Ambientalistas rechazan el proyecto 71
PANAMÁ. Diez organismos de la Alianza Ambientalistas se han unido para denunciar el proyecto de ley 71, sobre la titulación de los derec...
PANAMÁ. Diez organismos de la Alianza Ambientalistas se han unido para denunciar el proyecto de ley 71, sobre la titulación de los derechos posesorios.
En una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, los activistas señalan que el proyecto “no reconoce la función ambiental de los bosques nacionales ni su alta productividad”. En consecuencia, sigue la carta, el proyecto da “un incentivo perverso para deforestar”.
Las diez organizaciones incluyen a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), el Centro de Incidencia Ambiental, The Nature Conservancy, PROMAR, la Red de Reservas Privadas, la Sociedad Audobon de Panamá, y las Fundaciones Marviva, Albatros, Avifauna, y Natura.
Como alianza, suelen opinar solamente en casos de urgencia. Alida Spadafora, de ANCON dijo a La Estrella que las consecuencias del proyecto, si se aprueba en su condición actual, serían “muy graves”. El proyecto admite la titulación de derechos posesorios sobre tierras cuya posesión sea demostrada mediante su uso “habitacional, residencial, turístico, comercial, o productivo”, pero no reconoce como productivo conservar bosques. Los ambientalistas señalan, en cambio, que si los bosques se conservan “proveen de agua, retienen el suelo, evitan inundaciones, albergan biodiversidad, y protegen la línea costera y los ríos”.
Al no admitir la titulación de bosques para propósitos de conservación, dicen los críticos, el proyecto da incentivos para la deforestación, como ya ha ocurrido en Darién.
“Nuestros bosques son la riqueza nacional del futuro”, dijo Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, “pero el proyecto de ley la desconoce”.
Banfield anotó que la deforestación es una causa del cambio climático, que Panamá ha firmado el Protocolo de Kyoto sobre este problema mundial, y que la ANAM enviará una delegación a la reunión de Copenhagen, Dinamarca, que se celebrará en el mes próximo para negociar un acuerdo nuevo.
“El proyecto de ley no solo es malo para nosotros” -dijo-; “nos pone fuera de tono con la comunidad internacional".
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