28 de Nov de 2021

América

Critican a la Asamblea Legislativa de El Salvador de atacar instituciones democráticas del país

Según Human Rights Watch, los partidarios del presidente Nayib Bukele han impulsado una agenda promovida por él para eliminar prácticamente todos los controles sobre el Ejecutivo

Nayib Bukele
El presidente salvadoreño, Nayib BukeleEFE

Desde que los diputados partidarios del presidente Nayib Bukele obtuvieron el control de la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo de 2021, la legislatura ha adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia judicial y restringir la rendición de cuentas pública. Además también han archivado varios proyectos de ley que hubieran significado avances para los derechos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos.

Según HRW, "los partidarios de Bukele han utilizado su mayoría de dos tercios en la legislatura para impulsar una agenda —promovida por Bukele— para eliminar prácticamente todos los controles sobre el ejecutivo. Los legisladores han cooptado la Corte Suprema, nombrado un nuevo fiscal general y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores". 

Además, "han archivado proyectos de ley que habrían despenalizado el aborto en ciertas circunstancias y establecido el reconocimiento legal del género para las personas transgénero". Está previsto que la Asamblea examine una reforma constitucional impulsada por el Gobierno.

"En tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos, y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos. Dado el récord de la Asamblea de Bukele, es razonable temer que utilizará la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder por parte del ejecutivo", expresó José Miguel Vivanco, director de HRW, a través de nota.

El 1 de mayo, detalla la nota de HRW, el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, aseguró su dominio de la Asamblea al obtener 56 de los 84 escaños. De acuerdo con HRW, inmediatamente, la Asamblea adoptó medidas para socavar el Estado de derecho y archivó proyectos que habrían representado avances significativos en la protección de derechos fundamentales. Por ejemplo:

  • El 1 de mayo, los legisladores destituyeron y reemplazaron de manera sumaria a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Las destituciones constituyen una violación a los estándares internacionales de derechos humanos que establecen claramente que ningún juez o fiscal puede ser destituido solo porque el gobierno o el partido oficial no coinciden con sus decisiones.
  • El 19 de mayo, archivaron un proyecto para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación sexual o cuando el feto presente complicaciones graves incompatibles con la vida extrauterina. El Salvador sigue siendo uno de los pocos países del mundo donde el aborto se encuentra totalmente prohibido, lo cual viola los derechos humanos de las mujeres.
  • El 14 de mayo, archivaron un proyecto que habría establecido un procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero. La ausencia de este procedimiento en El Salvador ha dado lugar a violaciones de derechos humanos contra personas trans, incluidas vulneraciones del derecho a votar, a estudiar y a trabajar.
  • El 5 de mayo, aprobaron una ley que otorga “inmunidad” a funcionarios gubernamentales y contratistas en relación con compras de emergencia relacionadas con la pandemia de Covid-19. Al momento de su destitución, el fiscal general, Raúl Melara, estaba investigando a varios funcionarios gubernamentales, incluidos los ministros de finanzas y de salud, por presunta corrupción en compras de emergencia relacionadas con la pandemia. El 20 de octubre, la Asamblea reformó la ley para "aclarar" que la "inmunidad" no se refería a actos de "corrupción", "soborno" o cualquier "actividad delictiva similar". La nueva ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.
  • El 18 de mayo, conformaron una comisión especial para investigar la asignación de los fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales, en un aparente esfuerzo por intimidar a las organizaciones de la sociedad civil. La comisión, compuesta por legisladores del partido de gobierno y aliados, no ha anunciado ningún resultado públicamente hasta la fecha. No obstante, algunos de sus miembros han acusado a organizaciones no gubernamentales de ser “corruptas”, sin presentar pruebas.
  • El 30 de junio, la Asamblea designó a cinco nuevos jueces de la Corte Suprema, violando el proceso establecido por la constitución y las normas internas de la Asamblea. Cada vez que se renueva la legislatura, la constitución permite que la nueva composición del órgano legislativo nombre a 5 de los 15 jueces que conforman la Corte Suprema. Sin embargo, la actual Asamblea controlada por Bukele ya ha designado a 10.
  • El 31 de agosto, los legisladores aprobaron dos leyes que permiten que la Corte Suprema y el fiscal general destituyan a fiscales y jueces de instancias inferiores e intermedias mayores de 60 años de edad. Una de las leyes también amplió la facultad de la Corte Suprema para trasladar a jueces a nuevos puestos. Estas medidas podrían ser utilizadas para castigar a aquellos que son independientes o son percibidos como tales. Estas leyes contravienen los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y ya se han utilizado para destituir a decenas de jueces y fiscales y transferir a al menos otros ocho.
  • El 21 de septiembre, la Asamblea designó a siete miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, la institución responsable de proponer nuevos candidatos para puestos en la Corte Suprema y en tribunales inferiores e intermedios. Algunas de las preguntas que los legisladores plantearon a los candidatos sugieren que sus nombramientos fueron decididos según criterios políticos. Los legisladores preguntaron a los candidatos qué pensaban sobre la reciente destitución de jueces y sobre una sentencia de septiembre que habilitó a Bukele a postularse para la reelección inmediata.
  • El 20 de octubre, aprobaron una ley que prohíbe de forma temporal las “concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación”, a menos de que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Salud. La ley, aprobada algunos días después de una manifestación contra el gobierno en San Salvador, exceptúa de la prohibición a los “eventos deportivos ni culturales” y pareciera estar orientada a prohibir las protestas contra el gobierno. La ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho de reunión pacífica, toda restricción impuesta por motivos de salud pública deberá ser racional y proporcionada, y no puede ser aplicada arbitrariamente o para fines políticos.
  • El 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cooptada recientemente por el gobierno, determinó que la Constitución permitía la reelección presidencial inmediata. La constitución salvadoreña prohíbe a quien “haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses... durante el período inmediato anterior” postularse como candidato a presidente. Se había interpretado consistentemente que esta disposición prohibía la reelección inmediata.

