¿Hasta cuándo, señores?

No recuerdo en Colombia, en mis cuatro décadas de memoria política, un enfrentamiento parecido entre el poder ejecutivo y el judicial. Todos los gobiernos han tenido agarrones con las cortes (Alfonso López, por la pequeña constituyente; Virgilio Barco, por decretos de orden público; Andrés Pastrana, por medidas económicas...), pero ninguno tan prolongado e intenso como el que hace más de tres años libran el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Y no da muestras de ceder. Por el contrario, cada hecho nuevo radicaliza más la situación. Basta ver la escalada de los últimos 15 días. Las denuncias de Luis Carlos Restrepo contra magistrados.

La condena de los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por cohecho en el trámite de la reelección de Uribe. El comunicado de la Unidad de Investigación de Activos Financieros (Uiaf) divulgado por la Casa de Nariño sobre pesquisas financieras a magistrados. La inmediata reacción conjunta de las cortes y la renovada exigencia de que se aclaren las ‘chuzadas’. La investigación de la Corte Suprema a 86 congresistas. La investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara a magistrados..

¿Para qué seguir? No cabe resumir aquí todos los insólitos episodios de esta desgastadora disputa, que además pasó de lo constitucional a lo penal. La cosa ha llegado lejos, cuando de un lado al otro se cruzan acusaciones veladas sobre contaminación por el narcotráfico o complicidad con el paramilitarismo. Es una pelea preocupante porque sus consecuencias institucionales, políticas e internacionales pueden resultar tan imprevisibles como dañinas. Algo tienen que hacer las cabezas de los poderes públicos para apaciguar una disputa que desbordó la tradicional noción de ‘choque de trenes’. Para colocarse al borde de un severo descarrilamiento institucional.

Con una economía emproblemada, el desempleo y la criminalidad en ascenso y urgencias sociales de toda índole, es desolador ver a los más altos representantes del Estado enfrascados en este espectáculo. Una triste contienda de egos inflamados y vanidades heridas, en la que nadie quiere ceder primero. Y el país, que se joda. Como están las cosas, lo mejor sería que el anunciado relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial fuera un bombero profesional. Porque no será fácil apagar el fuego. No parece que lo logrará el procurador Alejandro Ordóñez, cuya oferta de mediación no tuvo mayor acogida en la Corte Suprema. ¿Lo consideran acaso muy afín al Presidente?

Para salir del apasionado embrollo también sería recomendable desenredar principios elementales. Los magistrados deben respetar la investidura y dignidad de sus cargos. No pueden prestarse a homenajes ni agasajos deplorables, ni aceptar regalos sospechosos. Y no están, por supuesto, por encima de la justicia. El Gobierno, por su lado, mal puede dedicarse al hostigamiento o intimidación de las cortes por razones políticas o de otra índole. Está en la obligación de investigar todo indicio de infiltración delictiva en el poder judicial, pero la forma en que lo haga es crucial. No puede ser con interceptaciones ilegales, ni con la indebida utilización del Ministerio de Hacienda, ni con filtraciones o insinuaciones que mancillen la imagen de la institución como tal. De parte y parte se requieren aclaraciones y rectificaciones. Más propósito de enmienda y menos soberbia. ¿Hasta cuándo los protagonistas centrales de este enfrentamiento seguirán jugando con candela? Echarle leña al fuego a cada oportunidad alimenta la hoguera que puede consumirlos a ellos mismos. Y chamuscar, de paso, a la institucionalidad democrática que se supone representan.

¿Pensarán en esto? Me sorprende que haya salido a brincar el nombre del senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, en la investigación sobre ‘farcpolítica’ que ha anunciado el procurador Ordóñez. Por la sencilla razón de que las posturas de Robledo contrarias a la lucha armada son ampliamente conocidas. Y de tiempo atrás. Desde los años 70, cuando militaba en un movimiento –el Moir– que nunca comulgó con la guerrilla, en épocas en que a gran parte de la izquierda la seducía la tentación del fusil. Ojo, pues, con la cacería de brujas.