Referéndum catalán: democracia, legalidad y la fuerza del Estado

El referéndum por la independencia de Cataluña parece proyectarse hacia un punto de no retorno y con consecuencias que se presentan imprevisibles en un ambiente político que dificulta cada vez más un debate desapasionado en España.

Mientras los sectores más conservadores de la elite española sitúan el origen del conflicto con el cambio de siglo, en la propuesta del Estatuto catalán (ordenamiento jurídico autonómico), una parte importante del independentismo lo retrotrae al siglo XVI, durante las guerras de sucesión tras la muerte de Carlos II de España.

A pesar de las cargas históricas y sus variadas interpretaciones, la ‘justa' entre las autoridades catalanas y los poderes del Estado español, avanza en un choque frontal sin puntos medios a la vista.

GENERALITAT VS EL ESTADO

El pasado 9 de junio, Carlos Puigdemont, actual presidente de la Generalitat, dio fecha al abierto desafío al Estado con un llamando a votar a los catalanes, este 1 de octubre.

La respuesta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue inmediata y sin medias tintas: ‘esa consulta no se va a celebrar, pues ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto', declaró el mandatario leyendo un comunicado desde La Moncloa, en Madrid. ‘Es un acto de desobediencia a las instituciones que va contra el Estado de Derecho', sentenció Rajoy.

Corrupción en segundo plano

{C}Considerada entre la opinión pública, a la corrupción, como un síntoma de la crisis general en España, esta ha quedado en segundo plano de cara al referéndum. Desde la propia Cataluña,  algunos partidos conservadores que son parte de la coalición que impulsa la consulta, están rodeados de procesos judiciales. Tal es el caso del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), cuyo presidente Artur Mas, está bajo investigación por el cobro de coimas cuando fue presidente de la Generalitat. Mientras que el gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, acumula al menos 65 casos de corrupción en todo el país, entre los que destaca la Trama Gürtel, en la que dirigentes del PP están acusados de recibir donaciones ilegales y dinero en negro.

Al margen del debate sobre el derecho a decidir, analistas llaman la atención sobre el manejo que las elites catalanas y españolas podrían tener en medio de la agitación política y mediática de este domingo, buscando de cierta forma, dar “bajo perfil” a los actuales escándalos de corrupción.

A partir de esta fecha, la escalada de los enfrentamientos fueron aumentando, achicandose el margen de maniobra del gobierno autonómico frente a los órganos del Estado.

El 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta, al considerarla como violatoria de la Constitución; una semana después, el Consejo de Ministro de Rajoy dio luz verde a medidas de control sobre las finanzas de la Generalitat, (el gobierno autónomo), para que no se usaran fondos públicos para la pretendida convocatoria.

A su vez, el Ejecutivo español ordenó a la Guardia Civil (estamento estatal ) requisar el material electoral, principalmente urnas y papeletas, además de reforzar la presencia de esta fuerza en Cataluña, con el envió de 6,000 agentes, profundizando aún más las tensiones con los Mossos d'Esquadra (la policía regional catalana), quienes han recibido el mandato de cerrar lo centros de votación e impedir que se prepare la consulta , según informó en su momento la agencia EFE .

La tensiones llegaron a su punto más alto con la detención de catorce funcionarios de la Generalitat vinculados con la organización del referéndum, algunos imputados bajo los cargos de sedición, acompañada esta actuación además de más de cien registros en sedes del gobierno regional, una medida duramente criticada por la oposición al oficialista Partido Popular, y que incluso provocó un pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, advirtiendo a Madrid de que medidas adoptadas contra el referéndum no deben interferir con los derechos fundamentales de la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.

Según ese pronunciamiento, ‘independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales de las sociedades democráticas'.

LEGALIDAD Y DERECHO A DECIDIR

Ante un juego en apariencia ‘trancado', las fuerzas partidarias españolas mantienen posiciones que no parece que vayan a cambiar antes de la probable consulta.

El gobernante Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) niegan, tanto la posibilidad de consultar a la ciudadanía catalana, como una posible independencia de la región.

Por su parte, Unidos Podemos (Izquierda Unidad y Podemos), junto a otras fuerzas minoritarias en el Congreso de los Diputados, plantean la idea de permitir una consulta, pero ‘pactada' con el Estado, aunque también rechazan una secesión unilateral y son próximos a una organización federal del Estado.

Independientemente de sus posiciones, ninguno de estos partidos tienen un peso definitorio dentro de la correlación de fuerzas catalana, que en los últimos comicios del Parlamento regional (2013), demostró la clara disposición de lo votantes por los programas independentistas.

De acuerdo con la encuesta Metroscopia, publicada por el diario El País , a solo una semana de la consulta, el 82% de los catalanes consultados consideró que la mejor manera de resolver el conflicto en Cataluña era a través de un referéndum, pero ‘pactado y plenamente legal'.

Frente a esto, el intelectual, ensayista y filósofo español Santigo Alba Rico, coloca la mayor parte de la responsabilidad de la crisis en el Gobierno de Madrid.

Alba apunta que Rajoy avanza en un ‘legalismo liberticida' que ‘alimenta y justifica el independentismo catalán mientras devuelve España al siglo XIX', en referencia a las últimas decisiones del Ejecutivo contra la consulta.

En opinión de Alba Rico, la detención de funcionarios de la Generalitat y la confiscación de material electoral ‘puede quizás fundamentarse desde un punto de vista legal, pero un gobierno que sólo tiene ‘un punto de vista legal' frente a la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya es un partido que desprecia, y aun violenta, la democracia'.

Por su parte, Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas de Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), considera que en España existe una profunda crisis económica, política e institucional, visibilizada entre otras cosas, por los escandalosos casos de corrupción tanto en los grupos de poder de la elite española, como en las cúpulas de la elite catalana.

Pese a esto, Navarro considera como legítimo el deseo mayoritario de los catalanes por hacer el referéndum, aunque no en la misma proporción en apostar por la independencia.

Según el catedrático, parte del problema se puede encontrar en la transición del franquismo a la democracia (1978), reabriendo debates históricos, al señalar que en España subsiste una ‘tergiversacion' de la historia, la cual es ‘heredada de la dictadura', que ‘ha ocultado que siempre ha habido dos versiones de España. Una, la uninacional, de las derechas españolas, cuya máxima expresión se dio durante el fascismo', que perseguía los idiomas y culturas distintas.

‘Esta visión de España es la visión de los vencedores de la Guerra Civil. Pero la de los vencidos -la Segunda República- era la visión plurinacional y pluri-identitaria', la que, considera Navarro, es necesaria para salir de la crisis actual.