El calvario interminable de Leticia Méndez

Una noche antes de que terminaran los rezos del novenario de Sixto Barrante Méndez, su madre Leticia Méndez llegó a su casa en la 9 de Enero, San Miguelito, y prácticamente no había nada adentro. Se llevaron lo poco que tenía, casi nada de valor porque en su vida —dice— ni suerte en la lotería tiene.

Lo curioso fue que a los supuestos ladrones les interesó mucho las pertenencias de su hijo asesinado, incluidos sus documentos. ‘Y él, que ese día que lo mataron fue a buscar unos zapatos rotos que mandó a reparar’, dice. Su voz es firme; sus ojos tristes. Se llevaron todo lo que tuviese olor a Yito, levantaron hasta el colchón, sustrajeron una radio chiquita y unas prenditas para hacer creer que era robo.

¿Por qué? Aún se lo pregunta. Y se responde que, obviamente, los militares querían que no se supiera la verdad.

De hecho, luego que le mataron al hijo en Santa Ana, por solo mirar lo que ocurría con la protesta, los militares intentaron hacer ver que se trataba de un maleante muerto de un escopetazo. Incluso, Leticia dice que, en castigo, el capitán habría sido insultado y encuartelado por lo que pasó.

Cuando el cuerpo de Yito fue examinado por Medicatura Forense del Ministerio Público, le encontraron drogas en los bolsillos. ‘Eso me dijo el doctor Humberto Mass. Usted puede ir a preguntarle. Él me dijo que sin embargo sabía que mi hijo se veía que era buen muchacho’, recuerda. ‘Eso es lo que más dolor me da’.

Al muchacho le sacaron varios puñados de perdigones, unos 247 aproximadamente. Le destrozaron el estómago. La droga tenía el propósito intentar justificar la acción policial, así quizás a nadie le importaría, excepto a su madre.

Pero estas no serían las únicas acciones tenebrosas que sufriría la señora Leticia.

Pasado un tiempo, una mañana en la que visitaba con sus hijos la tumba de Yito en el cementerio ubicado en Pueblo Nuevo, se cansaron de buscar la cruz con el nombre del muchacho. Miraron y volvieron varias veces al lugar donde estaban seguros que lo habían sepultado. No encontraron nada con el nombre de Sixto Barrante Méndez.

En vista del misterio se decidió a preguntar a los encargados del camposanto y así se enteró de que los huesos habían sido tirados a la ‘basura’, algo así como una fosa en la que lanzan las bolsas negras con los restos de aquellos difuntos cuyos familiares dejan de pagar al municipio la ocupación de la tumba, en este caso el de Panamá.

‘Yo no debo nada’, les replicó. Sus pagos estaban al día. Leticia tuvo que ir nuevamente hasta una oficina en el Hospital Santo Tomás para aclarar el asunto y recuperar los restos. Fue con la ayuda del Suntracs (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares) que logró sepultar a Yito en el Jardín de Paz, ubicado en Juan Díaz.

Lo que no sabía la señora Leticia era que para aquellos días en que la dictadura controlaba el país con sus tácticas de represión e intimidación, la orden para los militares era vigilarla día y noche. Más allá de eso, se dice que los fotógrafos de la hoy extinta Editora Renovación, S.A. (ERSA), donde se editaban bajo control castrense los diarios Crítica, Matutino y La República, tenían como asignación tomarle fotos en cualquier lugar que la encontraran, igual que a otras figuras de la oposición al régimen.

Para entonces, ella movía cielo y tierra a bien de que se hiciera justicia, tomando en cuenta que las autoridades de la Fiscalía Tercera Superior y el Segundo Tribunal de Justicia archivaron el caso porque —supuestamente— no se podía responsabilizar a nadie de manera directa por el homicidio.

–Yo sentía que a donde iba, alguien me vigilaba, miraba atrás y a veces veía alguien que quitaba la cara como si no me viera. En mi casita en la 9 de Enero, yo veía que desde la torre –señala con el índice– siempre me observaban.

¿NUEVA ETAPA?

A finales de 1989, la invasión de Estados Unidos a Panamá traería días de nueva esperanza para los panameños, mas no tanto para Leticia Méndez, quien sin dinero, la foto de su hijo debajo del brazo y sin ningún apoyo, tocaba puertas judiciales y de cualquiera que pudiera ayudarla.

