‘La autoridad se ejerce con las armas’

PANAMÁ. El 10 de julio todo fue tensión en Cartí Tupile, comunidad de la comarca Guna Yala. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) desembarcó en mitad de la tarde, cuando los niños juegan y los adultos descansan, con alrededor de 15 hom bres del batallón Caribe, la Fiscalía de Drogas de Colón y la oficina de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo evidenciaron las páginas de los diarios, lo mostraron los vídeos de televisión. ‘Los habitantes se pusieron alerta’, decía La Prensa.

—¡Y claro!—, responde Blass Pérez, secretario del Congreso General Guna—. Si es una comunidad pacífica donde no existen las armas.

Los niños se asustaron. Intrusos uniformados habían irrumpido su territorio. Los adultos se enojaron: ‘El Senafront no es algo que esta comunidad de 800 habitantes estuviera esperando aquel atardecer’, dicen los caciques Inocencio Martínez y Eriberto González.

Llegaron para exigir un bote. Algo legal para los que demandaban. Algo inexplicable para un pueblo que se rige por leyes comarcales.

EL PROBLEMA DE LA LANCHA

Canal 2 filmó mientras Luis Trejos, subcomisionado del batallón Caribe y responsable de la seguridad en la zona, le exigía a los sáilas (líderes comunales) que entregaran un bote. Hablaba de una lancha que, según versiones oficiales, fue abandonada por narcotraficantes colombianos y el 29 de enero de 2011, hallaron en alta mar por comuneros gunas. Luego de varios meses de espera, el Personero Comarcal dio vía libre a las autoridades indígenas para hacer uso del transporte. La repararon, la pintaron. Calculan que gastaron 2 mil dólares.

‘Niwala-baguebad gus-nasye’, respondió uno de los sáilas. ‘Han pasado más de seis meses’, tradujo otro. Según el reglamento de la comarca, los bienes encontrados en el mar que no son reclamados después de este tiempo, pertenecen a la comunidad. Pero los reglamentos comarcales no están por encima de las leyes nacionales, explicó Trejos. La funcionaria de la fiscalía agregó: ‘Si no devuelven el bote serán objeto de un proceso penal por obstrucción de la justicia’.

La tensión aumentaba en la casa del Congreso. Para las autoridades estatales era un procedimiento de rutina, según lo que indica la Ley. Para los sáilas, algo estaba mal. Dos formas de gobierno, dos cosmovisiones en posiciones encontradas por un conflicto que aqueja a ambas partes. El detonante: un bote.

‘No se puede entregar la lancha si no lo ordena el Congreso’, concluyó uno de los sáilas. ‘No voy a entrar en choque con ustedes. Nosotros estamos para mantener la paz y el sosiego’, dijo Trejos antes de retirarse y advertir sobre la apertura de un expediente.

Los sáilas quedaron enojados. ‘Con la intromisión a la comunidad sin los debidos permisos, ya crearon el conflicto’, dice Blass López. Los comuneros estaban alborotados, gritaban a viva voz que la lancha era de ellos. No imaginaban el despliegue mediático que generaría exigir su derecho de autonomía territorial: ‘Las autoridades comarcales aparecen ahora como entorpecedoras en la lucha contra el narcotráfico y eso no es así’, dijo el administrador del Congreso, Fulgencio Johnson, mostrando las resoluciones emitidas por este estamento desde el 2005. ‘Crearon en la opinión pública la idea de que obstaculizamos procesos y el problema es otro’.

LA HISTORIA INVISIBLE

La organización comarcal Guna no es un secreto para Senafront ni para el Ministerio Público: los sáilas son los administradores locales de su terreno. Cada una de las 49 comunidades tiene alrededor de cinco sáilas. Pero cualquier movimiento debe estar autorizado por los caciques, representantes del Congreso General Guna y de toda la comarca. Es simple: los estamentos de Senafront coordinan con el Congreso y éste avisa a los sáilas.

—Se trata de la organización política de nuestro territorio. Es un derecho histórico—, dice Blass López.

Esta posibilidad ‘no fue regalada sino conquistada con la sangre de nuestros héroes en la Revolución Dule de 1925’, agregan los caciques. Y es constitucional. Solo en épocas de dictadura se pasó por alto, narran. Pero en esta ocasión ellos, que están reconocidos por los artículos 5 y 127 de la Constitución Nacional y son a quienes debe dirigirse toda petición, solicitud estatal y particular de acciones en el territorio, no se enteraron. Cuando supieron la noticia, fueron a Cartí. Allí, el 11 de julio, una maestra les contó: ‘Rodearon la comunidad en cuatro puntos, con pasamontañas y armas. Los niños gritaron y los sáilas salieron enojados, se fueron a la casa del Congreso y hubo discuciones’.

Los gunas conocen a Trejos, y aseguran que él conoce la organización y el procedimiento. Por lo tanto, ‘no tenía que intimidar a la comunidad, todo es más fácil si lo coordinamos’, dicen.

