Fiscal venezolana solicita retirar inmunidad a jueces del Supremo

En un nuevo y complejo entramado legal, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la inmunidad de ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa Corte para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento.

‘La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal', afirmó según Efe la titular del Ministerio Público desde el máximo tribunal tras iniciar la acción legal.

En una solicitud que pediría una suerte de ‘autodestitución' de los magistrados, Ortega Díaz presentó la medida de ‘antejuicio de mérito' contra seis magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana-: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

A juicio de la fiscal, el TSJ, a través de la Sala Constitucional, ‘ha venido ejecutando una política reiterada dictando distintas decisiones' en contra de la Asamblea Nacional venezolana.

Se refirió específicamente a las dos decisiones tomadas por esta sala con las que a finales de marzo el Supremo se arrogó las funciones de la Cámara, inutilizando al cuerpo legislador, y declarando incompatible la inmunidad de los diputados, una medida que fue revertida pocos días después. Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna sin que se haya consultado a los venezolanos sobre esto.

‘Cuando se desconoce el estado de derecho me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito porque es necesaria la paz de la república, es necesaria la seguridad', dijo.

Aunque la fiscal presentó el recurso en la máxima magistratura de justicia del país, admitiendo de hecho la legitimidad del Supremo, órgano que no es reconocido por la Asamblea Nacional, apuntó una supuesta ‘conspiración' para cambiar la forma republicana' de la nación, consagrada en la constitución venezolana.