¿El hospital JDO también es privado?

PANAMÁ. Cuando Mireya Moscoso era presidenta de Panamá, entre mayo de 2001 y julio de 2004, Taiwán donó a Panamá 45 millones de dólares para la construcción del Hospital José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí.

La cuantiosa suma se manejó a través de la Fundación Mar del Sur, presidida por el entonces ministro de Salud, Fernando Gracia García. Además, los integrantes de la junta de síndicos eran seis altos funcionarios en las instituciones del sector público dentro del rubro salud.

El fallo de la Corte abre varios interrogantes. La Sala Tercera dice que el ex contralor Alvin Weeden no tenía competencia para pedirle cuentas a la fundación que dirigía Fernando Gracia. Esa disputa se dio a lo interno del arnulfismo. El mismo Weeden, junto a los ex contralores Rubén Carles y Francisco Rodríguez, advirtieron que la Contraloría sí podía auditar los fondos de fundaciones privadas que provienen de gobiernos u organismos internacionales destinados a Panamá; para eso se basaron en el Decreto Ejecutivo No. 135 del 18 de octubre de 2001 –firmado por la propia Moscoso– que regula la donación de dineros a Panamá por gobiernos extranjeros. A la Corte no le importó. Vale recordar, que antes de dejar su cargo, el ex contralor declaró, salvajemente, que “La Corte defiende la corrupción”.

Weeden llegó a señalar, lo que Arnulfo Arjona también deja por escrito en su salvamento: el dinero se gestionó desde el Ministerio de Salud lo que indicaría el caracter público del proyecto.

En el año 2003, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de hábeas data, recurso interpuesto por el abogado Guillermo Cochez, en representación de Técnica de Ingeniería, S.A. La empresa pidió ofertas de precios presentadas para la inspección de las obras de construcción del hospital en Chiriquí, y la información les fue negada.

La acción legal buscaba hacer público el destino y uso de los fondos recibidos del gobierno de Taiwán y manejados a través de la Fundación Mar del Sur, pero el alto estamento del poder judicial dijo que aquello no era posible, alegando que se trataba de una fundación privada que no había recibido fondos o bienes del Estado panameño. La Corte blindó a la fundación, y seis años después, termina de definir el pleito con un fallo más que polémico.

Con el cambio de gobierno y la salida de Moscoso del poder, la Fiscalía Primera Anticorrupción inició una investigación y pidió un informe de la Contraloría.

Con las pruebas recabadas, la procuradora Ana Matilde Gómez remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia nuevamente, para que ellos deliberaran sobre los usos y destinos de los fondos taiwaneses manejados por la Fundación Mar del Sur, y también en torno a las sonadas irregularidades de otras entidades relacionadas con fondos del gobierno de Taiwán.

Aunque las versiones periodísticas decían que el fallo tenía fecha del 14 de enero, la versión a la que tuvo acceso La Estrella dice que el fallo salió el 16 de febrero. Incluso las últimas semanas la Corte negaba la existencia de este fallo, lo que muchos leían como el regreso de la guerra de magistrados que sacudió a la Corte tiempo atrás.

El fallo no niega que haya habido sobreprecios, ni desvío de fondos. Sólo dice que el Estado no puede mirar ahí.