La dictadura militar era historia, solo que con una lista larga de víctimas y desaparecidos.

Alguien en el cielo o la tierra la escuchó. Se sumaron nuevos testimonios del crimen de su hijo y pruebas al expediente. Entonces se reabrió el caso en octubre de 1990.

Comenzando 1994 se reasignaron las investigaciones en el Ministerio Público y en marzo de ese año se abrió causa criminal contra Jorge Eliécer Bernal Guzmán.

El largo proceso –de quince años– acabó el 27 de abril de 2001 con la condena de Bernal a 20 años de prisión.

–Gracias al abogado Sidney Sitton, que después que una persona me lo recomendó aceptó enseguida ayudarme. No me cobró nada. Las copias de los tomos del expediente me las pagaron los del Suntracs que estuvieron siempre pendiente.

No obstante, allí no terminó el sufrimiento de Leti.

LA OTRA CARA

Tras casi once años de aquella condena –que no ha sido pagada aún–, doña Leti revela que antes y después del juicio ha vivido otro tipo de persecución distinta a la de los militares: persecución política.

Durante la administración del presidente Guillermo Endara había logrado conseguir un puesto público en la entonces Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (Digedecom), su primer trabajo formal y con el cual empezó a cotizar en el Seguro Social.

No era mucho, mas le servía para arreglárselas debido a que sus otros dos hijos ya tenían responsabilidades familiares propias.

Sin embargo, cuando entró el mandato presidencial de Ernesto Pérez Balladares, la destituyeron. A ella le dijeron que era porque le hacía daño al partido (PRD).

–Una vez me puse a averiguar por qué me botaron y una persona en Tesorería me dijo, sin saber, que en los documentos aparecía que yo lo que estaba era de licencia temporal. Y yo no recibía ni un cheque...

Al entrar la gestión de doña Mireya Moscoso –septiembre 1999/septiembre de 2004– la bondad volvió a tocarle el hombro. Fue restituida en el COIF (Centro de Orientación Infantil) del Ifarhu y al tiempo le dieron la permanencia. Durante este periodo fue que se hizo el juicio a Bernal.

Concluidas las elecciones de 2004 llegaron los días del ‘¡Sí se puede!’ del mandatario Martín Torrijos. La volvieron a sacar. Y la volvieron a restituir luego de largos meses.

Cuenta que una vecina le hizo saber que por la radio estaban mencionando su nombre, que la andaban buscando, el gobierno, porque no se presentaba a trabajar. Ella, por una coincidencia, llegó a las oficinas de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) y le hicieron el contacto con el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán.

–Ya me había olvidado de ese asunto. Me dijeron que fuera donde el ministro Alemán. Él llamó al director del Ifarhu: ‘¡Fulano! ¿Tú sabes a quién tengo aquí enfrente? ¿Qué fue lo que pasó con la señora Leticia?’, le gritó.

La voz al otro lado del teléfono daba excusas, era Belgis Castro. En ese momento Leticia Méndez entendió que era cierto lo de su restitución.

–La señora Leti no tiene ese puesto porque sea del partido, ella no está por política, sino porque el Estado le debe a ella. ¡Así que me la reintegran de inmediato! ¡Tú sabes que si ella habla nos vamos al carajo...! Alemán lo putió, usted sabe, con palabras así, y me nombraron, pero entonces me dieron fue un contrato.

En lo posterior, con el cambio ‘a los zapatos del pueblo’ de Ricardo Martinelli, otra vez la pausaron. Pasó al menos cinco meses sin trabajo hasta que corrigieron y la restituyeron.

DEUDA DEL ESTADO

Lo que ha vivido doña Leticia Méndez es simplemente resultado de la crueldad del sistema en el cual prevalece la injusticia.

‘A esta señora jamás el Estado la indemnizó por la muerte de su hijo’, sostiene el abogado Sidney Sitton. Si un jurado de conciencia encontró que un miembro de la Fuerzas de Defensa le arrancó la vida a Sixto Barrante, es suficiente para que el Estado tenga la responsabilidad de indemnizar a su madre.

