Acosar, violar y matar mujeres; una cuestión de poder

‘Mi aldea fue atacada temprano en la mañana. Logré correr y esconderme en unos arbustos con mi bebé de tres días. Regresé en la noche (...) pensando que los atacantes se habían ido, pero un grupo de soldados (...) nos encontraron a mí y a mi bebé (...) todavía estaba sangrando del parto, pero igual uno de los soldados me violó. Me quedé callada y no me resistí cuando vi a otra mujer recibiendo un tiro en la cabeza por negarse a tener sexo con los soldados'.

Así cuenta una joven de 20 años la cotidiana brutalidad de la que son víctimas miles de mujeres y niñas bajo la cruenta guerra civil en Sudán del Sur; el testimonio, fue recogido en mayo pasado en un informe de Naciones Unidas, mismo organismo que llegó a denunciar el pago de sueldos a soldados en forma de autorización para violar mujeres.

Los abusos sexuales, como arma y botín en conflagraciones, son tan antiguos como la guerra misma.

Registros del antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma lo constatan, desde las tribus semíticas, a las invasiones mongolas, la conquista de América, pasando la colonización europea de África, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, el avance de los Jemeres Rojos en Camboya, el genocidio de Rwanda y en los Balcanes o la más reciente invasión estadounidense a Irak; a través de los siglos en los cinco continentes, el cuerpo de las mujeres ha sido una extensión de los ‘dominios' durante la guerra, pero también fuera de ella.

No fue sino hasta finales de 1998, que por primera vez los abusos sexuales cometidos en conflictos fueron tipificados plenamente como delitos internacionales y crímenes de genocidio.

Este avance histórico en materia de derechos humanos universales, que permitió impulsar nuevos acuerdos intencionales sobre un asunto largamente prorrogado, vino de una reivindicación contra una realidad igual de milenaria y brutal, la violencia domestica, explica la catedrática de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (UP) , Briseida Allard.

Las mujeres latinoamericanas, señala Allard, fueron las pioneras en evidenciar y denunciar que la violencia contra las mujeres no era un asunto privado entre particulares, sino un problema de orden público, que vulneraba las garantías elementales de la mitad de la población del mundo.

Fue en el Primer Congreso Feminista Latinoamericano y Caribeño de 1981 en Bogotá, donde se propone el 25 de noviembre como Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura trujillista en República Dominicana. Dieciocho años después, la ONU adoptaría la fecha como se conoce hoy. Para la docente, tanto la violencia que tiene lugar en un conflicto armado como la que ocurre en sociedades sin guerra, —aunque en escenarios y bajo racionalidades diferentes—, responden a una lógica similar, ligada con el poder jerarquizado.

‘Ambas tiene un punto en común: la violencia machista. El hecho de imponer a una relación específica, un modo de poder de un hombre hacia las mujeres, al final de cuentas es la razón última de todas la violencias contra las mujeres', subraya Allard.

En ese contexto, tienen un punto de encuentro atrocidades cometidas en conflictos como en Sudán del Sur o en la comunidad de Calovevorita, en Santa Fe de Veraguas —donde un hombre violó durante décadas a casi 50 mujeres de manera impune—.

Para la historiadora y también docente de la UP, Yolanda Marco, los dos casos, como otros de violencia hacia las mujeres, revelan un problema estructural.

Por ejemplo, un acto de violación no es simplemente un cuestión del impulso sexual incontenible de unos cuantos varones que no pueden resistir la tentación o porque una mujer anda con una falda corta o un escote (...) es una acto de poder, de allí que algunos violadores abusen de ancianas de 80 años, mujeres discapacitadas e incluso a otros hombres. Ese ejercicio de poder aplica para cualquier otro tipo de violencia machista,' apunta la profesora universitaria, y agrega que ‘esa forma estructural de jerarquizar el poder no es otra cosa que el patriarcado'.

