Gobierno de Colombia y las FARC hacia Oslo

COLOMBIA. Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la guerrilla más antigua de América Latina) se reunirán primero en Noruega y luego en Cuba, para un proceso histórico que busca poner fin al prolongado conflicto armado de Colombia y que según el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es la prioridad de su gobierno.

‘Mi gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado, en conversaciones con la guerrilla’, dijo Santos en la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Cuarta vez que se lanza un proceso de paz con las FARC, estas conversaciones que están previstas para arrancar el 15 de octubre en Noruega y con una primera conferencia de prensa dos días después, se anuncian con mejores perspectivas que las anteriores experiencias, pese a que no se contempla aún el cese de hostilidades.

‘La opinión pública en general y los diferentes sectores políticos y sociales coinciden en expresar cierto optimismo por el inicio del proceso de paz’, comentó a María Clemencia Castro, directora del Observatorio para el desarme de la Universidad Nacional de Colombia.

‘Las guerrillas han asimilado la imposibilidad de la victoria militar y el Estado se ha mostrado dispuesto a dar una salida al conflicto a través de la solución política’, añadió Castro.

Desde que asumió la presidencia en 2010, Santos prepara el terreno para un acuerdo mediante diversos mecanismos, entre estos una ley de restitución de tierras y reparación a víctimas, un punto clave para las FARC que surgieron como guerrilla de una insurrección campesina en los años 1960.

INTENTOS PREVIOS

Tres procesos fallidos de paz han llevado a cabo el gobierno de Colombia y las FARC.

El primer intento por buscar la paz con las FARC, fundadas en 1964, se remonta a la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986). El 28 de marzo de 1984 las FARC pactaron una tregua en la localidad de La Uribe, departamento del Meta (centro), y algunos de sus miembros se desmovilizaron para formar, junto al Partido Comunista, un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica (UP).

Un clima de violencia contra la UP, sumado a la negativa de los jefes de las FARC a desmovilizarse y al asesinato en agosto de 1985 de Iván Marino Ospina, uno de los jefes de la guerrilla M-19 que también participaba de los acercamientos de paz, llevaron a la ruptura del proceso.

Cerca de 3.000 militantes y dirigentes de la UP, entre ellos Jaime Pardo en 1987 y Bernardo Jaramillo en 1990, fueron asesinados en poco más de cinco años.

Durante la presidencia del liberal César Gaviria (1990-1994) se realizó el segundo intento de diálogo de paz con las FARC.

Las conversaciones se llevaron a cabo a partir de junio de 1991, primero en Caracas y lugo en Tlaxcala (México). Pero terminaron sin éxito un año más tarde por falta de acuerdos y la muerte en cautiverio del ex ministro Argelino Durán.

El último proceso de paz entre un gobierno colombiano y las FARC se desarrolló entre el 7 de enero de 1999 y el 20 de febrero de 2002, durante casi todo el periodo presidencial del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), en la zona del Caguán, un territorio de 42.000 kms cuadrados que fue desmilitarizado con ese fin.

Tras sobresaltadas y dilatadas conversaciones, sin un cese bilateral del fuego, Pastrana rompió el diálogo luego que las FARC secuestraran al congresista Eduardo Gechem.

¿Será este nuevo intento distinto?

LAS FARC

Timoleón Jiménez, comandate máximo de las FARC desde la muerte de Cano, impulsó este año un cambio de estrategia de la guerrilla y anunció que cesaba el secuestro de civiles, una de las principales exigencias de Santos antes de emprender un diálogo.

Aunque ha deplorado la falta de un alto el fuego durante las converaciones, Jiménez, también conocido como Timochenko, expresó su ‘gran esperanza’ de terminar el conflicto armado.

‘Hacer negociones en medio del conflicto tiene el riesgo permanente de que cualquier acto puede dar al traste con el esfuerzo, pero me parece mucho más pragmático hacerlo así’, opinó el politólogo Fernando Giraldo.

‘El gobierno tendrá un menor costo, en caso de que fracase’, señaló.

Y teniendo en cuenta que el conflicto seguirá activo, el gobierno también ha sido enfático en que las conversaciones deben dar resultados en ‘algunos meses’ y no prolongarse durante años.

Pero la decisión de no cesar las operaciones militares ni la actividad guerrillera también tiene riesgos.

‘Si las comunidades en las zonas de conflicto no sienten que éste se atenúa y ven en cambio que la crisis humanitaria continúa, entonces el apoyo social al proceso de paz disminuirá sensiblemente con el tiempo’, consideró Javier Ciurlizza, director regional del instituto de análisis de conflictos Crisis Group.

‘Esto dará razones a la oposición política al proceso de paz para atacarlo y cuestionar el mero hecho de negociar’, destacó Javier.

VÍCTIMAS

Hay alrededor de unas 600,000 personas asesinadas por diversos grupos armados y la fuerza pública (estimación del gobierno en septiembre de 2012).

Más de 2,000 personas han muerto y 7.900 han resultado heridas desde 1990 por el uso de minas antipersona (estadística del gobierno).

Más de 15,000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos 30 años (Alto Comisionado de la ONU Para los Derechos Humanos).

Más de 3,7 millones de desplazados internos (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados).

1,754,275 hectáreas de tierra han sido reclamadas por desplazados en más de 23.000 demandas presentadas ante el Ministerio de Agricultura.

Alrededor del 40% de esas demandas señalan a los paramilitares como los responsables del abandono forzado o despojo de la tierra y otro 38% de las demandas contra las FARC.