Criminalidad se apodera de Centroamérica

PANAMÁ. América Central es la región con mayor violencia no política en el mundo, según revela el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (IDHAC) 2009-2010, presentado ayer en Panamá por Hernando Gómez Buendía, coordinador del equipo que elaboró el estudio para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En los últimos seis años 79 mil centroamericanos han sido asesinados.

El documento de 476 páginas, elaborado durante año y medio, consta de tres partes. En la primera se definen los conceptos de inseguridad ciudadana, en la segunda se muestran los hechos con cifras y se da un diagnóstico sobre la incidencia de delitos y en la tercera se presentan las salidas al problema.

Según el informe, la región, integrada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá, registra las tasas más altas de homicidios en el mundo, exceptuando los países con conflictos bélicos. Para 2008 la tasa promedio de homicidios fue de 33% por cada 100 mil habitantes, tres veces más que el promedio mundial, que es de 9.

La situación es particularmente grave en el llamado triángulo norte: Honduras, El Salvador y Guatemala. Nicaragua, Costa Rica y Panamá no llegan a la media latinoamericana de 25 homicidios por 100 mil habitantes, pero están por encima de la media mundial. El año pasado Honduras registró 58 homicidios por cada 100 mil habitantes, El Salvador 55, Guatemala 48, Belice 32, Panamá 19 y Costa Rica 11.

El informe advierte que la incidencia de los delitos es más alta de lo que muestran las cifras porque se comenten muchos delitos que no se denuncian. En una encuesta realizada para el informe, 14 de cada 100 latinoamericanos aseguraron haber sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses. El Salvador registra la mayor cantidad de víctimas, 19%, y Panamá la más baja, 8.3%.

Ante este panorama, el informe reconoce que la región debe afrontar cambios sustanciales en las políticas. A pesar de los progresos y avances, las medidas puestas en marcha han sido improvisadas y simplistas. “No es un problema de mano blanda o mano dura”, dice Gómez Buendía. “Lo que requiere es mano inteligente: buena gestión, mejorar el sistema de justicia y descargarlo. La mano dura, donde se ha aplicado, no ha frenado la impunidad y sí ha congestionado la policía, los juzgados y las cárceles ”.

Según el estudio, la solución del problema requiere administrar bien el sistema tanto judicial como de policía y penitenciario, fortalecerlo para que pueda responder mejor y descongestionarlo.

“El aporte de los gobiernos locales a la pelea contra la inseguridad es bastante modesto”, reconoce el informe y cuestiona que no es más dinámico el aporte de la comunidad, los barrios, los empresarios, la sociedad civil y los medios de comunicación.

El documento recomienda prevenir el delito con una estrategia directa de control de riesgos inminentes a la inseguridad, el tratamiento alternativo de conflictos e infracciones, fortalecimiento de la seguridad pública, descongestión del sistema judicial, reducción de presos en los sistemas correccionales y atención a las víctimas de los delitos.

El informe destaca que no existe una sola inseguridad, sino diferentes tipos de inseguridad ciudadana. El riesgo de sufrir un delito cambia de acuerdo con factores como sexo, edad, origen social o lugar de residencia. Por ello se requieren estrategias diferentes en cada país, en cada grupo y en cada caso particular.

El estudio identificó 23 actividades ilícitas, que van desde el robo de cables eléctricos hasta delitos más complejos como el tráfico de armas o de personas.

“América Central tiene prácticamente todos los factores de riesgo que en la teoría de la criminalidad fomentan la inseguridad”, recalca Gómez Buendía. Entre los factores que más inciden en la criminalidad están el crimen organizado y el narcotráfico, que han conformado un nicho delictivo.

Otros de los nichos delictivos propios de la región son las pandillas o maras. “La mano dura volvió a las maras más trasnacionales, más clandestinas y más violentas”, dice el informe. El número de pandillas en la región ronda las 70 mil y son más numerosas en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Por tratarse de un problema complejo, heterogéneo y cambiante el estudio advierte que en la búsqueda de soluciones se debe individualizar cada situación.

“Cada estrategia debe basarse en el conocimiento preciso de la pandilla o mara, de su entorno y de quienes la forman. El primer paso es la prevención, para evitar así que las pandillas sigan creciendo”, anota.

El delito contra la mujer, según el informe, es el más silenciado en la región. “La mitad de las mujeres en estos países han sido objeto de violencia durante su vida adulta, y casi siempre su agresor es el compañero” revela el informe.

Otro de los delitos silenciados es la corrupción. Según la encuesta desarrollada para el informe, más del 70% de los encuestados de todos los países cree que la corrupción está o muy o algo generalizada en sus países y entre el 12% y el 34% dice que su gobierno no hará nada para combatirla.

En Panamá entre el 17% y 32% de las personas afirman que han pagado coimas a policías o en juzgados.

Entre las preocupaciones que plantea el informe están las salidas equivocadas adoptadas por muchos gobiernos. Es el caso del aumento desmesurado de la seguridad privada en detrimento de la pública.

En la región hay 249 mil guardias privados frente a 80 mil policías. Hay también quienes han adoptado medidas efectistas como sacar la policía a las calles o toques de queda, que aumentan la sensación de seguridad pero no cambian nada. Y también está la resignación que puede llevar a la impunidad y a que las víctimas no obtengan su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Como conclusión el informe señala que “la región requiere de un contrato por el civismo para garantizar el respeto a la ley, la reconstrucción de lo público y la inclusión social. Así como en menos de una década Centroamérica ha renunciado al autoritarismo, también puede enfrentarse y derrotar la violencia comprometiéndose con este contrato, pero —insiste el informe— un nuevo pacto social exige tomar decisiones”.

“La seguridad no es un problema de policía y de jueces. Se requiere una política gubernamental y continuidad de gobierno a gobierno. Hay países que han conseguido grandes avances. La buena noticia es que aunque el problema es grave, hay solución”, sentencia Gómez Buendía.