‘Ley de medios es una camisa de fuerza’: Colegio Nacional de Periodismo

Ayer, la presentación formal del diputado Octavio Villacreses, del partido de gobierno de Ecuador, ante el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), de una ley marco de comunicación social para aplicación en los 23 Estados miembros, causó un rotundo rechazo por parte de gremios periodísticos.

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el grupo que reúne a empresas, gremios y académicos, alertó sobre los peligros a la libertad de expresión y solicitó a los parlamentarios que ‘desechen lo antes posible este proyecto’.

‘Exportar la idea de un órgano supervisor de los medios del Ecuador al resto de Latinoamérica es nefasto’, indicó Eduardo Quirós, presidente del CNP.

En sus palabras, es un proyecto que buscar crear ‘una camisa de fuerza’ a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y la libertad de información.

Deploró que la ley impone obligaciones relacionadas en la forma como deben presentarse los contenidos y crea un órgano supervisor, que le da al Estado los mecanismos de control para monitorear, advertir y promover sobre contenidos de medios de comunicación. ‘Estamos ante una propuesta que busca encajonar a todos los países de América Latina a una legislación totalmente restrictiva’, acotó.

Fernán Molinos, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sostuvo que la propuesta de ley ‘demoniza’ y ‘sataniza’ a los medios.

‘El proyecto va en contravía de todo lo logrado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos’, dijo.

Juan Luis Correa, expresidente del CNP, adujo que la libertad de expresión no puede ser regulada ni fiscalizada. ‘Vigilar y regular son actividades totalmente ajenas al ejercicio de una prensa libre y en este proyecto se pretenden institucionalizar’, añadió.

El documento, de 18 artículos, ya está en manos de la Comisión de Asuntos Políticos, una de las 13 que conforman el Parlatino.

Villacreses, arquitecto de profesión, desea que la propuesta que rige en Ecuador desde junio del año pasado sea vinculante (aplicable a la región).

El proyecto le da competencia exclusiva al Estado de fiscalizar, supervisar y evaluar el ejercicio del derecho al libre acceso a la comunicación.