Más drogas y violencia, los amargos récords del ‘posconflicto' colombiano

‘El Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: ¡el puerto de la paz! (...) vengo a decirles a ustedes (...) a la comunidad internacional, que lo logramos. ¡Llegamos a puerto!. Con esas palabras el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, auguraba tiempos mejores para la nación andina al ser galardonado en 2016 con el premio Nobel de la Paz.

‘En los municipios con cultivos de coca la tasa de homicidios aumentó 11%; en aquellos donde la sustitución comenzó, el alza fue del 33% fin de una etapa'

INFORME SOBRE CULTIVOS ILÍCITOS

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Dos años después de aquel discurso y la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC (hoy desarmada y transformada en partido político), aquel puerto que afirmó Santos haber llegado no solo está ausente en el panorama colombiano, sino que el ‘barco de la paz' encuentra cada vez más obstáculos que amenazan con hundirlo, el último de ellos, la exponencial explosión de producción de cocaína en el país, que este año alcanzó cifras récord.

Aunque no es una noticia nueva, al ser Colombia desde hace varios años el mayor productor de coca en el mundo según datos de Naciones Unidas; es el más reciente informe de este organismo el que evidencia las serias dificultades que enfrenta la paz acordada en los documentos de La Habana.

El último reporte presentado el pasado jueves en Bogotá por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), registró un aumento de 17% de los cultivos ilícitos en el país, lo que representa un incremento de 146,000 hectáreas que había en 2016 a 171,000 para el 2017, el alza más alta desde que la ONU iniciara el monitoreo en 1999.

CAMPESINOS SIN SALIDA

El combate a los cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas, fue el cuarto punto de lo negociado entre el Estado y las FARC. Aunque el narcotráfico es un fenómeno posterior al inicio del conflicto, su paulatina eliminación es pieza clave en el andamiaje del ‘postconflicto'.

El gobierno de Santos, se comprometió entonces a trabajar junto a la exguerrilla en un programa de sustitución de cultivos ilícitos con la idea de ofrecer apoyos, financiamientos y tierras a los miles de campesinos pobres que en medio de la brutal violencia de la guerra, encontraron en las plantaciones de coca su único sustento para sobrevivir; no obstante, del papel a la realidad, continúan habiendo un abismo de promesas incumplidas.

La propuesta de que los campesinos transitaran hacía una economía legal está directamente ligado al punto uno del acuerdo de La Habana, que trata sobre la reforma rural, uno de los problemas neurales que dieron origen a los ya más de 50 años de guerra. La organización Oxfam ya alertaba mucho antes del estudio de UNODC sobre la escandalosa desigualdad en la tenencia de la tierra, donde 80% de esta se encuentra en manos de un 1%.

Pese a la enorme importancia del cumplimento de estos puntos de los acuerdos, un estudio publicado a inicios de este año por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), apunta a las fallas del Estado al momento de asumir lo firmado sobre la sustitución de cultivos ilícitos. La oenegé señala además, que el Estado no solo actuó tarde en el despliegue del programa en las zonas en transición de cultivos -expresado en falta de asistencia técnica y apoyo económico- sino también ha sido incapaz de garantizar la seguridad de la población al momento tras la retirada de las FARC de las zonas en conflicto.

‘PAZ' ENTRE LA SANGRE

Para la FIP, la incapacidad del Estado de proteger tanto a los campesinos, como a los exguerrilleros dentro los planes de reinserción y la población en general, es quizás el talón de Aquiles de los problemas con la sustitución de cultivos ilícitos. ‘En los municipios con cultivos de coca la tasa de homicidios aumentó 11%; en aquellos donde la sustitución comenzó, el alza fue del 33%', indica el estudio en referencia al 2017.

Aumento del consumo de drogas en EE.UU.

El Gobierno estadounidenses ha cuestionado a Colombia al presentar sus propias estadísticas sobre los cultivos ilícitos en junio pasado, superando las cifras de la ONU. Según declaró a CNN , Jim Carroll , subdirector de las Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE.UU., los números presentados por Bogotá son ‘inaceptables'.

Sin embargo, este mismo estudio registra en los mimos periodos de aumento de la oferta, un incremento del consumo de narcóticos en los Estados Unidos, país que se encuentra en el otro extremo del problema, al ser el mayor consumidor de cocaína del mundo.

Según explicó Carroll a CNN , desde 2013 hubo un aumento de los usuarios de cocaína en un 81%.

En una entrevista para Sputnik , María Victoria Llorente, presidenta de la FIP, subraya que la salida de las FARC, generó un vacío en la región que no ha sido capaz de llenar el Estado, además de que Colombia, como en otras partes de América Latina, no se ha ‘logrado avanzar en que haya un Estado decente'.

Caracol Radio reportó a inicios de este mes, cifras alarmantes sobre la tasa de homicidios en el país citando estadísticas de la Fiscalía colombiana, que indicó, que durante los últimos tres años -fechas que coinciden con la firma de la ‘paz'- han tenido lugar unos 32 mil homicidios.

De esta ola de violencia en el ‘postconflicto' los líderes sociales han pagado un altísimo costo. La Defensoría del Pueblo colombiana cifra en 343 los defensores de los derechos humanos asesinados violentamente. Pese a la gravedad de los números, el Gobierno -al igual que en la gestión de Santos- ha negado que exista algún tipo de sistematicidad en las crímenes, pese a que la mayoría muchos de líderes asesinados están ligados a grupos comunitarios, organización rural, de luchas ambientales y campesinos que buscan dejar los cultivos ilícitos.

En este contexto, los resultados de los comicios presidenciales del pasado 17 de junio, que dieron la victoria al conservador Iván Duque, de la mano del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, uno de los principales opositores a los acuerdos, y hoy investigado judicialmente por presuntos vínculos con el paramilitarismo, dejan en un limbo el futuro de los acuerdos de paz.

El último balance del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, señala que desde la firma de los acuerdos, solo se ha cumplido con la reforma rural (punto primero) en un 5% y sobre drogas ilícitas (punto cuarto) un 6%, en cuanto a la implementación de todo lo pactado, llega a un 18.3%.