Populismo y violencia en América Latina: la crisis del ideal liberal

Una de las principales virtudes de la democracia liberal es el ideal de igualdad bajo la ley y el control delimitado de los poderes del Estado. La democracia liberal es un ideal que tiene como objetivo la protección de los derechos del individuo y la resolución pacífica de tensiones y conflictos sociales. Sin embargo, la historia reciente de América Latina sugiere que la región tiene un mayor apego a los ideales de la democracia radical que al liberalismo expresado en nuestras constituciones.

Desde la óptica de aquellos que promulgan una visión liberal de la democracia, el populismo es una degeneración del sistema político. Constata la desarticulación de las necesidades y realidades de la población de las capacidades y visión del Estado. El populismo según una visión liberal da pie a un autoritarismo de la mayoría. Mientras que para la democracia radical el populismo es el epítome de la expresión popular. Un correctivo contingente de una democracia fracasada. Ambos entendimientos del populismo describen un mismo fenómeno: el auge de un personaje carismático y un discurso político que acumula los reclamos y causas de grupos heterogéneos y los direcciona en contra de un enemigo común prometiendo una resolución (cuasi-divina) del conflicto social. La noción de un “enemigo” –la elite política, los extranjeros, o los insurgentes terroristas– implica la exclusión de un grupo de personas del espacio público y a menudo su deshumanización. La clave del populismo está en ese sentimiento visceral que logra tejer reclamos heterogéneos y hasta irreconciliables para direccionarlos en contra de un “enemigo” y su destrucción. Y es justo el carácter violento del populismo el que mayor éxito está teniendo en la región.

El caso de Perú es uno de los más claros. Recordemos que el país andino tuvo cuatro presidentes desde 2016: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Las elecciones presidenciales en Perú son el perfecto ejemplo de populismos de derecha y de izquierda. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, 5 de los 18 candidatos obtuvieron más de 10% de los votos (una diversidad marcada de grupos reclamando cuotas de poder). El resultado en el parlamento reflejó lo mismo, un legislativo fragmentado. Keiko Fujimori obtuvo apenas un 13%. Y el candidato de la izquierda Pedro Castillo sorprendió con 19%.

El próximo 6 de junio, con un mínimo apoyo inicial, la “derecha” y la “izquierda” se disputarán la Presidencia en una contienda verdaderamente trillada.

Pedro Castillo, el maestro interiorano y líder del partido marxista-leninista Perú Libre, propuso la redacción de una nueva constitución que sea más “solidaria, humanista, y proclame un nuevo estado interventor socialista”. Por supuesto que prometió, además, la nacionalización de los recursos naturales. Y garantizó que invertirá el 10% del PIB en educación y otro 10% en salud (actualmente 3,7% y 3,2% del PIB, respectivamente). En el Perú de Pedro Castillo los jueces serán nombrados por elección popular y en su primer día como presidente firmará un decreto para que “en 72 horas se vayan del país todos los extranjeros” irregulares. Su meta es el desmontaje del aparato neo-liberal que supuestamente oprime al pueblo peruano.

En la esquina de la “derecha”, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, propuso reformas a la constitución para mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo. Keiko Fujimori planteó limitar los poderes del Ejecutivo para disolver al congreso –es decir, no permitir lo que pasó con Martín Vizcarra– así como limitar las potestades del Legislativo para censurar a ministros de Estado. Fujimori sugirió reducir los impuestos a los combustibles, y entregar directamente al pueblo parte de la renta de hidrocarburos. La candidata de Fuerza Popular se alimenta de un discurso populista que apela a la memoria nacional del fujimorismo. Un imaginario que pareciera extrañar el orden impuesto a la fuerza y con violencia. El enemigo en el discurso fujimorista es la amenaza comunista radical y la descomposición del sistema político.

