$8.4 millones en compensación por daños al medio ambiente

El alcalde del distrito de Barú, Franklin Valdez Pitty, es responsable del delito de abuso de autoridad al otorgar el permiso o darle facultad al consorcio Transcaribe Traiding (TCT) y Meco, S.A. para ingresar a las tierras de Juan Sánchez Quintero y extraer 411,590 metros cúbicos (m³) de minerales no metálicos.

‘Se obtuvieron con el conocimiento del alcalde de que las tierras de Sánchez Quintero no estaban concesionadas y que se encontraban ubicadas en el distrito de Bugaba y no en Barú, por lo que escapaban de su competencia territorial (...) y los impuestos fueron cobrados ilegalmente', señala la foja 2183 y 2184 del expediente que se instruye en la Fiscalía Primera de Descarga contra el alcalde y el consorcio encargado originalmente de construir la carretera de Paso Canoas a Puerto Armuelles, por $114 millones.

La falta del alcalde se tipifica en el artículo 355 del Código Penal, que establece que ‘el servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana', según cita el oficio, con fecha del 1 de noviembre de 2016.

Valdez está llamado a rendir declaración indagatoria para aclarar los hechos y que aporte en su defensa todas las pruebas que tenga, sustenta la Fiscalía Primera de Descarga, a cargo de Raúl Sanjur.

La concesión contemplaba la obtención del caliche o grava requerido para la obra en un globo de terreno de 44.75 hectáreas, de lo que se extraerían 220,871 m³ de grava, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, que nunca se utilizó.

El consorcio TCT y Meco, S.A., que en 2012 se adjudicaron la construcción de la carretera fronteriza, no tenían concesión ni Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para extraer material pétreo en las ocho hectáreas de la finca privada propiedad de Sánchez Quintero, ubicada en Bugaba.

Así lo señala el peritaje practicado en abril del año pasado por el topógrafo Jorge E. Saldaña y el consultor ambiental Eberto Anguizola, que reposa en el expediente que se instruye contra ambas empresas en la Fiscalía Primera de Descarga

El consorcio está siendo procesado por delito contra el ambiente y ordenamiento territorial por incumplir con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para extraer minerales no metálicos para la construcción de la carretera desde Paso Canoas hasta Puerto Armuelles.

EL PROCESO PENAL

La Fiscalía de Descarga investiga un delito ambiental y abuso de autoridad

El despacho de instrucción ha imputado cargos al alcalde de Barú, Franklin Valdez.

También han sido llamados a rendir indagatoria los miembros de la junta directiva del consorcio.

En sus respuestas, los peritos aseguran que la extracción de materiales no metálicos causó daños al área del río Chiriquí que colinda con la propiedad de Sánchez Quintero.

‘El río ha sido cambiado en su eje original y dinámica original', añaden los peritos.

COMPENSACIÓN

‘La concesión otorgada -a las empresas- está ubicada en otra área (en Barú) y sobre ella no se extrajo material. (...) Está al sur del área afectada - Bugaba, donde se extrajo el material pétreo-', señalan los expertos.

Ambos especialistas añaden que no existe un valor monetario que compense la afectación de una escorrentía fluvial y la pérdida de un bosque de galería primaria.

Sin embargo, consideran que la compensación económica debe ser considerable para que no se vuelva a cometer el mismo delito. A juicio de Saldaña y Anguizola, el monto mínimo estimado de retribución debe ser de $8.4 millones.

La Estrella de Panamá intentó, sin éxito, contactar con el alcalde para conocer su versión sobre este tema, pero no respondió las llamadas al celular que se le hicieron.

LAS PRUEBAS

De acuerdo con la Fiscalía Primera de Descarga de Chiriquí, el hecho investigado se encuentra plenamente acreditado y cuenta con los elementos necesarios para recibirle declaración indagatoria a los miembros de la junta directiva de ambos consorcios, a saber: Roberto Hernández Medina, José Alfredo Sánchez Zumbado, Fabio Enrique Barona, Victoria Brenes Ruiz, David Marco Ochy Diez, Daniel Miguel Ochy Diez y Dina Ochy Diez, por aparecer vinculados como infractores de disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, y VI, Título VI, del Libro II del Código Penal.

En las fojas 2031 y 2032 del expediente, otro peritaje del Instituto de Medicina Legal realizado sobre los terrenos de Sánchez Quintero indica que existe un dique de contención construido de material pétreo (...) realizado por la mano del hombre que está originando una alteración en el cauce natural del río (Chiriquí Viejo).

El consorcio pagó $245,396 al Municipio de Barú para extraer minerales no metálicos en el río Chiriquí Viejo, en el distrito de Bugaba.

De Meco, S.A. fue imposible conseguir una respuesta, a pesar de haberse hecho varias llamadas a la encargada de Relaciones Públicas. Transcaribe Trading, por su parte, señaló que no ventilarían el tema en los medios de comunicación. ‘Este es un proceso legal', contestó uno de los abogados, que no se identificó.

La Estrella de Panamá solicitó al Ministerio de Ambiente conocer su versión sobre este caso. La institución indicó que dirigiría la consulta a la regional.