Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...
- 05/02/2026 00:00
El anteproyecto de ley 295, que busca regular y limitar el servicio de escolta y seguridad personal a expresidentes de la República, avanzó a primer debate tras ser aprobado en comisión con cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
La iniciativa establece que el servicio de escolta financiado por el Estado tendrá un plazo máximo de 10 años, contados a partir del cese de las funciones presidenciales, salvo en casos excepcionales debidamente sustentados por razones de seguridad.
El anteproyecto fue presentado por el diputado Jhonathan Vega, del circuito 4-5, y plantea una modificación al esquema vigente, que actualmente permite a los expresidentes contar con escolta de manera indefinida, conforme a la Ley 55 de 19 de julio de 1996.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca actualizar la normativa para adecuarla a las condiciones actuales del país, tanto en materia de seguridad como de control del gasto público.
“El objetivo es armonizar este beneficio con los principios de racionalidad del gasto, proporcionalidad, igualdad ante la ley y transparencia administrativa”, señala el documento que sustenta la iniciativa.
Uno de los aspectos centrales del anteproyecto es su aplicación retroactiva. La propuesta establece que la nueva normativa alcanzará a todos los expresidentes y expresidentas, independientemente del periodo en el que hayan ejercido el cargo.