El caso de Chile es otro ejemplo presente del éxito de la violencia como medio para alcanzar fines políticos en América Latina. Según las autoridades chilenas, durante las violentas protestas de 2019 unas 3,7 millones de personas participaron en alguna de las manifestaciones (una población total de más de 18 millones). 2/3 de las protestas ocurrieron en la capital. Los carabineros contabilizaron 118 estaciones de metro que fueron quemadas en un mes. Y según la Cámara de Construcción de Chile, el país sufrió $4,5 mil millones en daños durante la crisis social.

El resultado de las protestas fue la concesión del Estado a realizar el plebiscito nacional de 2020. Si bien un contundente 79% del electorado votó a favor de cambiar la constitución a través de una convención constitucional, solo un 50% de aquellos elegibles para votar participó.

Los resultados de las elecciones de los convencionales el pasado 15 y 16 de mayo de 2021 confirman la tendencia. Solo un 43% del electorado acudió a las urnas. La clase política tradicional recibió un duro golpe (el enemigo). La derecha que aspiraba a obtener al menos un tercio, o 52 escaños, solo logró obtener 37. Los moderados de centroizquierda obtuvieron solo 25 escaños. Mientras la izquierda radica logró 28 convencionales. Los independientes y partidos de izquierda (fragmentados) sorprendieron logrando más de un tercio de las 155 curules.

Los independientes obtuvieron 48. De los cuales 24 están directamente relacionados de una manera u otra con las protestas violentas en plaza Italia, en Santiago de Chile, durante 2019. Si sumamos a los independientes asociados a la plaza Italia y la izquierda radical, podríamos hablar que los discursos disruptivos lograron un tercio de los escaños. Casualmente los mismos discursos que amalgaman reclamos diversos a través de un enemigo en común.

Por supuesto que el caso más presente de violencia y discursos con características populistas en la región actualmente es Colombia. Durante sus más de cinco décadas de terror, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y demás grupos paramilitares justificaron ampliamente el uso de la violencia para alcanzar fines políticos en el país cafetero. Y ahora supuestamente incorporados a la vida pública y al sistema político oficial, parece ser que las viejas prácticas de la insurgencia comunista continúan sobresaliendo. Por supuesto que la crisis social en Colombia no puede ser reducida a narrativas tan reductivas como una de p olicías y ladrones. Pero tampoco se puede pretender que el ataque simultáneo a 15 Centros de Acción Inmediata de la Policía en dos ciudades del país fue la voluntad espontánea del pueblo. Y aunque no sea una política oficial de Estado asesinar a decenas de manifestantes, los altos grados de violencia y la deshumanización del “enemigo” son producto de las dinámicas populistas de una tradición política cuya única propuesta parece estar anclada en la violencia.

Las últimas encuestas en Perú describen un país completamente polarizado. La intención de voto muestra un 50/50 a menos de 20 días de las elecciones. En Chile la convención constituyente, completamente fragmentada y seleccionada por solo 43% de la población, tiene la responsabilidad de presentar una nueva constitución, una nueva propuesta. Y tras más de cuatro semanas de protestas en Colombia, el movimiento social que forzó al gobierno de Iván Duque a retirar las reformas tributarias deberá escoger una propuesta política que mantenga la unidad de los grupos heterogéneos que lo conforman o desvanecer como un mero momento de ebullición política.

En promedio, cada país de América Latina ha redactado más de 10 constituciones desde nuestras independencias en el siglo XIX (un total de 195 constituciones desde 1810). Al menos cuatro países, entre ellos Venezuela y Ecuador, tuvieron más de 20 constituciones. La tradición democrática de la región parece tener como norma el ideal populista y la violencia. Es hora de entender que no se trata de cambios constitucionales, golpes de pecho o un lenguaje rimbombante. La crisis democrática de la región no se debe a un enemigo. El centro del problema no son nuestras leyes, sino nuestros ideales políticos. Es hora de rescatar el verdadero ideal liberal y convertirlo en una propuesta política de consensos que no excluya y logre domar el resentimiento social en pro de un progreso sostenible.