La ruta del escándalo

PANAMÁ. El panorama, ya bastante complicado para la compra de los primeros 420 buses que brindarán un mejor servicio de transporte público a la ciudadanía, se agrava más aún.

Ahora resulta que la empresa que supuestamente presentó documentos falsos en la licitación, es la que presentó una denuncia en el Ministerio Público, sin precisar al culpable, “en contra de quien resulte responsable de la posible comisión de delitos contra la fé pública”, en su perjuicio.

Entretanto en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se evalúa la fase final de los documentos para determinar la salida de la empresa Higer de la licitación y el presidente de la República, Martín Torrijos, informó que el proceso “continuará”.

De acuerdo con el jurista, Edgardo Molino Mola, el artículo 62 de la ley 38 de 2000 establece los casos que anulan un acto administrativo, uno de ellos es la presentación de documentos falsos lo cual sería suficiente para descalificar a un participante, en este caso a Higer, sin perjudicar a los otros.

El caso es tan sensible - explica Molino- que amerita una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público cuyo resultado determinará las consecuencias, tanto penales como civiles derivadas del acto fraudulento.

Mientras tanto, Salvador Morales, gerente general de Interoceánica de Seguros sigue firme en desconocer el documento e incluso reveló que las firmas que constan en el mismo “no son originales, sino escaneadas o fotocopiadas” y dijo además que la aseguradora posee declaración firmada y jurada de los firmantes en donde se ratifica esta afirmación.

Por otro lado Juan Carrera, de Higer, dejó plantado a Carlos Rabat, directivo de la ATTT, en el programa televisivo, Debate Abierto luego que aquel lo retara a presentar su versión sobre su supuesto interés en eliminar a Higer del concurso.

Rabat a su salida del programa reiteró no tener injerencia en el asunto y lamentó que lo hayan “asoleado” sin ningún fundamento.

El revuelo del Transmóvil se convierte en el centro de atención, incluso Angélica Maytín, capítulo panameño de Transparencia Internacional, acepta que el caso de la empresa Higer es cuestionable, y considera que la Comisión Evaluadora de la ATTT debería descalificarlos, ya que la compañía Interoceánica de Seguros expresó que la documentación presentada por Higer, no es legítima.

“Cuando se descubren estas irregularidades se debe aplicar sanciones ejemplarizantes, para desincentivar a aquellos que piensen que están por encima de la ley”.

También el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Roberto Alfaro, expresó que el proyecto debería ser cancelado a raíz de las irregularidades que han empañado la licitación y la transparencia del acto público. Dijo que sería mejor dejar todo para el próximo período electoral considerando que con ese dinero se podría hacer un monorriel o un tren ligero en lugar de gastarlo en el proyecto transmóvil.