09 de Ago de 2022

Nacional

El Estado reconocería a 400 nuevas víctimas del ‘jarabe maldito’

La Asamblea intenta flexibilizar los parámetros para la certificación de afectados por el dietilenglicol

El Estado reconocería a 400 nuevas víctimas del ‘jarabe maldito’
La Asamblea intenta flexibilizar los parámetros para la certificación de afectados por el dietilenglicol.

Con la aprobación del anteproyecto de ley 93, el Estado reconocería a unas 400 víctimas olvidadas del dietilenglicol, conocido como ‘jarabe maldito’, dio a conocer el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida.

Una subcomisión presentó esta semana a la Comisión de Salud de la Asamblea un informe en el que se sugiere expulsar al Ministerio Público de la junta interinstitucional que determina quién es considerado como afectado por el envenenamiento masivo ocurrido en 2006 en la Caja del Seguro Social (CSS).

Gabriel Pascual, dirigente de la organización de pacientes y víctimas, considera ‘sana’ la separación de las tareas administrativas y judiciales de este caso.

El informe propone que sean solamente la CSS y los ministerios de Salud y Economía y Finanzas los que evalúen las solicitudes de pensiones y, en general, de inclusión en la lista de afectados por el dietilenglicol.

De acuerdo con las proyecciones de Pascual, la adición de las nuevas víctimas obligaría al Estado a desembolsar $2.8 millones anuales adicionales en pensiones.

El anteproyecto flexibilizaría los parámetros para identificar a los afectados por el envenenamiento.

‘Un sólo elemento será suficiente para ser considerado víctima: que a la persona le haya sido recetado el jarabe o que lo haya ingerido’, explicó Pascual.

Según el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Crispiano Adames, el objetivo de la propuesta es justamente ‘establecer criterios que permitan un rápido reconocimiento de las víctimas’, lo que no fue considerado en la Ley 10 de 2013, que estableció el subsidio.

El documento también establece la obligación del Centro de Toxicología de la CSS de suministrar a los afectados (y a los que estén esperando su certificación legal) fármacos fuera del cuadro básico.

El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida espera que la propuesta pase los tres debates antes de acabar este mes. ‘Esto ya ha sido consensuado’, insiste Pascual.