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Human Rights Watch (HRW) calificó ayer como una ‘calamidad' para los derechos humanos el primer año de mandato del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, debido a su ‘guerra contra las drogas' a la que atribuye más de siete mil muertos.
La ‘asesina' campaña antidroga, además del ‘enjuiciamiento' a quienes la critican y la masificación de las cárceles filipinas, ‘han reducido drásticamente el respeto de los derechos básicos desde la investidura de Duterte el 30 de junio de 2016', denunció la organización en un comunicado.
SISTEMA CARCELARIO
Según HRW, el hacinamiento carcelario está ligado con la política de seguridad de Duterte
Las cárceles de Filipinas, cuya capacidad es de 20,399 reclusos, acogen actualmente a 132,000.
HRW señaló que, según datos del Gobierno, entre los muertos de la campaña contra las drogas hay 3,116 supuestos drogadictos y traficantes abatidos por las fuerzas de seguridad tras presuntamente oponer resistencia durante las redadas.
La organización atribuyó el resto de las muertes a la acción de pistoleros o patrullas vecinales amparadas en la impunidad brindada por Duterte, si bien la mayoría de estos casos figuran oficialmente como ‘homicidios bajo investigación'.
HRW también culpó al Gobierno por el acoso de los seguidores del presidente a quienes se muestran críticos con la campaña antidroga, y denunció el enjuiciamiento ‘por motivos políticos' de la senadora Leila de Lima, una de las más feroces críticas de la actual administración.
En paralelo, la cruzada contra las drogas ‘ha empeorado las ya deplorables condiciones de las instalaciones carcelarias de Filipinas, incluyendo alimentos inadecuados y condiciones insalubres', según HRW.
Rodrigo Duterte cumplirá este viernes un año de haber iniciado su mandato.