El MIDA envuelto en querella penal
PANAMÁ. En medio de los escándalos que han empañado la gestión de la Autoridad Nacional de Tierras, ahora un ministerio se encuentra env...
PANAMÁ. En medio de los escándalos que han empañado la gestión de la Autoridad Nacional de Tierras, ahora un ministerio se encuentra envuelto en otro lío legal vinculado a dos globos de terrenos estatales patrimoniales, ubicados en Antón, provincia de Coclé.
En esta ocasión se trata del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), cuyo titular, Emilio Kieswetter, así como también la encargada de la Dirección Nacional de Asesoría Legal de esta entidad, Geneva de Garrido, deben responder a una denuncia penal por la presunta ‘comisión de los delitos contra la administración pública y de justicia, cometidos en perjuicio de Delia de Zambrano’.
El recurso judicial fue interpuesto por el abogado Edilberto Vásquez, bajo el fundamento de que los denunciados (el ministro Kieswetter y la directora encargada de Asesoría Legal), recibieron y admitieron un recurso de revisión administrativa en contra de su cliente.
Este recurso fue solicitado por la firma de abogados Reyna y Asociados mediante poder especial otorgado por Hilda Piza Blondet de Lucom, en representación de Hacienda Santa Mónica, contra la resolución N° D. N. 2-0972 del 6 de septiembre de 2010, emitida por la entonces Dirección de Reforma Agraria, la cual adjudicó a Delia de Zambrano dos globos de terrenos ubicados en el corregimiento de El Chirú, en Antón, provincia de Coclé.
Según la parte denunciante, tanto el jefe del MIDA como la directora encargada de Asesoría Legal, violaron disposiciones legales al admitir el recurso de revisión.
Aseguran que el MIDA no cumplió con las fases previas. Es decir, antes de admitir una solicitud de revisión debe cumplirse con la reconsideración y apelación, cosa que no sucedió. La queja fue directo a revisión interrumpiendo los trámites que Zambrano mantenía para formalizar la propiedad de los terrenos.
Además, los denunciantes alegan que Hilda de Lucom falleció antes de firmar un poder especial de representación a Reyna y Asociados.
Aseguran que no se aportó una certificación vigente actualizada por el Registro Público, donde constara que ella entregó el poder a la firma de abogados.
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