Devuelvan a Hurtado

¿Por qué a alguien que desde un organismo del Estado infiltró personal en la Corte Suprema de Justicia, interceptó correos de periodistas y políticos; espió, siguió y montó campañas de desprestigio a opositores de su Gobierno y caminaba como si nada por Colombia, el Gobierno de Panamá decide otorgarle asilo territorial?

Esa es la pregunta que todas las víctimas del espionaje ejecutado por María del Pilar Hurtado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) soltaron ante La Estrella: ¿Qué hay detrás de ese refugio judicial que avaló Ricardo Martinelli con el decreto 301 del 19 de noviembre de 2010? ¿Negocios? ¿Admiración por el expresidente Álvaro Uribe, que ordenó las ‘chuzadas’ según las investigaciones de la Fiscalía? ¿Ideología afín?

Ahora que el Gobierno de Colombia pidió formalmente la extradición, también se preguntan por qué el de Panamá no permite de una vez que esa mujer que fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría para ocupar cargos públicos rinda cuentas ante la Justicia.

María del Pilar Hurtado fue juzgada en ausencia en la causa que investiga las acciones ilegales ejecutadas desde el DAS para perseguir enemigos políticos del entonces presidente Uribe. La Estrella tuvo acceso al expediente donde se comprueba que entre 2007 y 2008 se ‘desplegaron diferentes comportamientos al margen de la ley por parte de la directora del DAS’.

Los blancos se definían de acuerdo a los intereses de Uribe: magistrados de la Corte Suprema, cuando el organismo investigaba los vínculos de políticos del entorno presidencial con el paramilitarismo; congresistas como Piedad Córdoba, por las denuncias y posiciones contrarias al Gobierno; periodistas como Daniel Coronell, por las críticas al curso de la administración uribista; abogados como Ramiro Bejarano, por la defensa del presidente de la Corte, César Julio Valencia. Y la lista continúa.

‘El DAS era la KGB colombiana’, compara uno de los periodistas del equipo de investigación de Semana, la revista que destapó el escándalo en febrero de 2009 y provocó el cierre del organismo, rodeado de papeles con nombres en clave de agentes infiltrados, objetivos, casos y transcripciones de conversaciones privadas.

Ante tanta obviedad, en Colombia se agarran la cabeza: ‘La medida de Panamá es absurda, darle asilo territorial a una persona que andaba con una escolta gigantesca, a la que nadie podía estar amenazando. La única amenaza que tiene es la de responder a la Justicia. Creo que Martinelli ha sido más cómplice que estadista’, piensa el abogado Ramiro Bejarano, perseguido por la maquinaria de espionaje.

¿QUIÉN ES HURTADO?

Cualquiera que lea la investigación de Fiscalía o los informes sobre las acciones que Hurtado realizó, pensaría que fue el monje negro que dibujó la trama, el Montesinos de Fujimori o el Noriega de Torrijos. Pero no.

Nunca fue una figura de peso. Más bien alguien con afán de posicionamiento, fiel ejecutora de las órdenes que llegaban de Casa Nariño. Si le pedían que investigara a la Corte, coimeaba empleados para que grabasen las sesiones. Si la necesidad era desacreditar a un congresista, filtraba trapitos sucios en la prensa.

Los enemigos de Uribe eran sus enemigos. Así lo sufrió el magistrado Iván Velázquez, al que se le montó una causa de desprestigio cuando estaba investigando las conexiones de congresistas con paramilitares, en la que condenó a 35 legisladores. Los avances que obtuvo Velázquez repercutieron con furia en la sede gubernamental: ‘En un primer momento decían la Corte buscaba afectar al Gobierno. Cuando se inicia la investigación contra Mario Uribe la situación se agudizó’, relató a La Estrella.

En fin, Hurtado era un soldado que respondía con precisión y empeño para el objetivo de ‘Uribe eterno’.

‘Todo el tiempo termina haciendo el papel de tonta’, dijo a La Estrella una fuente involucrada en la investigación. Es una mujer sensible, no una máquina, agregaron otros. Y esa es la pista del pedido de asilo: ‘Ella dijo que si cae, habla. En el entorno de Uribe temen que se quiebre’. Motivos no le faltan: el padre estaría muy enfermo y no lo puede visitar, porque si pisa su país la Justicia la interceptaría.

Daniel Coronell, el periodista ‘chuzado’, contó que luego de la publicación de Semana Hurtado mostraba ‘la desesperación de una persona que se sentía abandonada’, a pesar de los contratos que había obtenido en la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad de Parques Nacionales.

Dicen en Colombia que ahora los uribistas se preocupan mucho por ella, y lo demuestran con giros bancarios y visitas para ‘contenerla’.

Para la Fiscalía, Hurtado es culpable de los delitos de ‘concierto para delinquir agravado’, con pena de 3 a 6 años de prisión; ‘abuso de función pública’ (1 a 2 años); ‘violación ilícita de comunicaciones agravada’ (1 a 3 años); ‘peculado por apropiación’ (4 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de funciones y multa) y ‘falsedad ideológica en documento público’ (4 a 8 años).

Panamá la acoge y ella lo disfruta. Un mes atrás aparecieron fotos que la muestran disfrazada de conejita, bailando en una discoteca, y se la suele ver paseando su amor por el istmo, acompañada de su novio, un ingeniero colombiano que trabaja en una constructora.

¿Y AHORA QUÉ?

Enero es un mes clave en el caso. El canciller Roberto Henríquez prometió que en dos semanas habrá una respuesta. En Colombia están convencidos de que no puede haber otra salida para Hurtado que El Dorado, el aeropuerto de Bogotá.

El derecho internacional reconoce dos clases de asilo: el diplomático y el territorial. En ambos casos para socorrer a un perseguido y brindarle la protección humanitaria necesaria para librarlo de sus perseguidores.

Pero, coinciden todos los entrevistados por La Estrella, la ex directora del DAS no corre ningún riesgo: ‘El asilo es para perseguidos, no para perseguidores. Hurtado es una perseguidora de la oposición y de la justicia. No me cabe duda de la estrecha amistad de Uribe con Martinelli’, opinó Gustavo Petro, otra víctima en la causa.

Luis Guillermo Pérez coincide: ‘Pilar fue asesora de Santos (el actual presidente colombiano), cuando era ministro de Defensa. Tiene relaciones y nunca pidió protección al Estado. Está claro que argumentó seguridad para escapar de la justicia’.

El defensor de la congresista Piedad Córdoba tiene pruebas de lo que afirma. Envió consultas a Defensoría del Pueblo de la Nación, Policía Nacional, Fuerzas Militares de Colombia y Fiscalía Nacional. Todos respondieron lo mismo: no hubo ni hay registros de denuncias o solicitudes por las condiciones de seguridad de María del Pilar Hurtado.

Para evitar la impunidad, como miembro de la Corporación Colectivo de Abogados Javier Restrepo y secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Pérez presentó pedidos de inconstitucionalidad en la Corte panameña y promete que si el Gobierno no otorga la extradición, demandará al Estado panameño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber otorgado un asilo irregular.

Toda esta información, la contenida en la causa y los detalles de los hechos de las chuzadas, estuvo siempre en manos del Gobierno de Panamá. Entonces, de nuevo, ¿por qué brindaron el asilo territorial? Más que una respuesta, las víctimas del DAS esperan ahora que se revierta la medida que ven como injustificable.