La matemática inexacta de las auditorías de la Contraloría

Indignación, sed de justicia, son los sentimientos que manifiestan los ciudadanos ante los escándalos de corrupción, mientras que en una pasada entrevista con La Estrella de Panamá el contralor, Anel Flores, prometió que “se revisaría todo” porque “el rol de la Contraloría General de la República (CGR) es cuidar los fondos del Estado”. Sin embargo, al Tribunal de Cuentas (TC), donde se lleva a cabo el proceso patrimonial, no han llegado las auditorías de los mayores escándalos de corrupción.

Hasta mediados de junio, es decir, tras cinco meses de su gestión, Flores dijo a este diario que concluyeron 500 auditorías y que ya “listas” las habían entregado tanto al Ministerio Público (MP) como al TC, sin precisar cuáles se entregaron a una u otra entidad.

“Muchas están en proceso de envío. No te puedo dar el número exacto, pero están concluidas”, declaró Flores en el segmento de entrevistas de La Decana: Polígrafo, grabado el 18 de junio. Desde el 19 de junio este diario consultó a la CGR cuáles habían sido entregadas, a dónde y qué auditorías eran, pero la información nunca fue entregada.

Pero el pasado jueves, Flores cambió sus palabras de “listas” y “concluidas” y matizó que se trataba de 500 “ejecutando”, aunque evitó detallar sobre el tema, alegando no estar disponible ni jueves ni viernes.

“En estos momentos no tengo mucho que declarar”, dijo cuando este medio le solicitó que quería hacerle una consulta en calidad de entrevista referente a las auditorías efectuadas por la CGR.

No obstante, en un reciente informe de gestión de la entidad colgado en su portal, el fenómeno Gaby 4x8=40 apareció. En un mes la cifra se redujo a la mitad: Son 237 auditorías entregadas en un semestre; de estas, 88 fueron enviadas al MP y “el resto”, cita el informe en video al TC.

Esta diferencia serían 149 auditorías al TC y que en total las auditorías representan $45 millones en afectaciones detectadas, mientras que hay 398 en proceso.

Sin embargo, el detalle de parte del TC tampoco coincide con el reporte de la CGR. Flores asumió su cargo el 2 de enero pasado y en su gestión la CGR entregó 88 auditorías al citado TC. Este medio pudo obtener el detalle preciso hasta este 25 de julio (ver tabla).

Además, de estas 88 auditorías que suman un total de $18 millones, sólo 63 fueron efectuadas desde 2025, según la fecha que aparece en el informe de auditoría, lo que implica que de las 149 anunciadas en el video de gestión semestral por la CGR, en el TC solo hay 63 efectuadas por la administración Flores, en los archivos del TC al 25 de julio.

Hay otras 25 cuyas fechas de informe de auditoría corresponden a fechas anteriores a 2025, en la administración del excontralor Gerardo Solís y dos sin fecha y tampoco son de los tan ventilados escándalos, la mayoría de los montos son mínimos.

¿Qué pasó con los escándalos de la corruptela?

En la lista brillan por su ausencia los escándalos de posibles casos de malversación de fondos públicos del quinquenio pasado del expresidente Laurentino Cortizo (2019 - 2024), tales como el Hospital Covid, las cuestionadas compras de equipos médicos o insumos durante la pandemia.

“Nos dieron una propina”, detectamos “incumplimientos”, “manipulación financiera”, manifestó Flores en una de sus primeras conferencias al referirse a la sonada auditoría de Panamá Ports Company (PPC) , subsidiaria de la empresa china CK Hutchison Holdings y que con esta concesión portuaria el Estado dejó de percibir más de 1.200 millones de dólares. Pero, pese a estas calificaciones, el informe no llegó al TC.

Tampoco está la auditoría del cuarto puente sobre el Canal, con denuncias de presuntos sobrecostos, ni del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos por los polémicos auxilios económicos a allegados de políticos o a quienes no necesitaban este salvavidas por contar con recursos para sus estudios.

Entre las auditorías más cuantiosas entregadas y correspondientes al periodo de Flores -es decir de enero 2025 en adelante- figuran los proyectos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), actual Dirección de Asistencia Social (DAS), periodo de investigación de 2009 - 2019, cuyo monto es de un millón 734.936 dólares.