Los convenios y tratados internacionales de derechos humanos obligan a los Estados a indemnizar a las víctimas de casos como éste. La Comisión de la Verdad así lo recomendó en su informe. Estos derechos no prescriben y el Estado debe asumir su responsabilidad con la madre, explica.

‘El mismo sistema ha sido cruel con esta señora. Nada le han dado, ni una disculpa, y no solo eso, tampoco le han dado cumplimiento a la condena de Bernal’, enfatiza.

Sentado en su oficina, con vista a la Calle 50 –donde precisamente a finales de los 80 los civilistas hicieron grandes manifestaciones contra Noriega–, el abogado acusador en el caso Barrante recuerda que durante la audiencia en 2001, muchos de los políticos se presentaban a dar declaraciones para figurar so pretexto de abogar por la justicia. ‘Y al llegar al poder, se olvidaron’.

El caso del homicidio de Yito es el que más orgullo le da. No solo por haber ganado el juicio, sino también por esas coincidencias de la vida.

En 1986, él y un grupo de amigos hacían frente a la dictadura arriesgando más que el pellejo. Buscaban la manera de filtrar información confidencial de lo interno de los cuarteles.

En la llamada que hiciera un supuesto legislador a Bernal, encuartelado en Tinajita tras el homicidio del trabajador, Sitton estaba al lado de quien hablaba por teléfono al capitán. Bernal mordió el anzuelo y confesó que se salió de control esa protesta.

Pero algún día se cierra el círculo.

–Donde quiera que esté Bernal hoy y lea esto, él va a saber que en efecto recibió esa llamada en el cuartel.

AÑO 2012...

A sus casi 68 años Leticia Méndez ya no aguanta los huesos por la osteoporosis y los dolores de cabeza. A pesar de ello tiene que salir a trabajar muy temprano para ganarse la vida con un sueldo de 325 dólares mensuales. Ahora es trabajadora manual en el Ifarhu de San Miguelito.

Barre, trapea pisos, asea baños, carga basura. Es lo de siempre. Aliviar la osteoporosis le cuesta 42 dólares, la medicina más barata. Ya no tiene derecho a una pensión o jubilación del Seguro Social. Por la dura situación se vio obligada a retirarse voluntariamente del sistema para conseguir dinero. Eso fue hace años, en una de esas veces que la botaron.

En la Caja de Seguro Social le han dicho que quizás la opción es incapacitarla. Ella está clara en que para qué, con su salario lo que recibiría es menos. Esa es su realidad. Nada alentador para una madre soltera que empezó a trabajar muy joven, planchando y lavando colmos de ropa ajena para mantener a sus tres hijos, incluido Sixto, el mayor, asesinado.

–Yo he ido a la Defensoría del Pueblo porque la defensora sufrió lo mismo que yo... A dónde no he ido. Hasta ahora nadie me ha recibido, pero yo creo que tampoco es que son los funcionarios altos, sino los que lo atienden a uno porque, por ejemplo, en el Despacho de la Primera Dama me dijeron que ella no está para atender estos casos... Yo lo que quiero es hablar con ella, de madre a madre para ver si me ayuda con el Presidente.

Doña Leti nos atendió un domingo en la casa donde ahora vive, en un sector llamado La Bloquera, cerca de Los Andes 2, en San Miguelito. Un escaparate de madera que soporta un viejo televisor gris, custodiado por los retratos de Yito y unos adornos solitarios, destacan en su pequeña sala. Nos dio puesto en uno de los sillones tipo danés:

–Yito era un joven que iba a empezar su vida. Las palabras que él me dice antes de irse para su trabajo: Leti, no te preocupes, que de ahora en adelante yo te voy a dar lo que tú te mereces, porque tú siempre has estado con nosotros, sola. A las 10 de la noche que me vengan a avisar que mi hijo estaba herido, fue un dolor …A Leti se le inundan sus ojos, aprieta sus labios–. Yo que lo crié con los dientes, con las uñas, para que le vengan a quitar sin un motivo.

Lo contó todo. Hasta la frase que no se le olvida en 26 años:

–No vas a trabajar más mama. ¡Basta ya! Te quedas en tu casa. Pero se me fue’.