Detención domiciliar para exministro salvadoreño acusado de favorecer a maras

Un juzgado antimafia de El Salvador ordenó este miércoles que David Munguía Payés, exministro de Seguridad y de la Defensa, enfrente en detención domiciliar un investigación judicial por supuesto favorecimiento a las pandillas durante una pacto promovido por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

De acuerdo con un representante de la Fiscalía General de la República (FGR), el militar retirado deberá pagar una fianza de 10.000 dólares para que pueda ser trasladado a su casa.

Añadió que el juzgado otorgó estas medidas alternas a la detención provisional por razones "humanitarias", dada la edad de Munguía Payés y por padecer condiciones de salud que lo podrían poner en riesgo ante la pandemia del COVID-19.

El representante del Ministerio Público aseguró que la jueza titular de la corte "ha reiterado que el proceso está fuerte, que hay abundancia de pruebas" y que revisarán la "legalidad" de la decisión de la detención domiciliar.

Manuel Chacón, uno de los abogados defensores del militar retirado, manifestó a periodistas que las medidas dentro de lo que solicitaron al tribunal.

El letrado explicó que Munguía Payés únicamente podrá salir de su casas por razones de emergencia o para cumplir diligencias judiciales solicitadas por la defensa.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno, redujo los homicidios sensiblemente.

La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones de la Fiscalía, un acuerdo con el Gobierno.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.

El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.

No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua Munguía Payés declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de "pacificación".

Tras la ruptura de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.