Asamblea analiza subsidio a víctimas de represión en 2010

La Asamblea Nacional estudia la aprobación de un subsidio permanente de hasta $800 para las personas afectadas por los actos represivos del gobierno durante las protestas indígenas contra la Ley Chorizo, en Changuinola, en julio de 2010.

El proyecto de ley 151 es el resultado de la fusión de dos iniciativas: una del diputado Benicio Robinson y otra presentada por el ministro de Trabajo, Luis Carles.

Robinson, quien impulsa la norma, asegura que las confrontaciones produjeron ocho muertes y 655 afectados y que el 10% de estos padece de algún tipo de problema.

Los números de Robinson son los únicos que han trascendido, ya que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se ha limitado a hablar de una cantidad ‘plural’ de afectados.

Salvo la condena a un indígena por el cierre de la vía, el Ministerio Público nunca culminó las investigaciones por esa intervención policial, que quebró la luna de miel del gobierno de Ricardo Martinelli y rasgó la entonces ‘alianza por el cambio’.

La ley chorizo, que el otrora gobierno llegó a sancionar, habría permitido, entre otras cosas, el despido de trabajadores durante protestas y la eliminación de la obligatoriedad del pago de las cuotas sindicales, lo que generó las protestas de los obreros de las bananeras en Changuinola.

El texto que reposa en la Asamblea establece que el subsidio será vitalicio y deberá ser revisado cada dos años. El 50% de la pensión irá a los huérfanos y el otro 50% a los viudos o, en su defecto, a los padres de los fallecidos. Del PAN, salían subsidios a los afectados.

El documento también obligaría a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Salud a proveer medicamentos, fuera del cuadro básico, a los afectados por la represión.