“La paz: fruto de la justicia”

PANAMÁ. En nombre de la paz se han dicho y hecho muchas cosas. Sin embargo, no hay sentencia más acertada que “la paz es fruto de la justicia”.

La sociedad civil organizada se aboca la mañana de hoy a marchar por la paz y seguridad, con lo que se pretende concienciar a la población sobre la importancia de vivir tranquilos y seguros.

La cita es en la Cinta Costera, lugar que por su entorno representa el crecimiento económico de Panamá que, paradójicamente, no llega a todos los habitantes del país.

Mientras los marchantes hagan el recorrido, habrá otras personas que no podrán transmitir paz porque se les ha violentado su derecho a crecer en una familia estable con acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo, vivienda digna, entre otros.

“La idea de hacer una marcha por la paz me parece muy buena. Los planteamientos que ustedes hicieron son excelentes, pero pienso que no están tomando en cuenta a los actores principales de esta problemática, no están llegando a los barrios, no están captando la atención de los que delinquen”, fue la reacción de José Polo, líder de la fundación “Dame una Oportunidad”.

La opinión de Polo iba dirigida a los miembros de la Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana, que aglutina a 36 organizaciones que, en una reunión previa, explicaban los preparativos para hoy.

La aseveración de Polo tiene peso, sobre todo porque reside en San Miguelito, vive en carne propia el flagelo de la violencia e inseguridad y piensa que “es necesario un enfoque hacia la comunidad e inserción laboral. Sí se puede resocializar, la prueba son los muchachos que han cambiado, a pesar que no encuentran trabajo”.

Polo habla por los jóvenes sin empleo oficial, cuya cifra promedio representa el 23,4%, la más alta de la región, según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ).

Para poder acceder a las plazas laborales y llenar la demanda requerida, es necesario tener bases sólidas de formación académica y técnica, pero el sistema educativo no está siendo atractivo para algunos jóvenes: 35 mil abandonaron los estudios entre los años 2003-2007.

“Es necesario tratar el tema de manera multidimensional e integral”, afirmó Paulina Franceschi, coordinadora del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

Sin embargo, pareciera que cada quien anda por su lado, así lo expresó Alvis Santana, ex subdirector de la Policía Nacional, pues “el control social formal (que son los estamentos de seguridad del Estado) reacciona ante el delito, pero debe entrar al mecanismo de prevención que realiza el control social informal (familias, clubes cívicos, ONGs e iglesias), de tal manera que podamos hablar el mismo idioma”.

La desigualdad e injusticia social es palpable, caminar por la Cinta Costera no es lo mismo que hacerlo por Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo, Calidonia o Curundú. Mientras en la avenida Balboa los proyectos de edificios compiten por alcanzar más las nubes, en los barrios marginados que están a pocos kilómetros, la lucha es por sobrevivir al precio que sea.

“Por la experiencia de más de 42 años que tiene el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá —haciendo estudios integrales— podemos afirmar que mientras haya desigualdad e injusticia social, el problema de la seguridad y violencia siempre estará en nuestros países”, sentenció por su parte Tilso Castillo.

En el año 2001 —con la administración de la entonces presidenta Mireya Moscoso— surgió la idea de una “política criminológica que dio origen a la Comisión Intersectorial de Alto Nivel (que agrupó a todos los entes de la sociedad y el gobierno), quienes a finales del 2004 —inicios del gobierno del presidente Martín Torrijos— presentaron un borrador de anteproyecto.

Al preguntarle por qué no se aplicó esa política criminológica, Severino Mejía, ex viceministro de Gobierno y Justicia, respondió: “En ese momento teníamos otras prioridades”.

“El fallo que hemos tenido es que cada gobierno viene con su propio librito y cambia el esquema y no tenemos una política sostenida. Cada gobierno viene con su manual de lo que tenemos que hacer y lo anterior no sirve”, manifestó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.

Ojalá los rascacielos de la avenida Balboa no les tapen del todo la visión a los marchantes por la paz y puedan observar más allá: a los barrios y la realidad de injusticia y desigualdad que contrasta con la opulencia de unos pocos.