23 de Feb de 2020

Nacional

Cifras millonarias detrás de la ‘externalización’

PANAMÁ.. ‘Externalizar es privatizar y eso es peligroso porque la salud es un derecho y no una mercancía’, dice Yadira Pino, profesora d...

PANAMÁ.. ‘Externalizar es privatizar y eso es peligroso porque la salud es un derecho y no una mercancía’, dice Yadira Pino, profesora de media.

‘Externalizar es igual a un negociado difícil de controlar y fiscalizar’, señala María Reyes, médica de un cuarto de urgencias.

‘Nunca he escuchado la palabra externalizar, si me das unos minutos puedo buscarla en el diccionario’, responde Clarens Pitty, estudiante de segundo año de la Universidad de Panamá.

En 2005, cuando se plasmaron las últimas reformas a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), donde se aumentaron las cuotas de los obreros, de los patronos y se adoptaron medidas para revivir el fondo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), también se sentenció a muerte la palabra ‘externalización’. Quedó prohibida. Sin embargo, no era la primera vez que se escuchaba el vocablo que no figura en el diccionario de la Real Academia Española.

A Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, la palabra le recuerda al exdirector de la CSS René Luciani, y al expresidente Martín Torrijos. ‘La escuchamos en las Mesas del Diálogo por la Salud. Estuvimos dos años sentados la Comenenal, el Ministerio de Salud y la CSS oponiéndonos a ella’, dice Barés, músico de baladas que aún llena escenarios y defiende a los enfermos.

Las conclusiones, tanto de los gremios médicos como de los dirigentes, fue la misma: rechazo a ese modelo de adquisición de bienes y servicios de empresas privadas.

‘Esa palabra es sinónimo de negociado. Por eso todos votamos en contra’, subraya Barés.

El artículo 70 dice: ‘Queda explícitamente prohibida la adquisición de aquellos servicios que la CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera normal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última instancia, la CSS está obligada a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápido posible la adquisición externa de dichos servicios’.

Concluyó el diálogo. Barés regresó a la provincia chiricana. Pensaba que la palabra había sido tachada de las agendas de los gestores de la salud.

VUELVE EL FANTASMA

En febrero de este año, cuando los pacientes en tratamiento de hemodiálisis cerraron la vía Transístmica a un costado del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, rechazando la externalización en la institución, Barés creyó que se trataba de un error.

La declaración de los pacientes fue la siguiente: ‘Queremos que se cumpla la Ley 51, que prohíbe la externalización’. Y continuaron manifestando varias semanas, en la acera o sentados en el concreto de la vía, ante la vista de la masa de pacientes que buscan diariamente atención en el hospital más grande del país.

Concretamente, los enfermos se oponían a una decisión del director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, de externalizar el servicio de hemodiálisis por un monto de 98 millones de dólares con un contrato directo.

Sáez Llorens resucitaba aquella palabra. Y había convencido a su Junta Directiva de que era la mejor opción en precio para comprar el servicio por 52 meses y extenderlo el tiempo que fuese necesario. ‘Prorrogable’.

Las presiones para tumbar el contrato, al que solamente le faltaba la firma de la contralora Gioconda Torres de Bianchini, se multiplicaron. Y Torres de Bianchini salvó su firma a último momento, luego de revisar el contrato directo Promed-CSS —un equipo de técnicos trabajó un sábado en dicha tarea—, y recomendó una licitación.

La funcionaria nunca aclaró si el contrato contenía anomalías o su decisión obedecía a la prohibición de la Ley 51 de externalizar. De cualquier forma, había que llamar a licitación pública. El nuevo escenario varió el monto: ya no será por los 98 millones iniciales, sino que aumentó a 105.3 millones de dólares, porque se incluyó una nueva sala y subió el precio de referencia, por el mismo periodo y con la gabela de prorrogarse.

VIEJOS CONTRATOS

Cuando el profesor y economista Juan Jované asumió como director general de la CSS en 2003, se encontró con la palabra en varias contrataciones. Revisó los documentos y habían dos servicios externalizados: la seguridad y el mantenimiento. En los meses siguientes, Jované ‘internalizó’ estas contrataciones. Y también ganó enemigos.

Las razones por las cuales tomó esa decisión fueron varias. La primera, que las empresas contratadas ni siquiera le pagaban la cuota obrero patronal a sus empleados, pero sí se la descontaban de sus salarios: ‘Había un personal desanimado que no tenía ganas de cuidar a nadie’, recordó Jované.

