De la Carta Democrática Interamericana a los autoritarismo competitivos

El 11 de septiembre del 2001 no es solo una fecha en el calendario. Es ya una frase que evoca la memoria de los terroríficos ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EE.UU. Ese día estaba destinado a cambiar el mundo, sin embargo un grupo de 19 yihadistas secuestro no solo tres aviones sino también el futuro y destino que había escogido toda una región.

El 11 de septiembre del 2001, el Secretario de Estado de los EE.UU. Colin Powell se encontraba en Lima, Perú junto a 32 otros cancilleres de la región. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo una sesión extraordinaria para debatir los méritos de la Carta Democrática Interamericana (CDI). La CDI es un instrumento único en el multilateralismo regional y una referencia jurídica mundial que establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable” para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. El documento fue propuesto por el gobierno de transición de Perú como remedio preventivo para evitar la captura del Estado por regímenes autoritarios como lo fue el caso con Alberto Fujimori. El respaldo de EE.UU. a la iniciativa era tal que, minutos después de que las Torres Gemelas se derrumbaran, Colin Powell, quien permaneció durante la sesión, dijo ante el pleno de la Asamblea General de la OEA reunida en Lima: “Es mi deseo estar aquí para expresar el compromiso de los Estados Unidos con la democracia en el hemisferio(…) es lo más importante que puedo hacer antes de regresar a Washington, D.C. (...) los terroristas pueden destruir edificios y matar personas —y nosotros nos entristeceremos por estas tragedias—, pero jamás podrán matar el espíritu democrático”.

Minutos después, los países miembros de la OEA aprobaron la CDI. El compromiso internacional de los EE.UU. con la democracia expresado por Colin Powell si existió, sin embargo los ataques del 11 de septiembre re-direccionaron los frenéticos esfuerzos de Norteamérica hacia el Medio Oriente.

Por supuesto que las decisiones intervencionistas de EE.UU. en el Medio Oriente fueron desastrosas, pero también es cierto que ninguno de los siete países que han sido bombardeados por EE.UU. desde el 2001 eran democracias. ¿Qué hubiese sido de la región si los $6.4 trillones utilizados por EE.UU. en su guerra contra el terrorismo hubiesen sido dispensados en favor de la democracia en la región? EE.UU. definitivamente incumplió su compromiso de liderar la implementación de la CDI. Un compromiso que a nivel sistemático, era fundamental para lograr la eficacia de la CDI.

La CDI nació para atar las políticas de la región a los principios democráticos. Estos principios están claramente detallados en el artículo 3 de la CDI: ”el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La invocación de la CDI permite la intervención diplomática del bloque regional. La idea era que en conjunto, la región podía coordinar medidas que llevaran a países hacia el restablecimiento del orden democrático o acompañarlos durante momentos de inestabilidad política. Sin embargo, ante la ausencia del liderazgo y sobre todo el poder de EE.UU. en la región, la defensa de la democracia en el continente se volvió una falsa transaccional. Los petrodólares venezolanos del régimen del difunto Hugo Chávez en conjunto con la red ideológica del Foro de São Paulo lograron en tan solo 20 años convertir a las Américas de un bastión de la democracia en el mundo a un refugio de autoritarismos competitivos. Y en la segunda década del siglo 21, la extrema derecha en la región también consiguió una fórmula para secuestrar la democracia sin mayor resistencia.

En sus 20 años de existencia la CDI ha sido invocada una decena de veces. Su implementación sin embargo carece de contundencia y resultados concretos en pro de la defensa de la democracia. La falta de coordinación y alineación de intereses de los países miembros de la OEA está vacía de un liderazgo ideológico, político, y económico.

En el 2018 la CDI fue invocada en respuesta a las ilegítimas elecciones presidenciales que realizó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y que por supuesto gano con un absurdo 67% de los votos. 19 países apoyaron la moción para declarar el proceso ilegítimo. seis países votaron en contra y 11 se abstuvieron. Es decir, que el liderazgo/poderío de los EE.UU. y el compromiso democrático de la región solo lograron persuadir a 19 gobiernos a defender la democracia. 17 abandonaron los principios democráticos en favor de algún beneficio político o económico.

