Un foro sobre el proyecto de ley 71

Los inversionistas están chillando a sus embajadores”. Así me dijo un funcionario del gobierno anterior, cuando se hizo público el texto del proyecto de ley 71, sobre titulación de derechos posesorios en islas y costas.

Así me confirmaron ayer voceros de cuatro embajadas, aunque usaron palabras mas discretas. Ahora, la ‘chilladera’ ha provocado un evento sin precedentes. El Ministerio de Economía y Finanzas ha organizado lo que una vocera llamó “una sesión informativa para inversionistas extranjeros”.

La sesión o foro se celebrará esta tarde en el Salón Bolívar del Hotel Continental. Tomarán parte el ministro Alberto Vallarino, el viceministro Dulcidio De La Guardia, y el director de Catastro, Publio Cortés. Además de informar, me dijo la vocera, escucharán comentarios y contestarán preguntas.

Un boletín emitido por la embajada estadounidense describió el foro como “una oportunidad de influenciar la legislación que afecta sus derechos de propiedad”.

Aparte de insistir en que la iniciativa viene del ministerio, nadie de la embajada me ha querido hablar del foro.

A mi juicio, sin embargo, el tratado bilateral de 1984 entre Estados Unidos y Panamá tiene mucho que ver. El tratado —y documentos similares entre Panamá y otros países— establece que, en casos de expropiación, los inversionistas tendrían acceso a un tribunal internacional para buscar alivio.

Cientos de extranjeros han comprado derechos posesorios, según las leyes vigentes en el momento, para hacer hogares de jubilación en islas y costas, sobre todo en Bocas del Toro. Todos serían expropiados si el proyecto de ley 71 se aprueba en su forma actual. Como la mayoría son estadounidenses, sería un inmenso dolor de cabeza para el Departamento de Estado.

Otro aspecto interesante del foro es que llegarán de “paracaídas” un montón de panameños, aunque no han sido invitados. “Cuando el ministerio hizo el proyecto, no consultó con nadie”, me dijo un inversionista panameño. “Ahora que consultará con los extranjeros, nosotros vamos a aprovechar”. El proyecto tiene otro problema. Y es que aunque fue aprobado en primer debate, no será discutido por el pleno hasta el próximo año. En la Asamblea dicen que es por cuestiones técnicas del orden de día.

A mi juicio, sin embargo, es que el proyecto repudia el programa de titulación rápida, masiva, y gratuita que Martinelli prometió y que es sumamente popular con la población interiorana. Martinelli no quiere torcer los mismos brazos para aprobar el proyecto, que tendrá que torcer para conseguir los magistrados que desea.

En cuatro semanas, el proyecto no ha atraído el apoyo de nadie fuera del ministerio. A mi juicio, cuando por fin sea aprobado, apenas lo reconocerán sus progenitores. Establecerá un precio nominal para titular derechos posesorios, digamos $200 por hectárea. Dará a gente que habita las islas un mecanismo para titular sus tierras. Admitirá titulación rápida y masiva por parte de PRONAT, ya que Catastro, que emitió once títulos en cinco años, ha comprobado su incapacidad de hacerlo. Y reconocerá derechos posesorios en casos de actividades de conservación.

Así será una ley de la que todos podrán estar orgullosos.