La organización dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos manifestóa través del comunicado, que, en junio, Rodolfo Delgado, el fiscal general designado el 1 de mayo, puso fin a un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combatía la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. La comisión había contribuido con la investigación de presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios de alto nivel de la administración de Bukele, incluyendo compras relacionadas con la pandemia.

la nota agrega que el fiscal general también habría desmantelado una unidad de la Fiscalía que estaba investigando supuestas negociaciones entre el gobierno de El Salvador y varias pandillas que operan en el país. El medio de investigación El Faro informó en septiembre de 2020 que funcionarios gubernamentales habían ofrecido privilegios penitenciarios a integrantes de pandillas que estaban detenidos, así como mayores oportunidades de empleo para miembros que no estuvieran en prisión, a cambio de un compromiso por parte de las pandillas a que disminuyera las tasas de homicidios en el país.

HRW explicó que, en septiembre, el vicepresidente Félix Ulloa hizo público un anteproyecto de ley para reformar la constitución, que incluye más de 200 propuestas de cambios. Estos incluyen extender el mandato presidencial de cinco a seis años y reformar completamente algunas instituciones, como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral (responsable de supervisar las elecciones) y la Corte de Cuentas (órgano que audita los fondos públicos). La propuesta reemplazaría estos órganos con entidades nuevas, cambiaría la forma en que se designa a sus autoridades y destituiría a las autoridades actuales tan pronto se establezcan las nuevas instituciones. Las reformas podrían ser utilizadas para que el gobierno ejerza mayor control sobre estos órganos.

“El proyecto de reforma no aborda problemas crónicos de derechos humanos en El Salvador, como el uso abusivo de la prisión preventiva, los altos índices de violencia e impunidad, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la falta de protección a los derechos de las mujeres”, manifestó la organización dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos.

Y añadió: “Está previsto que el presidente Bukele presente la reforma, que podría incluir cambios suyos, ante la Asamblea. Bukele ya ha anunciado cambios para eliminar lenguaje en el proyecto preliminar de Ulloa que podría haber allanado el camino para el reconocimiento del matrimonio entre las personas del mismo sexo y flexibilizado la actual prohibición total del aborto en el país”.

Según el derecho salvadoreño, la reforma constitucional deberá ser aprobada por la actual Asamblea y ratificada por la próxima legislatura, que será elegida en 2024.