda una sola persona y que el poder radica en el presidente de la República y ahora el vicepresidente".
Agregó que el oficialismo busca con estas acciones "hacernos entender que estamos sometidos a sus leyes y no a las leyes que están contenidas en las normas y la constitución"
De acuerdo con los registros de Justicia y Proceso Venezuela en el país hay unos "35 presos políticos", entre los que se cuentan el ex ministro de la Defensa, general retirado Raúl Baduel; un grupo de ex policías y comisarios detenidos desde hace más de nueve años y la jueza María Lourdes Afiuni, que está bajo arresto domiciliario.
El proceso de López coincide con una fuerte arremetida que emprendió este mes el oficialismo contra los sectores adversos al gobierno cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, acusó a tres de los diputados del opositor Partido Primero Justicia de estar implicados en hechos de corrupción y propuso su enjuiciamiento.
El gobernador del estado central de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, denunció que los procesos contra los miembros de su partido buscan llegar a él para afectar su imagen y desmoralizar a la oposición. Al rechazar la acción judicial contra López, el gobernador dijo en su cuenta de Twitter que el gobierno era "descarado" al promover la imputación del opositor por tráfico de influencias porque "si hay algo que los define a ellos es eso".
Los procesos contra los opositores se dan en medio de la situación de incertidumbre que enfrenta el país por las complicaciones de salud que padece el presidente Hugo Chávez por la reincidencia del cáncer.
López, ex integrante de Primero Justicia, fue inhabilitado políticamente en 2005 siendo alcalde del municipio capitalino de Chacao por la Contraloría General porque ese organismo determinó que el político recibió entre 1998 y 2001 donaciones para su asociación Primero Justicia por parte de PDVSA cuando la madre era gerente de comunicaciones de la corporación.
En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de López que demandó al Estado de Venezuela por la supuesta violación de sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impiden postularse a un cargo de elección.
El gobierno venezolano, que está en trámites para salir de la Corte y la Comisión Interamericanas, no ha atendido hasta el momento la petición del organismo internacional en el caso de López.