En junio del 2021, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó por tercera vez los artículos de la CDI para coordinar una voluntad regional en defensa de la democracia en Nicaragua. Esa voluntad no se materializó en acciones. Desde junio 2021, ocho candidatos presidenciales y más de 30 líderes opositores han sido detenidos por el régimen de Daniel Ortega de cara a las elecciones presidenciales de este noviembre.

La CDI no fue diseñada como recurso de última instancia ante dictaduras ya bien establecidas, en vez su diseño imaginaba una región que constantemente interactúa y se compromete con las mejores prácticas democráticas para generar estabilidad, paz y el desarrollo económico de la región. La realidad es que las clases políticas nacionales no tienen mayores incentivos a corto y mediano plazo para defender la democracia y mucho menos ceder poder a organismos multilaterales.

Esta realidad está atada por supuesto a discursos anti-imperialistas y anti-liberales que son fórmulas comprobadas para ganar elecciones. Estos discursos empleados de manera estratégica para capturar el poder han hecho de la defensa a la democracia una causa inútil para solventar las necesidades de las poblaciones de la región. Mientras que la violencia, la confrontación y el autoritarismo aumentan en popularidad como mecanismos de resolución de conflictos sociales.

La CDI, por ejemplo, debió ser utilizada hace años para presionar al gobierno de Jair Bolsonaro a moderar su discurso político y ataques contra la institucionalidad y la separación de poderes. En vez, hoy en día es aceptable escuchar al ex-capitán del ejército Jair Bolsonaro, el presidente de un país supuestamente democrático, amenazar al poder judicial con violencia e insurrección. Esta misma semana, durante las celebraciones del día de la independencia Bolsonaro subrayó que “sólo Dios” lo puede sacar del poder. Sus simpatizantes que salieron a protestar en 18 ciudades del país exigen que el presidente disuelva el congreso y la corte suprema. Otros piden una intervención militar, peticiones que hacen eco a los discursos del ejecutivo. Ningún presidente democrático en las Américas debería poder atentar contra la democracia de esta manera.

La aplicación de la CDI debería, a través del consenso y compromiso democrático, censurar a mandatarios que busquen interrumpir el orden democrático. Esto por supuesto también hubiese aplicado al presidente Donald Trump. Las consecuencias de permitir discursos antidemocráticos al control de instituciones se vivieron en EE.UU. el pasado 6 de enero durante la insurrección en el capitolio norteamericano.

Similarmente la CDI debe ser invocada y su implementación codificada ante el intento de interrupción del orden democrático en El Salvador. En mayo, el presidente democráticamente electo, junto a la Asamblea Nacional que controla, destituyó a un tercio de los jueces del país, a 5 de los magistrados de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y decenas de fiscales. Y en septiembre la nueva sala de lo Constitucional avaló la reelección presidencial a pesar de ser claramente inconstitucional. El presidente Bukele escogió el camino autoritario y no hay duda de eso. Desde el momento en que el presidente democráticamente electo asalto el pleno de la Asamblea Nacional con el ejército en febrero del 2020 para exigir la aprobación del Plan de Seguridad territorial quedo claro que las urnas habían legitimado a un autoritario y no a un demócrata. En vez de invocar la CDI y coordinar esfuerzos diplomáticos coercitivos en defensa de la democracia legitimado por un consenso regional, los EE.UU. y sus debilitados aliados recurrieron a comunicados escuálidos denunciando sin vergüenza prácticas que son ya costumbre en la región (incluyendo en los EE.UU.).

En conclusión, es imperativo que surja un nuevo liderazgo regional que promueva la defensa de la democrática en base a lo establecido en la CDI y rescate el consenso que existió en el 2001. Este nuevo liderazgo debe plantear incentivos concretos (económicos) para preservar el estado de derecho y la institucionalidad diplomática. La región atraviesa un momento en el cual la homologación de intereses es más fácil de cara a problemas compartidos: el impacto económico y sanitario de la pandemia, la crisis migratoria en la región, y los efectos del cambio climático (desastres naturales). Disponer de beneficios económicos para proteger las fronteras y acomodar a migrantes, asistir durante desastres naturales e impulsar la reactivación económica puede ser la clave para convencer a los políticos de la región a mantener estándares mínimos de democracia.