Víctimas piden libertad de "presos políticos" para negociaciones en Nicaragua

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua demandó este viernes la liberación de sus familiares, como muestra de buena voluntad del presidente Daniel Ortega, ante las anunciadas negociaciones para superar la crisis, el próximo miércoles.

"El Gobierno debe tener voluntad de aceptar las exigencias que el pueblo tiene", dijo a Efe la portavoz del Comité, Brenda Gutiérrez.

Anoche Ortega anunció el inicio de unas nuevas "negociaciones" con sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en su mayoría empresarios, para buscar una salida a la crisis, que ha dejado cientos de presos y desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, por participar en protestas con el presidente.

Las negociaciones fueron anunciadas por Ortega como una sustitución del diálogo nacional de mayo pasado, y que el mandatario abandonó de forma unilateral.

El equipo negociador de la Alianza está integrado por los presidentes de las dos principales patronales, José Adán Aguerri y Mario Arana, y el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.

También por el político opositor y exvicecanciller José Pallais, el académico y antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, y el líder estudiantil Max Jérez.

Gutiérrez afirmó que en dichas negociaciones "deberían estar presentes las partes afectadas", aglutinadas en el Comité, así como en la Asociación de Madres de Abril (AMA), que agrupa a los familiares de los muertos, la Unidad Médica, compuesta por médicos despedidos por atender a los manifestantes heridos en los hospitales, y al Movimiento Campesino, que representa a uno de los sectores más perjudicados.

La Alianza, que ha confirmado su "compromiso" de discutir los planteamientos de la sociedad civil, que coinciden en que el Gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas.

Las negociaciones entre la Alianza y Ortega han recibido la aprobación de casi todos los sectores de oposición, pero con reservas sobre si el gobernante cumplirá con las recomendaciones de la CIDH y sólo busca ganar tiempo en el poder.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".