También el manejo del Fondo de Asistencia del Gobierno Central de la Junta Comunal de David Sur, provincia de Chiriquí, que investigó el uso de los recursos estatales para el periodo 2019 al 2024, por un millón 551.498 dólares, y otros dos contratos por un millón 246.000 cada uno, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el otro por el uso del Fondo de Asistencia del Gobierno Central de la Junta Comunal de Boró, distrito de La Mesa (busque las otras auditorías de las juntas comunales en el cuadro de la nota web).

Sin embargo, al TC no han llegado las auditorías de las juntas comunales más sonadas, sino 16 correspondientes a las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Los Santos, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, y apenas una de Panamá por una suma de 6.3 millones de dólares.

Pero en la estructura de fondos paralelos a estos gobiernos locales se transfirieron 320 millones de dólares entre 2021 y 2024.

Según un comunicado de la Contraloría, ya son 25 las juntas comunales auditadas “de un impacto económico” por 13 millones dólares en el periodo 2019-2024, empero, la suma que tiene el TC de las auditorías recibidas apenas llega a los 6.3 millones de dólares con 16 informes.

Pero las primeras juntas comunales investigadas, y mencionadas por Flores en sus intervenciones en los medios, como Curundú, Betania y Ancón, debido a la cuantía de fondos recibidos y todas dirigidas por miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a quienes se les asignó un total de 9 millones de dólares, tampoco fueron entregadas al TC.

De igual manera, no reposa en los archivos del Tribunal la de Barrio Norte de la provincia Colón, que volvió a ser recordada públicamente en medio del conflicto en la Asamblea Nacional en el que el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, recibió el pasado lunes un golpe en el rostro por parte del diputado del PRD, Jairo ‘Bolota’ Salazar, quien fungió como representante durante dos quinquenios seguidos (2014- 2024) en ese lugar, y que recibió los mayores fondos de la llamada “descentralización paralela” por 14 millones de dólares.

Flores indicó que detectó unos tres millones “sin sustento” de ese gobierno local cuando Salazar era representante, según sus declaraciones en junio pasado.

La importancia del envío de las auditorías

¿Cuál es el objetivo de una auditoría? Según la Ley 32 de la CGR, es la recuperación de los bienes y fondos del Estado.

En el momento en que culmina una auditoría de la CGR esta debe entregarse tanto al MP como al TC, toda vez que, según la jurisprudencia, son la prueba idónea para las investigaciones de peculado.

En tanto, en la jurisdicción del TC estas auditorías son la materia prima con la que se inician los procesos para la recuperación de bienes y fondos a favor del Estado.

El MP confirmó, a través de su equipo de prensa, que de enero a julio de 2025 la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha solicitado 370 auditorías y se recibieron 98 de la CGR.

De esas 98 auditorías 74 tenían lesión patrimonial. Aún quedan pendientes 297, de las cuales 249 corresponden a situaciones en el área metropolitana y 48 a regionales, indicó la PGN a través de su equipo de prensa, según información recabada al 22 de julio.

Justamente, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, denunció en enero pasado que no le estaban llegando las auditorías por casos de corrupción y ha presentado un proyecto de ley para avanzar sin las auditorías de la CGR.

La CGR informó que en las próximas semanas se entregarían otras 20 auditorías de un plan de 72 juntas comunales.

“Es nuestro mandato enviar las auditorías en simultáneo” , dijo Flores a este diario durante la entrevista en junio, lo que no ha ocurrido. Estas auditorías se efectúan de oficio o por petición del MP, añadió la exfiscal general de Cuentas Waleska Hormechea.

Si en la auditoría se detecta una lesión patrimonial, la CGR debe remitir el informe completo al MP para que inicie una investigación por peculado y a la jurisdicción de cuentas para que investigue el mal uso de fondos públicos desde el punto de vista de la lesión patrimonial; son dos trámites en paralelo.

La buena práctica es que se envíen los informes en simultáneo para que haya intercambio de información y evitar dilaciones o que se pierdan evidencias.

En vista de que Flores indicó que no podía atender ni jueves ni viernes, se le mandó un cuestionario a su asesor donde se le consultó a la CGR a qué se debe la contradicción en las cifras de las auditorías entregadas y por qué algunas no llegaron al TC, así como por los escándalos de corrupción que tampoco aparecen en estos dos entes de investigación, entre otras interrogantes, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.