Según Marco, esa forma de imponer el poder se expresa estructuralmente en un control que hacen los hombres sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, organizando bajo ese esquema todas las relaciones sociales, personales, familiares y hasta íntimas.

De modo que, en opinión de Marco, instituciones antiquísimas como la prostitución, han resistido siglos de avance en materia de derechos humanos, como una de las muchas expresiones de la profundas raíces que tiene el patriarcado en las mentes de hombre y mujeres.

Sobre esto, la antropóloga argentina, Rita Segato, señala que ‘la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad' y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles'.

En las relaciones de pareja, ese ordenamiento social de control sobre las mujeres, muchas veces se introduce como un supuesto ‘gesto de amor', que no en pocas ocasiones termina convirtiéndose en una sentencia de muerte.

Según los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2017, al menos 2,795 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región, encabezando la lista Brasil, seguido por los países del Triangulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), números conservadores al estar basados solo en información disponible oficialmente, por lo que las cifras podrían ser mayores.

‘El femicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día', dijo la semana pasada, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en un comunicado publicado por el organismo.

En el caso de Panamá, de acuerdo a información del Ministerio Público, tan solo de enero a octubre de este año se han registrado 16 femicidios y al menos 7 tentativas de femicidio. En tanto, en el mismo periodo, se cometieron 5,006 violaciones y otros delitos sexuales, en su mayoría contra mujeres y menores de edad, lo que colocan la comisión de este tipo de crímenes en un promedio de 15 por día.

A esta ola de violencia contra las mujeres y niñas, que la ONU ha calificado como una ‘pandemia global', se le suma una arraigada desigualdad económica y social que se cierne como una trampa que limita el poder de las mujeres para enfrentar esta violencia.

En América Latina, las mujeres duplican el tiempo de trabajo no remunerado frente a sus pares masculinos según la CEPAL; informes de Naciones Unidas, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, hablan de 4.4 millones de mujeres en pobreza extrema en comparación con los hombres.

El organismo multilateral, utilizando datos de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la UNESCO, revela que 300,000 mujeres mueren cada año por causas vinculadas al embarazo en países en desarrollo y desarrollados; mientras que actualmente 15 millones de niñas no llegarán a aprender a escribir ni a leer al estar fuera del sistema educativo, comparado los con 10 millones de niños en las mismas condiciones.

No obstante, estas estructuras de poder vertical no rigen sin resistencia.

‘Parte de la batalla por una sociedad más igualitaria, para las mujeres y hombres, está en el mundo de las ideas, hay que desafiar esas jerarquía con organización y al mismo tiempo disputar el sentido común, que está sometido a la cultura machista' apunta Natalia Beluche Barrantes, actriz de 31 años y activista feminista.

De acuerdo con Beluche Barrantes, una de las organizadoras del festival de arte y cultura ‘Fémina', que se realiza hoy en la ciudad capital, es necesario construir ‘pensamiento crítico' junto a las mujeres, ‘desde la policías, a las funcionarias públicas, campesinas, afropanameñas e indígenas, que les permita cuestionar esas estructuras dominantes'.

En esta misma vía, Corina Rueda, abogada de 26 años, también activista feminista y parte del equipo organizador del Primer Encuentro Intergeneracional Feminista, realizado en marzo pasado, apunta al empoderamiento colectivo de las mujeres.

‘La democratización de la sociedad y lucha por los derechos y vidas de las mujeres, pasa por la organización de base, es decir con las comunidades, de manera diversa y que incluya acceso a puesto de poder', subraya Rueda.

La abogada indica igual, que los varones pueden tener un papel en esa lucha por la igualdad, ‘los hombres deben tener un rol de aliados dentro de la lucha feminista (...) ayudando a hacer verdaderamente libre la sociedad, superando el patriarcado'.

Ambas jóvenes coinciden frente a las violencias que enfrentan las mujeres a diario, de acoso, abusos sexuales y particularmente ante el alza de femicidios, que la necesidad de una sociedad más justa no puede esperar la muerte de una mujer más.