Propietarios de armas denuncian al Minseg por viciar informes

La Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA) interpondrá una denuncia administrativa o penal, esta semana, ante la Asociación Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), contra el jefe de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), Luis Zegarro, del Ministerio de Seguridad.

Lo señalan de una ‘evidente manipulación de las estadísticas oficiales de la Diasp'.

Los hechos, según la agrupación, se dan a partir de recientes declaraciones de Zegarro, quien afirmó que el 70% de las armas de fuego decomisadas involucradas en delitos son armas legalmente registradas.

Según los miembros de la APPA, estos datos ‘son falsos a partir de cifras manipuladas para mantener la veda de importación de armas legales y no hacerse cargo del aumento de la criminalidad en el país'.

‘Los ciudadanos que cumplimos con la ley nos vemos impedidos de comprar una herramienta para nuestra seguridad, mientras que los delincuentes portan y usan armas de todo calibre', denunció Raúl Molina, directivo de la APPA.

La veda de importación de armas a partir de 2010, dice Molina, ‘no ha impedido que aumente la criminalidad y es más fácil culpar a otro del problema antes que resolverlo'.

IMPORTACIÓN DE ARMAS

Rechazan que las armas sean responsables de la criminalidad.

Durante los últimos seis años no se ha sancionado ni procesado a ningún comerciante legal de armas, según la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA)

La APPA dice que la Diasp tiene el control de las armas, pero la criminalidad en el país siguen en aumento.

El 18 de agosto, APPA solicitó una reunión al Ministerio de Seguridad. La petición no fue atendida.

Molina hizo énfasis en que a pesar de la grave inconsistencia de sus estadísticas, ‘la Diasp las ha utilizado de manera irresponsable para culpar a los propietarios legales de armas de más de la mitad de los delitos cometidos en el país'.

Apoyados con las cifras de Jean Marcel Chéry, periodista especializado en seguridad pública, APPA cuestiona: ‘Si es verdad que siete de cada diez armas vinculadas con delitos eran legales, sus dueños debían estar identificados. Entonces, ¿cuántos de esos procesos terminaron en condena para sus propietarios? Y si fueron hurtadas o robadas, ¿se devolvieron a sus dueños?'.

CONTROLES LEGALES

Según explican Roberto Mangravita y Molina, el problema del ingreso de armas ilegales en Panamá siempre ha superado la compra legal. ‘Hace años venimos denunciando el ingreso de armas por la frontera de Costa Rica, área de Río Sereno, y parece que a nadie le importa. ¿De dónde salen las armas de guerra usadas por los jóvenes en pandillas, que son ilegales de cualquier forma en el país?', se cuestiona.

Mangravita explicó el proceso de compra de armas en Panamá que, señala, supera los de Estados Unidos.

El proceso se inicia cuando un importador se registra en el Ministerio de Seguridad y queda a la espera de la aprobación de la solicitud. Luego se lleva al país fabricante que, a través de sus ministerios de relaciones exteriores, autorizan o no al fabricante a vender esas armas al comerciante panameño.

Una vez se despacha el pedido, el producto entra a puerto panameño y directamente va al depósito custodiado por la Policía Nacional.

Es decir que, a diferencia de las normas estadounidenses, el comerciante nunca tiene el inventario en sus manos, siendo la Diasp, en nombre del Estado panameño, la que controla la solicitud, ingreso y despacho de armas en el territorio nacional.