En otras ocasiones la estructura se respetó. Incluso hubo operativos conjuntos entre la policía de frontera y el Congreso Guna, como el caso de Tigre. Allí, representantes entregaron una lancha de 200 caballajes que era perseguida por un helicóptero Seahawks del ejército de Estados Unidos. Si estos eventos resultaron positivos, y ambas autoridades han dialogado las estrategias en la lucha contra el narcotráfico, los gunas se preguntan por qué esta vez pasaron encima violando su sus formas organizativas.

La respuesta parece vislumbrarse en las playas comarcales de Porvenir y Playón Chico, donde Senafront pretende construir una base naval. Por las repercuciones que puede traer para el turismo, el proyecto fue rechazado por el Congreso General Guna, pero Senafront insiste (ver recuadro).

LA OTRA CARA DEL RELATO

La negación de la entrega de la lancha en el operativo del 10 de julio, aquella tarde en que los niños jugaban y los adultos descansaban, no quedó solo en Cartí, publicada en la página Web del Congreso Guna. Esta semana la noticia se propagó en medios nacionales, con un único enfoque. Una y otra vez las autoridades comarcales escucharon la versión oficial de lo ocurrido, para ellos equivocada. Por eso decidieron viajar hasta Ciudad de Panamá y hacer una rueda de prensa para contar su historia.

—Hemos venido a denunciar que en sus declaraciones Senafront ha querido tergiversar nuestra posición frente al narcotráfico. Nuestras autoridades no están de acuerdo ni apoyan este flagelo—, decía Johnson el martes en la noche en el programa ‘Alternativa’, conducido por el abogado Miguel Antonio Bernal.

Ese mismo día, el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, declaró en TVN: ‘Ayudarles a conservar sus tradiciones no significa que no deban someterse a la autoridad nacional, y en este caso la autoridad se ejerce con las armas porque hay delitos graves, secuestros y muertes’.

Los gunas respondieron: ‘En nuestras comunidades no hay secuestros, tampoco hay muertes violentas’, indicó el abogado Héctor Huertas. Él habló de la sobredimensión mediática de este asunto, ‘que apunta a desprestigiar la organización comarcal’, y señaló el informe ‘Tendencias Globales 2015’, realizado por la CIA y publicado por The Washington Post, El País de España y La Jornada de México a inicios del milenio. Según este informe, América Latina debe frenar los movimientos indígenas de resistencia.

Para Bernal, las declaracio nes del Viceministro son desafortunadas y están peligrosamente relacionadas con ese informe: ‘Se trata de la visión colonialista que creó los actuales estados naciones, excluyendo a los pueblos indígenas, cuya idea es: les estamos permit iendo ser’. El Gobierno, continua Bernal, reafirma ese imaginario cuando resuelve problemas amparado en el monopolio de la fuerza y, ‘evidencia la intención de militarizar una población autónoma, haciéndole juego al proyecto colonizador gringo, que necesita sacar a los pueblos indígenas de sus territorios’.

Por eso Bernal concluye: ‘La militarización que empezó por el Darién se extiende por la comarca, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Y me preguntó, ¿dónde está toda la droga que incautan?’.

LA SOBERANÍA TERRITORIAL

El pueblo Guna ‘no está a favor del narcotráfico’, dicen sus autoridades. Pero sí exige que se respete su autonomía y se le tome en cuenta a la hora de intervenir su tierra, que es su casa. El artículo 30 de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas respalda su exigencia y señala que: ‘No deben desarrollarse actividades militares en estos territorios, a menos que se haya acordado libremente con las comunidades, o que éstas lo soliciten’. Por tanto, las decisiones que afectan a la población guna, ngäbe, embera, y demás etnias indígenas panameñas, deberían tomarse sólo después de que éstas hayan participado de su construcción.

Blass Pérez contó a La Estrella que solo hasta el pasado jueves 19, luego de la oleada informativa, pudieron comunicarse con Luis Trejos. El subcomisionado reiteró que no quería conflicto y el representante Guna le respondió que ‘ya había uno’: el de la violación a la soberanía territorial de los pueblos indígenas con la excusa del narcotráfico.

¿Cómo se maneja este problema? Es la gran incógnita. En todo caso, para los especialistas en Derechos Humanos no es con las armas, como afirmó el viceministro Tejeira, sino con el diálogo.

Mientras ese debate apenas se vislumbra, el abogado Atencio López evidencia: ‘Arbitrariedad en la incursión en Cartí’. Y explica que en este caso no había razón para un conflicto. ‘Un juez penal en Colón falló a favor de la comunidad. La lancha les pertenece desde diciembre de 2011’.

Mientras este bote permanece en la comarca, tres fueron entregados a Senafront, según dijo su director, Frank Abrego. La estrella intentó comunicarse para aclarar lo de las entregas, pero no obtuvo respuestas.