Al hablar sobre la contratación del servicio de hemodiálisis, la de 105.3 millones de dólares, el economista Jované dice que es una externalización, por más que no se admita. Y que implica una violación a la norma: ‘Buscan darle negocios a empresarios. La CSS cuenta con los recursos y el personal para construir y habilitar las salas de hemodiális que se requieren en todo el país’, sostiene el catedrático que también aspiró a la presidencia de la República.

En la CSS también se aplica el refrán que dice ‘a rey muerto, rey puesto’. Con la llegada de nuevos directores a la institución, volvieron a externalizar varios servicios.

La dirigente de los trabajadores administrativos de la CSS, Priscila Vásquez, sostiene que dentro de las luchas que mantienen con la administración de Sáez Llorens está el rechazo a la externalización. ‘Eso es privatizar. Que la CSS diga quiénes son los que están detrás de las empresas que ofrecen esos servicios’, contesta Vásquez cuando se le pregunta cómo define la palabra externalizar.

Al igual que Jované, Vázquez conoce el contenido del Artículo 70 de la Ley 51, pero esto no ha sido suficiente para frenar la ola de contratos bajo esta modalidad ‘violatoria’: ‘Aquí cada director se inventa su fórmula’, denuncia.

Relata que en el Hospital Rafael Hernández de David, Chiriquí, los servicios domésticos y de seguridad están medio privatizados; es decir, que hay personal contratado por empresas privadas y hay personal nombrado por el MINSA o la CSS. ‘Eso no se justifica. Las excepciones contempladas en la norma son para cuando se daña un equipo médico y la reparación tarda, entonces se tiene que mandar al enfermo a un hospital privado’, aclara.

Pero no es lo único que se compra en aquel hospital de provincias. La lavada de la ropa hospitalaria y la cocina de los alimentos también se lleva con este modelo híbrido. ‘No es que no tengan personal para nombrar, lo que quieren es privatizar la CSS por partes’, grafica.

INVENTOS Y ‘COMODATO’

‘Comodato. Eso no existe en la ley, se inventan cosas para justificar...’, acusa Vásquez.

‘El contrato de 105.3 millones de dólares para el servicio de hemodiálisis es parecido al de una máquina de café. Tú quieres el servicio de café y le pides a las empresas que lo venden que instalen la cafetera. Ellas ponen una silla, un techito, en fin... Cuando se dañan, la reparan. Yo pago solamente por el café’, detalló Javier Díaz en una entrevista con La Estrella durante los cierres de calles para que se desistiera del caso, en febrero pasado.

Hoy, ocho meses después, el cirujano Díaz explica desde la provincia de Coclé que hay diferencias entre externalizar y celebrar un contrato comodato. En la primera, la CSS, al no tener la capacidad de asumir el tratamiento, traspasa todos los servicios a otra entidad. Con la segunda, en cambio, el contrato indica que el proveedor proporciona los equipos, mientras que la CSS compra los medicamentos.

Díaz sostiene que el polémico contrato de 52 meses no es externalización, pues ‘tanto el personal médico como los medicamentos son de la institución. Ni siquiera es un comodato’. Sin embargo, la empresa contratada deberá llevar personal administrativo, que manejará desde trabajadores de limpieza hasta el administrador de cada sala.

ATADO DE MANOS Y PIES

Cu ando llegó a la institución en julio de 2009, según cuenta Díaz, ya el presupuesto estaba aprobado, y eso los ató de pies y manos. No había infraestructura, tampoco equipos suficientes. Para el 2010 se realizaron todos los estudios y recorridos a nivel nacional para conocer los diferentes escenarios y comenzar a trabajar. ‘Todo quedó listo en junio de 2010 para hacer la contratación directa, pero cuando llegó a la Contraloría, quedó varado. En febrero de 2011 se informó que se debía ir a licitación’, recuerda.

El médico afirmó que actualmente no hay ningún otro servicio externalizado, pero que la mayoría de los laboratorios están por comodato. Sin embargo, en diferentes recorridos por las instalaciones administrativas de Clayton, donde están las oficinas de Díaz, hemos visto a los trabajadores de aseo con uniformes de empresas privadas.

Por otro lado, el contrato de 105.3 millones —porción mínima de los 3,023 millones del presupuesto 2012 de la CSS—, ya finalizó las etapas de la licitación, solo falta que la contralora lo refrende y la historia habrá terminado.

(*) Con información de Carlos Patterson.