Ministerio Público revive saga de impunidad policial

PANAMÁ. Tal vez las cosas no podrían ir peor. En medio de la avalancha social por la saga de impunidad en la Policía Nacional, el Ministerio Público ha dado un mazazo. Duro. Clave: los asesinatos de los indígenas Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez quedarán sin culpable.

La solicitud la hizo la Fiscalía Primera Superior de Chiriquí al Tribunal Superior de Justicia. Se basa en que nunca pudo hallar a los culpables de las muertes, ocurridas en medio de las protestas antimineras en San Félix, en 2012, pese a que todos los testigos apuntan a policías.

Lo dijo un indígena en entrevista con Telemetro Reporta y lo aseguraron fuentes de la Fiscalía, bajo el paraguas de Ana Belfon, una exasistente del presidente Ricardo Martinelli. Pero, al final, el Estado decidió fallarle a la democracia. No se giraron órdenes contra los agentes ni se les formuló cargos.

El 30 de septiembre último, la Fiscalía Primera solicitó la exoneración provisional del caso Tugrí (baleado en el pecho) porque jamás pudo hallar cuál unidad baleó al joven.

LA REACCIÓN INDÍGENA

En la comarca ngäbe, la noticia ha caído como un balde de agua fría. La molestia por la estela de impunidad policial que desde el poder se gestaría se ha extendido desde la capital, con el caso San Carlos, hasta las montañas de Llano Tugrí, capital de Ngäbe Buglé.

Esteban Binns, asesor de la cacica Silvia Carrera, asegura que la dirigencia ngäbe se reunirá en los próximos días para evaluar el panorama. ‘Nosotros hemos ido por la vía diplomática con esto (es decir, por el Ministerio de Gobierno), pero mire lo que ha sucedido: impunidad’.

El ministro Jorge Ricardo Fábrega, agregó Binns, se comprometió a servirle de enlace para saber cómo es taba la investigación. Pero estaba empantanada en Chiriquí. Tanto, que cuando hubo respuesta, fue directamente la del sobreseimiento. ‘Yo no tengo injerencia’, le respondió el ministro a la dirigencia ngäbe.

Esto, insiste Ricardo Miranda, otro dirigente indígena, solo es el espejo de lo que ocurrirá en cada uno de los casos en los que hayan policías acusados de abuso de la fuerza. Es algo común: sólo en los últimos cuatro años, el presidente Martinelli ha exonerado de culpa a 120 agentes, denunció la Alianza Pro Justicia.

POSIBLE RUTA DEL INDULTO

‘No esperen nada distinto. Si es que no pasa nada en el proceso, el presidente los indultará’, dice Miranda al país sobre la causa San Carlos, en la que cuatro unidades secretas de la Policía Nacional (PN) están siendo acusadas de asesinato doloso de dos niños.

La ruta a la impunidad sería, según abogados, así: un mal procedimiento del director de la PN, Julio Moltó (separar a los agentes, cuando la Ley 74 se lo prohíbe) los llevaría a demandarlo. Faltas al debido proceso. Se cae la causa y nada pasa. (Lea: Los ngäbes piden el fin de la Ley 74) Pero ayer, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, insistió en que lo que hizo Moltó estuvo bien. Se unió a la versión de Fábrega y de José Raúl Mulino, el jefe del director policial. Martinelli no habla, y el silencio corroe lo que queda de la confianza en la entidad.