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- 03/09/2016 02:00
La defensa de la exmandataria recurre al Tribunal Supremo para anular la votación del Senado que tuvo como resultado que fuese apartada
La crisis política que derivó en la destitución de Dilma Rousseff esta semana se ha judicializado y ha pasado al Tribunal Supremo de Brasil tras la denuncia presentada por la defensa de la expresidenta y la respuesta de los aliados del nuevo Gobierno de Michel Temer.
Rousseff fue destituida por el Senado el miércoles por supuestas maniobras para maquillar las cuentas públicas, pero la Cámara Alta, en una votación diferenciada, decidió no inhabilitarla para ocupar cargos públicos por ocho años, al contrario de lo que ocurrió en 1992 con el expresidente Fernando Collor de Mello, destituido e inhabilitado.
La decisión de admitir dos votaciones -una sobre la destitución y otra sobre la inhabilitación- fue adoptada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, que moderó el proceso en el Senado, a petición del Partido de los Trabajadores (PT).
A pesar de la presencia de Lewandowski en la etapa final del juicio político, la defensa de la expresidenta ha recurrido precisamente al Supremo Tribunal Federal para pedir la nulidad de la destitución de Rousseff argumentando ‘gravísimas' irregularidades en el procedimiento.
El equipo de abogados de Rousseff, encabezado por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, planteó que Temer vuelva a su condición de presidente interino hasta que se celebre un nuevo juicio político en el Senado.
En respuesta, miembros de la formación de Temer, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y varios de sus aliados han anunciado que recurrirán también al Supremo pero para pedir la nulidad de la votación que permite a Rousseff mantener sus derechos políticos.
Rousseff también anunció que prepara dos nuevos recursos contra ese proceso, que serán presentados la semana próxima ante el Tribunal Supremo.
‘Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa fragilidad jurídica y su impacto político', dijo Rousseff junto a su abogado en una rueda de prensa.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos estarán centrados en que, según su opinión, ‘no se respetó el derecho al debido proceso' en el Senado, que actuó como tribunal, y en lo que calificó de ‘ausencia de justa causa'.
Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que ‘son sólo un pretexto' y no constituyen los ‘presupuestos jurídicos' que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
Los recursos que presentará la defensa de Rousseff se sumarán a una apelación que ya fue entregada al Tribunal Supremo.
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DIFERENCIAS
Ley incompatible con la Constitución
Los cargos formulados contra la expresidenta Dilma Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950, en la que se definen los ‘delitos de responsabilidad' que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos de la nación sin autorización del Congreso y atrasar depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda violación ‘de la ley de presupuesto' y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.
No obstante, la defensa sostiene que esos artículos ‘no son compatibles' con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, ‘no incorporó' plenamente el texto legal que los contiene, conocido como ‘Ley de Impeachment'.
De esa manera, los abogados de la exmandataria brasileña piden que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la supuesta ‘incompetencia' e ‘ilegalidad' de los artículos de la ley de 1950 en que se fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a la expresidenta.
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‘No se respetó el derecho al debido proceso en el Senado, hubo ausencia de causa justa. Varios senadores declararon su intención de condenarla incluso antes de la fase de producción de pruebas, lo cual viola todas las normas jurídicas',
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
ABOGADO DE DILMA ROUSSEFF
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